Espionaje ilegal: Susana Martinengo podría conseguir la domiciliaria por el coronavirus y hay expectativa por el segundo día de indagatorias

Susana Martinengo, la ex funcionaria de Cambiemos que coordinaba un área de Documentación Presidencial de Mauricio Macri y se reunía con espías en la Casa Rosada, enfrentará hoy al juez Federico Villena, que mandó detenerla acusada de ser parte de una asociación ilícita que violó la ley de inteligencia con el fin de “influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país”, además de “en la vida interna de los partidos políticos” y “la opinión pública”. Aunque le negaron la excarcelación, por lo menos recibió una buena noticia: según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la fiscal Cecilia Incardona dictaminó en favor de otorgarle la prisión domiciliaria porque tiene 64 años y es paciente de riesgo ante un eventual contagio de coronarivus.

Anoche, otra de las detenidas, María Mercedes Funes Silva, consiguió la prisión domiciliaria. La mujer, de 40 años, tiene una hija menor con problemas de autismo y se decidió enviarla a su casa detenida, con pulsera electrónica, en base a las nuevas pautas establecidas en noviembre pasado para limitar las prisiones preventivas. Es una de las agentes que ahora también esperaban para declarar. Ya había hablando en la comisión bicameral disparando hacia arriba. Otra de las imputadas, Belén Sáez, nunca llegó a ir a una dependencia policial porque tiene un bebé de tres meses. Es posible que otras mujeres de la causa, que también tienen hijos menores, consigan la detención domiciliaria en las próximas horas, añadieron las fuentes.

De las 22 órdenes de detención, el único que falta presentarse es Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana, la esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli. Su defensa había avisado que se presentaría, pero los periodistas que hacían guardia en Lomas de Zamora no habían detectado su presencia. Los otros dos buscados ya están a disposición del juzgado: sin margen para poder estar en libertad, fueron a entregarse a los tribunales y serán indagados en una nueva tanda.

Detenida desde el martes, Martinengo está incomunicada en una dependencia de la Policía Federal a donde fueron llevados los arrestados a la espera de sus indagatorias. Llegó al juzgado minutos después de las 15:30. Según adelantaron a Infobae las fuentes consultadas, Martinengo negará las acusaciones y buscará minimizar el voltaje de los indicios en su contra. Le achacan haber tenido contactos con espías del grupo SuperMarioBross, y recibir informes de inteligencia y habérselos entregado al secretario privado de Macri, Darío Nieto.

La situación de Nieto, en tanto, está en la mira del juzgado: mientras el ex funcionario dio distintas entrevistas diciendo que lo involucraban a él para atacar a Macri y que ponía las manos en el fuego por el ex presidente, el juez Villena decidió rechazar su pedido de eximición de prisión por haber tenido una “actitud evasiva” durante el allanamiento que se hizo en su casa el jueves. Su defensa apeló la decisión a la Cámara Federal de La Plata. Pero además reclamó la nulidad del allanamiento y el secuestro de su celular.

Según surge de la documentación del juzgado, el jueves pasado, cuando la policía fue a buscarlo, el joven se encerró en el auto, manipuló el teléfono y dio alerta a sus familiares y conocidos de que habían llegado en un operativo a su casa. Todo sucedió frente a policías y el obrar, dijo el juez, pudo haber ayudado a la destrucción de evidencia. Nieto, en declaraciones a la prensa, negó haberse atrincherado y haber borrado mensajes.

Si borró o no sus mensajes, como había trascendido, es una información que no fue confirmada en fuentes judiciales. Lo que sí precisaron a Infobae los investigadores es que todo el material ya está siendo peritado y que, de haber algún intento de borrado de ese material, personal especializado puede recuperarlo. Sobre eso estaban trabajando por estas horas y confían en que los resultados de esos análisis estén en poder del juzgado en breve.

El turno de las indagatorias

Ademas de Martinengo, este jueves fueron llegando al juzgado el ex jefe de Contrainteligencia Diego Luis Dalmau Pereyra y los espías Jorge “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Federico Matta y María Mercedes Funes Silva. Todos ellos habían sido convocados por la comisión bicameral de fiscalización y organismos de inteligencia y habían dado detalles, confirmando las operaciones que realizaban. La mayoría apuntó contra Alan Ruiz, el director de Operaciones Especiales que ya está detenido en la causa por el espionaje al Instituto Patria. Pero también dispararon por elevación a los directivos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Alan Ruiz estaba citado a declarar para el próximo lunes, pero su defensor pidió adelantarla. Lo esperan este viernes, a las 9:30.

Habrá que ver si alguno busca probar suerte convirtiéndose en arrepentido. Para aplicar esa figura, tiene que aportar información verificable que el juzgado aún no tenga y apuntar hacia arriba. Como mostró la causa de los cuadernos, aun si un detenido logra llegar a un acuerdo como imputado-colaborador con la fiscalía, será después el juez el que deba convalidarlo.

La causa por el espionaje ilegal se abrió en marzo pasado a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez y destapó una red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a unas 50 víctimas. Desde la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal –quien ya se constituyó como querellante aunque no haya podido ver las pruebas hasta que se reponga del coronavirus– hasta los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, y los intendentes o ex intendentes Pablo Bruera, Jorge Ferraresi, Martín Insaurralde y Fernando Espinoza.

A la lista se sumaron también la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la titular del INADI Victoria Donda y distintas organizaciones sociales, como la de la comunidad mapuche o la que encabeza Juan Grabois. También figura Salvatore Pica, ex novio de Florencia Macri, hermana del ex presidente. La lista de involucrados incluye también a jueces. El único nombre oficializado hasta ahora es el del camarista Martín Irurzun –ya convocado como víctima–, pero hay un legajo que incluye a más magistrados, entre ellos al menos un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hasta ahora no fueron invitados a convertirse en querellantes.

Otra parte de la investigación apunta a saber si también se espiaba a presos. En la cárcel de Melchor Romero y en Ezeiza se encontraron cableados, cámaras y micrófonos que están siendo peritados. Ya fueron convocados como víctimas Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Gerardo Ferreyra, entre otros.

El martes, en medio de planteos de recusación de algunas defensas sin resolver, Villena sacudió el tablero de la causa: libró 22 órdenes de detención con fines de indagatoria para Martinengo y los espías o integrantes del grupo SuperMarioBross. Ese mismo día fueron atrapados 17 de esos imputados. Otros dos –Guillermo Matta y Jonathan Leiva– fueron apresados durante el miércoles.

Pero quedaron sin arrestar el chef Martín Terra, el ex marido de la empresaria Analía Maiorana, que ocupaba un cargo en la AFI desde 2016; y Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad. Durante las últimas horas sus defensas intentaron una eximición de prisión, pero no tuvieron éxito. Lasaigues llegó cerca de las 13 al juzgado, con un bolso preparado, y sin tener contacto con la prensa. Se aguardaba por la anunciada presentación de Terra.

El que también se entregó fue Javier Bustos, un agentes de AFI que registraba ingresos a la Casa Rosada. Como se especulaba con que iba a convertirse en el primer prófugo porque nadie sabía de él, el ex agente apareció en el juzgado con su abogado diciendo que lo habían ido a buscar a una dirección vieja. “Para evitar mayores inconvenientes que venga conmigo al juzgado, cosa que hizo hace cinco minutos, se presentó, se entregó, entregó su celular. Se está formalizando su detención por intermedio de la Policía Federal y después el juez va a determinar si lo indaga hoy o en otra oportunidad, explicó ante los periodistas el abogado Ramón Arigos.

Durante el miércoles, en medio de un fuerte operativo de seguridad y demoras en la llegada de los detenidos por los nuevos controles por la cuarentena restrictiva, el juez Villena comenzó la ronda de indagatorias. Los primeros convocados fueron una tanda de nueve acusados, que a la medianoche seguían declarando. Se trata de las segundas líneas de la AFI, porque la expectativa está puesta en los que declaren este jueves.

La ronda de indagatorias se abrió con Belén Sáez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Jorge Guillermo Ochoa, Gustavo Marcelo Ciccarelli, Andrés Patricio Rodríguez y Juan Carlos Rodríguez.

Belén Sáez, la hija de “Turco” Sáez, fue la primera en llegar al juzgado. En su descargo, habló de maltrato laboral sobre todo por parte de Alan Ruiz –preso por la causa del Instituto Patria y citado a declarar el próximo lunes–. En tanto, el policía Cicarelli afirmó que era amigo del Turco Sáez y que éste le ofreció trabajo en la AFI, pero que nunca llegó a hacer tareas de espionaje.

En medio de las declaraciones, uno de los acusados quedó desafectado de su trabajo. Así lo informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, al anunciar el pase a disponibilidad de Andrés Patricio Rodríguez, ligado a las cámaras que se habrían llevado a la cárcel de Melchor Romero. Según precisó el SPB, Rodríguez, penitenciario desde 2001, había sido trasladado en la gestión Cambiemos a la Dirección de Inteligencia de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del entonces Ministerio de Justicia de la provincia. Desde el 13 de julio de 2018 hasta el 24 de noviembre de 2019 cumplió funciones en la AFI. Al regreso de la AFI, en noviembre de 2019, fue destinado a la Dirección de Trabajo Penitenciario, donde cumplía funciones hasta que fue arrestado.

Según pudo reconstruir Infobae de las indagatorias de este miércoles, a todos se les leyó una imputación genérica: “Formar parte de una organización con inserción en el Estado nacional, provincial y local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia”. El juez les dijo que “esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de videofilmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales, acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas y colocándolas en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras”.

Y añadió: “Todo ello tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo, por sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción”.

La mayoría de los que desfilaron el miércoles por el juzgado optó por declarar –algunos sin contestar preguntas–. Hubo un denominador común en sus exposiciones para sostener que hacían el trabajo que les encomendaban y que no sabían que no eran tareas judicializadas. Algunos señalaron que, según les decían, los trabajos los pedía “la 8”, en alusión a Majdalani.

Pero todos los que desfilaron este miércoles por el juzgado de Villena reclamaron las excarcelaciones por entender que no hay riesgos procesales. Los detenidos seguirán alojados por ahora en dependencias de Investigaciones o Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Es que no se dispuso el traslado a una cárcel federal por los riesgos del coronavirus.

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