Eduardo Levy Yeyati: “La idea de que el Estado levantará la economía es errada; tras la pandemia, la recuperación será toda privada”

“Lo que tenemos ante nosotros es la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, privados de la única actividad que les queda. Imposible imaginar nada peor”. La frase de Hannah Arendt no alude a nuestros días, por supuesto, pero parece hecha a medida para esta época de pandemia, cuarentenas, parálisis productiva y empleos que se degradan al calor de la crisis.

De por sí, aquella frase es uno de uno de los epígrafes del libro Después del trabajo, que se publicó en 2018 y cuyo subtítulo es “El empleo argentino en la cuarta revolución industrial”. Su autor es Eduardo Levy Yeyati, economista, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor visitante de la Harvard Kennedy School of Government e investigador principal del Conicet. Un experto para el que era imposible predecir que la irrupción del COVID-19 sería más letal para el empleo que el impacto del progreso tecnológico en el mundo del trabajo que plantea su libro.

En la entrevista con Infobae, Levy Yeyati advirtió que “si insistimos con la cuarentena, el impacto sobre el empleo será mucho más profundo y persistente” y sostuvo que “los sindicatos tienen hoy un dilema complicado entre pedir lo que la economía no puede dar, a costa de menos empleo, o conceder una caída de salario real, a expensas de su propio poder político”. Además, afirmó: “La idea de que al final el Estado será el que levante la economía es profundamente errada: el Estado es el que hoy defiende el fuerte con diez balas. Tras la pandemia, la recuperación será toda privada”.

-La OIT estimó que en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 400 millones de empleos. ¿Qué futuro imagina para el trabajo después de la pandemia en el mundo?

-La situación diferirá por país. En países en desarrollo, la herencia será una caída pronunciada del empleo y un aumento de la precarización: más trabajo independiente y eventual. Esto en la Argentina no haría más que profundizar la tendencia pre-crisis, pero pone sobre el tapete problemas de larga data que la política decidió ignorar en los últimos años, como la regulación del cuentapropismo, la formación profesional o la educación para el trabajo. En cuanto a los aspectos más “glamorosos” como el teletrabajo, difícilmente se profundice sin una mejora de la conectividad y la formación digital, otras dos asignaturas pendientes que la pandemia nos recuerda.

-¿Por qué cree que la política decidió ignorar en los últimos años la regulación del cuentapropismo, la formación profesional y la educación para el trabajo?

-En el caso del trabajo independiente, en parte es porque la población que se beneficiaría son trabajadores no sindicalizados que carecen de representación, o su representación natural, como partido radical, se distrajo con una agenda ajena. La formación profesional, por su parte, es levantada por el mejor sindicalismo y merece una ley. Cambiemos presentó un buen proyecto, consensuado con sindicatos y empresarios, en 2018, pero cometió el error de querer usarlo como prenda de cambio en el marco de una ley de reforma laboral, y se postergó hasta naufragar con la crisis. Es el tema más importante de toda la reforma laboral, pero es poco glamoroso, como casi todo lo esencial. Formación hay mucha, algunas muy buenas y la mayoría, muy malas, y exige una coordinación tripartita donde empresarios, sindicatos y Estado cada uno pone algo. Este tipo de cooperación de suma positiva, que es esencial para cualquier proyecto de desarrollo, en la Argentina es particularmente difícil. Eso explica mucho de nuestro subdesarrollo. En cuanto a la educación laboral, suele tener mucha resistencia en la comunidad educativa por razones que se me escapan. El año pasado, con un equipo del CEPE-Di Tella, diseñamos una orientación laboral para el nuevo secundario de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que al menos eso prospere.

-¿Hay algún parámetro local para comparar esta crisis económica, social y laboral que atravesamos? ¿Estamos como en el 2001?

-No, esta crisis es mucho más compleja porque es un parate autoinfligido como respuesta a un shock de duración incierta. No hay remedios conocidos y se avanza a prueba y error. La mayoría de los países entendieron que la inmunidad tardará en llegar, probablemente otros 18 meses, y están aprendiendo a vivir con el virus, usando una táctica de distanciamiento intermitente basado en testeo, trazabilidad y aislamiento localizado, lo que está reparando el daño al mercado laboral. En nuestro caso, si insistimos con la cuarentena, el impacto sobre el empleo será mucho más profundo y persistente.

-Usted realizó un estudio con el investigador Luca Sartorio sobre el aislamiento argentino y concluyeron que el endurecimiento sostenido del aislamiento no es viable. ¿Por qué?

-Porque es difícil decretar la realidad. No se le puede pedir a una familia que no tiene agua potable ni zona húmeda en la casa que se quede en la casa. Tampoco que la mitad de la fuerza laboral, que no es empleado público o cobra del ATP, que viva con los 10.000 pesos del IFE. Esas familias difícilmente cumplan con las restricciones, y a medida que pasa el tiempo cumplir se les vuelve más difícil. Por otro lado, no creo que la policía o los intendentes tengan la intención o la capacidad de reprimir el incumplimiento. Esto hace que la distancia entre los anuncios y cumplimiento sea cada vez mayor. Pero también implica que se desenfatice la necesidad de trabajar en el distanciamiento, o que se posterguen otros esfuerzos. En ese sentido, la polarización política de la cuarentena puede ser contraproducente.

-¿A qué se refiere exactamente cuando habla de polarización política?

-La respuesta a la pandemia se ha vuelto un debate político entre un gobierno que salva vidas y una oposición que prioriza la economía, un falso dilema que se enrarece aun más con la retórica proselitista de si nos fue mejor o peor que tal o cual país, cuando en el resto del mundo la estrategia está virando hacia una solución intermedia sostenible en el mediano plazo que requiere un mínimo de consenso político. Creo que sería bueno desandar ese camino y pensar qué vamos a hacer en los próximos 18 años ahora que la solución de la cuarentena parece agotada por la fatiga.

-¿Qué aspectos debería tomar en cuenta el Gobierno para afrontar los desafíos y problemas que vienen en materia económica y laboral?

-Me parece que el Gobierno planifica mes a mes como si esto no fuera a durar un año y medio: el presupuesto de la pandemia debería contemplar medidas y gastos hasta fin de 2021, en un contexto de recursos muy limitados. La cuarentena eleva la necesidad de gasto y reduce los ingresos fiscales, y la capacidad para monetizar el déficit resultante ya está agotada. Y sin recursos fiscales no tiene sentido práctico pedirle a la gente que no salga a trabajar. Por eso la flexibilización de la movilidad laboral es lo único que hace viable tanto la ecuación fiscal como una estrategia ordenada de contención de la pandemia. Invertiría lo dicho por Ginés González García: toleraría una mayor restricción a los runners si esto fuera el precio de una menor restricción a los trabajadores. Esa flexibilización requiere menos atención a los retenes y más a la ingeniería de transporte público, de turnos laborales y, desde luego, de testeo, rastreo y aislamiento localizado. En fin, lo que parecería ser el patrón en los países que mejor están manejando esta crisis.

-El Estado extiende cada vez más su ayuda en la crisis, pero ¿cuál debería ser el papel para que ese auxilio se oriente a soluciones que excedan la emergencia?

-De hecho, por limitaciones presupuestarias, la ayuda es cada vez menor. En cuarentena, no hay mucho más que esto: consumirse el stock de recursos mientras vemos cómo el producto implosiona, un camino insostenible. Flexibilizando, la estrategia puede virar hacia la recuperación, acompañando el crecimiento de la demanda, que no es sólo la de consumo, y la mayor utilización de la capacidad productiva. Y, en última instancia, potenciando la inversión privada, el único motor frente a un Estado económicamente exhausto. Lamentablemente, la señales del Gobierno van en sentido contrario, alimentando el riesgo de confiscación vía expropiaciones o impuestazos. Es una de las dos confusiones principales en la raíz de la política argentina: entre stocks y flujos. El ingreso es un flujo, se produce continuamente, la redistribución es de ingresos. En cambio, la distribución del stock de riqueza sólo se puede hacer una vez. Una vez distribuido y consumido, ese stock deja de generar flujos y al día siguiente ya no hay nada que distribuir. La Argentina vive distribuyendo sus stocks, por eso no debemos sorprendernos que hace 50 años que el ingreso per cápita no crece.

-¿El Gobierno subestima el impacto económico de la cuarentena? Acaba de crear un comité de asesores en bioética, que se suma al comité de epidemiólogos, pero hasta ahora no tiene ninguno que lo asesore en temas socioeconómicos y laborales.

-No lo sé, no hablo con ellos. El discurso del Presidente, el que dice que la vidas no se recuperan y la economía sí, contiene a mi juicio dos falacias. La primera, más obvia, es que la pobreza mata, no sólo reduce el bienestar sino que mata: no hace falta citar estadísticas para sostener que la mortalidad infantil sube o que la esperanza de vida baja con la pobreza. La segunda falacia es menos obvia: la economía no se recupera. Una crisis profunda tiene efectos persistentes en el trabajo, la producción y el ingreso, y estos efectos suelen ser muy regresivos, aun a pesar de la ayuda estatal, por la dualidad entre protegidos y precarizados de nuestra sociedad. Pero creo que en este debate entran también consideraciones políticas: las muertes por COVID que no se producen son del Presidente; la crisis económica es de Macri, o del mundo, es decir, de otro. Esto hace que la Argentina termine teniendo menos muertes que las esperadas y más crisis que la necesaria.

-¿Cómo ve la actitud del empresariado en esta crisis?

-El empresariado es un grupo muy heterogéneo. Los veo con perfil bajo, midiendo sus palabras, pero los intuyo doblemente preocupados: por los efectos aparentes de la crisis sobre la actividad y por la sensación de que el creciente desequilibrio fiscal de hoy son mayores impuestos al stock a futuro. Más allá de consideraciones morales, la idea de que al final el Estado será el que levante la economía es profundamente errada: el Estado es el que hoy defiende el fuerte con diez balas. Tras la pandemia, la recuperación será toda privada. Si el mensaje del Gobierno es que hay que repartir el stock, la respuesta natural será minimizar los stocks en el país, lo que se traduce en una caída mayor de la inversión y la actividad. Creo que no ver esto es un garrafal error de diagnóstico.

-¿Y la actitud de los sindicalistas?

-Los veo expectantes, dándole tiempo al Gobierno, conscientes de que este tsunami los afecta directamente. Si seguimos como hasta ahora, la caída del empleo contenida a palo y zanahoria (prohibición y ATP más suspensiones) se materializará vía cierre de empresas; de hecho, ya se ve una reducción de empleo mediante arreglos consensuados. Y las suspensiones son en alguna medida despidos latentes. Como decía al comienzo, el sector asalariado de convenio, que ya venía en descenso, no se recuperará tras la pandemia. Por otro lado, hay negociaciones salariales pendientes que tarde o temprano deberán activarse. Los sindicatos tienen hoy un dilema complicado entre pedir lo que la economía no puede dar, a costa de menos empleo, o conceder una caída de salario real, a expensas de su propio poder político. Esto sin contar con que las tendencias recientes ponen en jaque el concepto de sindicato por rama detrás de un modelo laboral dual que se vuelve cada vez más desigual.

-Un ex sindicalista como Facundo Moyano propuso debatir cambios en la legislación laboral, impositiva y previsional para resolver el problema del 40% de trabajo no registrado. ¿Sería determinante o es sólo un aspecto del problema argentino?

-Es importante, pero vale la pena no caer en los lugares comunes: la mayor parte de esa informalidad no por una cuestión de costo salarial. Nuestro sistema productivo no crea suficientes empleos y esta crisis destruirá muchos. Además, hay un problema de formación: esos trabajadores informales no son asalariados, muchos son eventuales, autoempleados, mujeres y hombres sin habitualidad laboral. Hay, también, cuestiones culturales o de prejuicios: sabemos que a quienes viven en una villa les cuesta conseguir empleo, independientemente de sus calificaciones. En todo caso, las chances de que formalicemos una parte importante de esa población sólo revisando la legislación existente es bajísima. Si queremos resolver esto, tenemos que pensar en formación profesional, en educación laboral y en un régimen de trabajo independiente o eventual más estable y protegido, al que convergiría la mayor parte de esa población.

-¿Cómo jugará el avance tecnológico en el empleo cuando salgamos de la emergencia sanitaria?

-Es difícil pensar en eso en el medio de la tormenta porque ese avance depende del salario real y de la inversión, ambas bajo presión en la Argentina. Sumemos a esto que las empresas intensivas en tecnología son livianas y de mayor elasticidad al riesgo de confiscación que mencionaba antes, con lo que es posible que muchas reduzcan operaciones en el país. Sumando todo esto, más que una sustitución de tecnología por trabajo, lo que es probable que pase es que la demanda de trabajo calificado caiga en relación al mundo y a nuestros vecinos, y queden acá los trabajos de menor productividad y salario. Algo de esto se veía en las últimas décadas. Nuevamente, en nuestro caso la crisis aceleraría las tendencias negativas.

-Vuelvo al teletrabajo: además de que, según usted, falta mejorar la conectividad y la formación digital, ¿ayuda o perjudica una regulación como la que avanza en el Congreso?

-La ley del teletrabajo tiene esencialmente dos problemas. El primero es que es redundante. Ya la Superintendencia de Riesgos de Trabajo prevé la regulación en relación a la seguridad e higiene, y el ius variandi de la Ley de Contrato de Trabajo es suficiente para garantizar la reversibilidad (la opción del trabajador de volver a la oficina). El segundo problema es que regula mal. La reversibilidad cuando el teletrabajo se acuerda al inicio de la relación laboral simplemente mata al teletrabajo como opción de arranque. Pensemos que el empleado puede cambiar de idea y exigir oficina al día siguiente. Además, cae en un error común en relación a la brecha salarial de género, que hace tiempo que sabemos que depende en gran medida del cuidado en la maternidad: si la mujer tiene la opción de pedir tiempo para cuidados, esto sólo reducirá aún más la remuneración de las mujeres, y no creo que esa haya sido la intención de la ley. Puede parece paradójico, pero cuantos más derechos les damos a las trabajadoras, incluso si son opcionales, más se abre la brecha salarial. Si bien no resuelve el problema, para equiparar le habría al menos dado esa opción exclusivamente al padre, en el estilo de la licencia por paternidad noruega. No digo que el teletrabajo sea perfecto, sólo que me parece que antes que una ley, valía la pena hacer un esfuerzo por difundir todos los derechos que el teletrabajador ya tiene, pero ignora que tiene o le da temor exigir.

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