En la previa a la realización de la reunión de jefes de bloques en la Cámara de Diputados para renovar la vigencia del reglamento-protocolo de funcionamiento de las sesiones remotas, desde el Senado se giró el polémico proyecto de ley de creación de una comisión investigadora sobre los créditos que el Banco Nación otorgó a la agroexportadora Vicentin.
Para esta tarde a las 18 está previsto el encuentro vía zoom de las autoridades y de los representantes de todas las fuerzas políticas. Tras una reunión que tuvo lugar el martes, los legisladores de Juntos por el Cambio informaron que harían una contrapropuesta para evitar “sorpresas”. La idea de la principal bancada opositora es consensuar iniciativas para evitar conflictividad en las sesiones remotas.
“El Presidente de la Cámara quiere mostrar el Congreso en funcionamiento y nosotros lo queremos acompañar, pero no queremos que entren temas por la ventana y a los ponchazos”, advirtió una importante fuente que aún no había recibido la notificación sobre el giro de la cuestionada media sanción.
El miércoles de la semana pasada, el Frente de Todos votó a favor del proyecto de ley redactado por el neuquino Oscar Parrilli que establece la creación de una comisión bicameral investigadora de los créditos oficiales entregados a la empresa Vicentin. El autor apuntó en su discurso a la posibilidad de una “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de la posible comisión de delitos como “operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”. El resultado fue 41 votos a favor y 29 en contra. Dos tercios son 48 votos.
Además de la validez de la media sanción, Juntos por el Cambio cuestionó que sólo se sometieran a consideración proyectos de autoría del ex secretario general, que la Bicameral tenga facultades para realizar allanamientos y que sólo se busque investigar los últimos cuatro años, es decir los de la gestión de Mauricio Macri, y no los créditos que otorgó el kirchnerismo durante el gobierno justamente de CFK.
En esa sesión los senadores de Juntos por el Cambio reclamaron en todos sus discursos que se requieren dos tercios y no mayoría simple para que pueda considerarse aprobada la comisión. En el Frente de Todos coincidieron, aunque dijeron que ese requisito se aplica en los proyectos de resolución y no en los proyectos de ley.
La oposición citó el artículo 88 del reglamento del Senado que establece que “para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara”. Tras la votación, la principal fuerza de la oposición denunció “el atropello del kirchnerismo” y “el fracaso” de las sesiones virtuales. El presidente del interbloque, Luis Naidenoff, quiso dejar asentado el cuestionamiento después de la votación pero ya Cristina Fernández de Kirchner había cerrado el debate.
En la misma línea se expresaron varios constitucionalistas. El doctor en derecho Andrés Gil Domínguez explicó que “el Reglamento de la Cámara de Senadores exige para la creación de una Comisión Investigadora una mayoría agravada de los 2/3 de la totalidad de los miembros de dicha Cámara”. Guido Risso, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la UBA, aseguró que “el mecanismo de creación de las comisiones está previsto en los reglamentos parlamentarios” y concluyó que la Constitución “no regula la creación y el funcionamiento de las comisiones parlamentarias” mientras que Félix Lonigro consideró que “el Congreso tiene facultades para crear comisiones investigadoras, es una potestad que no está expresamente contemplada en la Constitución pero se la considera válida en función de los llamados poderes implícitos que tiene el Congreso que surgen del artículo 75 inciso 32. Ahora, como no está definido eso en la Constitución en forma expresa es el reglamento de cada cámara lo que define esto. En el caso del Senado se establece el quórum de 2/3″.
Del otro lado, el Frente de Todos citó antecedentes como la Bicameral de Investigación del hundimiento del ARA San Juan que también fue creada por ley. En ese caso no se discutió qué mayoría se requería ya que había consenso y la ley salió por más de los dos tercios de los votos. Años atrás el radical Gerardo Morales y Miguel Pichetto protagonizaron una discusión similar sobre la validez de la votación de una comisión para investigar al HSBC. Esa vez Pichetto fundamentó a favor de la mayoría simple.
Además, oficialismo y oposición están enfrentados en el Senado porque a fines de abril los senadores de todas las bancadas acodaron su apoyo a un reglamento de funcionamiento remoto que establecía explícitamente que las únicas iniciativas a tratar serían aquellas vinculadas al coronavirus. La oposición pidió esa condición para evitar discusiones como el impuesto a la riqueza u otras iniciativas que hicieran necesario un debate presencial, con más tiempo y más profundo.
“Queremos ratificar que el Senado acaba de darle media sanción a un proyecto que no reunía los 2/3 necesarios para la creación de una Bicameral de Investigación como lo establecen los arts. 87 y 88 del reglamento de la cámara, no permitiendo dejar constancia de eso tras el apagón de micrófonos de los Senadores. De este modo, quedaron expuestas las falencias y fragilidad del sistema utilizado”, señaló el interbloque de Juntos por el Cambio a través de un comunicado la semana pasada.
Según supo Infobae, en Diputados la Bicameral sería tratada por tres comisiones: Peticiones, Poderes y Reglamento; Legislación General y Presupuesto.
“Creíamos que no había intenciones incluso dentro del oficialismo de avanzar”, se sorprendió otro diputado al ser consultado mientras le confirmaban que su hisopado de coronavirus había dado negativo y antes de ingresar a un zoom de su interbloque para analizar en qué términos y bajo qué condiciones aceptarían renovar el protocolo. No aceptarían con esta Bicameral ni con otros proyectos que no sean los anticipados por Massa el martes: una moratoria para monotributistas y pymes y la ampliación presupuestaria que enviaría el presidente Alberto Fernández justamente para no hacer uso del DNU 457 que generó tanto malestar en la oposición al establecer ‘superpoderes’ a favor de la lapicera del jefe de gabinete.
En el bloque de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez pidió investigar los créditos a la cerealera pero propuso un nuevo trámite legislativo y la redacción de un nuevo proyecto de ley que salga por consenso en lugar del que redactó Parrilli.