Primero se dijo que iba a empezar el 24 de junio y luego el 1 de julio, pero nunca se superaron las fallas técnicas. El reinicio del juicio por “la ruta del dinero K” deberá esperar al menos una semana más. El Tribunal Oral Federal 4 postergó hoy, por segunda vez, la primera audiencia luego del receso obligado por la pandemia, pudo saber Infobae en fuentes judiciales. Al mismo tiempo, le reclamó al Consejo de la Magistratura una solución tecnológica para poder retomar el juicio.
El viernes pasado, el TOF 4 le había mandado un oficio al Consejo de la Magistratura reclamando que “se arbitren los medios necesarios tendientes a que, a la brevedad, se brinde una solución técnica y/o alternativa para cubrir las necesidades del Tribunal para la reanudación del juicio oral y público de forma remota”. También pidió si había alguna posibilidad de gestionar “un canal de difusión pública de las eventuales audiencias a realizarse”. Pero nunca llegó la respuesta.
Por ese motivo, este martes el TOF decidió insistir con el reclamo por escrito y postergó la primera audiencia para el miércoles 8 de julio.
Las idas y vueltas ya llevan casi un mes. El 10 de junio, el TOF 4 había decidido reanudar el juicio a partir del 24, mediante el sistema de videoconferencia, argumentando que el proceso contra Lázaro Báez y sus hijos “se encuentra entre aquellas causas a las que corresponde darle prioridad en el progreso de las diversas etapas procesales, máxime el avanzado estado en que se encuentra y a efectos de evitar que el transcurso del tiempo se traduzca en una situación de denegación de justicia”.
En el primer simulacro técnico hubo todo tipo de fallas: varios de los abogados defensores y hasta los propios jueces tuvieron inconvenientes con el sonido.
El miércoles pasado se hizo otra prueba. En ese caso se dividió a los participantes en dos salas virtuales para mejorar la transmisión. En una de las salas estaban los jueces del TOF 4, el fiscal Abel Córdoba y los abogados de la Oficina Anticorrupción (OA), que deberían terminar su alegato en la próxima audiencia. En esa sala no hubo mayores problemas. Pero las fallas aparecieron en la sala donde estuvieron los abogados defensores.
Hasta los abogados que en un comienzo querían retomar el juicio de cualquier manera luego de esa prueba coincidieron que no estaban dadas las condiciones.
La defensa de Báez, a cargo de Juan Martín Villanueva, presentó un reclamo escrito ante el tribunal y pidió que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal intervenga a través de un veedor.
El empresario fue uno de los que más se opuso al sistema de videoconferencia desde el comienzo del proceso. Su defensa ya había argumentado que el sistema remoto dificulta la defensa de los imputados. Otros abogados defensores también se quejaron. De hecho, el propio fiscal nunca estuvo muy convencido del sistema a distancia y prefería un sistema mixto.
El juicio, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares, se había suspendido el 11 de marzo con la primera parte del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA), que todavía debe pedir las penas.
Los otros dos organismos que representan al Estado fueron muy duros contra Báez y también contra sus hijos. De hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP ya pidieron penas para todos los acusados.