Veterano de Malvinas, bilardista y de bajo perfil: quién es el nuevo juez de la causa del espionaje ilegal

Juan Pablo Augé es hoy el juez más mirado del país, algo que va en contra de su bajo perfil. Se hizo cargo de la causa por el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y que tiene como una de las víctimas a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Son dos de los nombres más importantes de la política sobre el escritorio del juez que no buscó el caso.

Augé es desde abril de 2008 juez federal de Lomas de Zamora pero no para las causas penales. Es el titular del Juzgado Federal, Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, su especialidad desde que ingresó al Poder Judicial. Pero subroga el juez federal 2 de Lomas, donde está ahora la causa del espionaje después del apartamiento de Federico Villena, el magistrado que la tenía.

En Lomas de Zamora hay tres juzgados federales. Dos penales y uno civil. Cuando alguno está vacante -como es el caso del 2- lo subrogan los otros jueces. Así a Augé le tocó ese tribunal.

Tiene 58 años, fanático del club Estudiantes de La Plata -donde nació y vive- y “bilardista como buen pincharrata”, lo describe alguien que lo conoce, Augé es cultor del bajo perfil y viene de una familia de abogados conocida en la ciudad. A tal punto que su padre Juan Pedro y su hermano Pedro Martín fueron presidentes del Colegio de Abogados de La Plata.

Augé vivió un hecho central en su vida antes de ser juez: estuvo en la guerra en Malvinas. Cuando se inició la guerra, en abril de 1982, estaba haciendo el servicio militar y fue destinado a las islas.

Tres fuentes lo describieron ante Infobae como un buen juez y respetado entre sus colegas. Hizo la carrera en la justicia federal de La Plata y fue 20 años secretario en un juzgado federal civil de esa ciudad antes de asumir como juez en Lomas de Zamora.

Si bien su especialidad es el derecho civil, lo penal no le es ajeno. Por las vacantes en los juzgados penales de Lomas de Zamora los ocupó varios veces, por lo que conoce el tema. También participó de varios concursos para ocupar juzgados federales que tienen la competencia penal. Inclusive buscó ser juez de la Cámara Federal de La Plata.

“Se debe querer matar”, dijo un colega de Augé con quien habla seguido ante la noticia de que era el nuevo juez de la causa de espionaje ilegal. “Le tocó una causa política y ese no es su perfil”, agregó.

Sin embargo, Augé ya tiene una causa por espionaje ilegal. Investiga lo que ocurrió en 2018 en el Instituto Patria, creado por Cristina Kirchner cuando dejó la presidencia de la Nación, donde había una guardia de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En ese expediente detuvo hace dos semanas a Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI durante el gobierno de Macri.

En esa causa puede haber una pista de cómo tramitará el nuevo expediente. La investigación del Instituto Patria la delegó en la fiscal Cecilia Incardona, por lo que es muy probable que ocurra lo mismo con la del espionaje ilegal. Pero Augé, como juez, deberá resolver detenciones, allanamientos, citaciones a indagatoria y procesamientos.

“No es lo que buscó pero no le va a escapar”, grafica un colega.

Un juzgado en disputa

“Picante”, así definen quiénes conocen el trabajo de la justicia federal en Lomas de Zamora. Esa jurisdicción trabaja con lo que ocurre en la cárcel y el aeropuerto de Ezeiza y el crimen organizado en una zona álgida del conurbano. Por eso los juzgados federales de Lomas tienen un especial interés.

El juzgado 1 está a cargo de Villena -fue trasladado allí porque en rigor ganó el concurso para el juzgado federal de Moreno- y el 2 vacante y a cargo de Augé.

Como está vacante, el juzgado 2 fue a concurso para designar a su titular. Pero el cargo quedó bajo una disputa política. El concurso lo ganó Juan Tomás Rodríguez Ponte, de carrera en los tribunales de Comodoro Py, y en noviembre de 2018 el entonces presidente Macri mandó su nombre al Senado para que lo aprueben como juez de Lomas de Zamora.

Pero en febrero pasado el nuevo gobierno retiró del Senado los pliegos de todo los candidatos a jueces, una práctica común de toda administración que llega. Sobre Rodríguez Ponte pesa una fuerte objeción del kirchnerismo. Es el director de la oficina de escuchas judiciales, una de las áreas del macrismo más criticada por Cristina Kirchner y sus allegados como el lugar de donde se filtraron conversaciones judiciales de ella y otro funcionarios de su Gobierno que estuvieron detenidos.

El gobierno de Alberto Fernández debe enviar al Senado los nombres de los candidatos para los juzgados vacantes y son muy pocos -por no decir ninguno- los que creen que en la lista estará el nombre de Rodríguez Ponte. Por la pandemia la actividad legislativa está restringida y en estos tres meses de aislamiento el Senado no trató ningún tema judicial. Con el cambio de juzgado de la causa de espionaje la vacante en el tribunal 2 de Lomas puede tener otro interés para apurar a un magistrado titular.