22 detenciones en la causa de espionaje ilegal: arrestaron a una ex funcionaria de Cambiemos y espías

La ex funcionaria macrista Susana Martinengo y otras 21 personas, la mayoría espías, fueron detenidas esta mañana por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena que investiga una causa por presunto el espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Los 22 acusados serán indagados mañana y están acusados de los delitos de espionaje ilegal y asociación ilícita.

Además de Martinengo –que estaba a cargo de la coordinación del área Documentación Presidencial en la Casa Rosada–, la lista de detención incluye a Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, María Belén Sáez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, el penitenciario Andrés Rodríguez y el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli.

El juez también ordenó la detención de Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de Contrainteligencia durante los primeros años de Macri; y de Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana –esposa de Diego Santilli– que entró a la AFI en la gestión de Gustavo Arribas. Santilli es uno de los espiados en este expediente.

La lista de detenciones se completa con los agentes Jonathan Nievas, Javier Bustos y Mariano Ignacio Flores, que reportaron en la Policía de la Ciudad y trabajaban en la AFI. El juez también ordenó arrestar a Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad; y a Juan Carlos Rodríguez, que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Su vinculación estaría dada por los informes comerciales y patrimoniales que conseguía la banda.

Alan Ruiz, ex director de Operaciones Especiales de la AFI y antes funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, en tanto, ya estaba preso en otra causa. El total de detenciones suma 22 personas, de las cuales 18 integraban el grupo de Whatsapp “Súper Mario Bross”. Según la investigación judicial, en ese grupo los espías compartían los dossiers, las fotografías, las filmaciones y todo lo que obtenían de su espionaje ilegal. El grupo fue creado por Ruiz el 26 de octubre de 2018 y originalmente se llamaba “Luigi”. El 14 de noviembre del mismo año cambió el nombre a “Súper Mario Bross”. Mario y Luigi son los hermanos de un famoso videojuego de la década del 80.

El juez Villena investiga desde marzo pasado una presunta red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián de Sousa, entre otros. Hoy se conocieron 21 nuevas víctimas en la causa.

El magistrado, a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, allanó a distintos ex agentes de la AFI y en sus celulares encontró los grupos de Whatsapp “Súper Mario Bross” y “Argentina”, que integraban tres agentes y en el que también compartían lo que obtenían en el espionaje.

A Martinengo el juez la había allanado a fines de mayo. Le había secuestrado su teléfono celular. El jueves pasado, Villena allanó la casa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Su nombre aparecía mencionado en mensajes de Martinengo, Araque y Sáez. Su defensa pidió también la exención de prisión, pero la fiscal Cecilia Incardona, como en todos los casos, se opuso. El material secuestrado en la casa del secretario de Macri –celulares, computadoras, documentos– aún no fue analizado, precisaron a Infobae las fuentes consultadas.

Las razones de Villena para ordenar las detenciones

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez afirmó que las detenciones se disponen para proceder a la indagatoria y frente a los peligros de fuga o entorpecimiento. En el escrito, el juez repasa las instancias de comienzo de la causa: la revelación del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, las diligencias para establecer si Melo era un agente de la AFI como el detenido decía, las órdenes de allanamiento y los secuestros de celulares, claves para avanzar en la causa.

"De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado 'Super Mario Bross', cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan, se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país", afirmó.

Tras remarcar “las múltiples medidas instructorias” que se hicieron en la causa, el juez afirmó: “Entiendo que el avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha respecto de los nombrados” para llamarlos a indagatoria. “En razón de ello, a fin de asegurar la comparecencia de los nombrados a los estrados de este Tribunal, habré de ordenar sus inmediatas detenciones”.

“Cabe destacar que la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado Nacional, Provincial y Local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”, sostuvo. Y añadió: “Debe tenerse en consideración que, en virtud de la labor que ejercían los imputados, es dable sostener fundadamente que dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a la convocatoria a prestar declaración indagatoria”.

Villena afirmó: “Los profusos elementos de prueba que se encuentran siendo analizados por este Tribunal permiten inferir que los nombrados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aún no individualizados, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa”. Y subrayó que “los investigados disponen de recursos que podrían generar un riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros”, lo cual –dijo el juez– “impone al suscripto elevar el umbral de riesgo en el caso, por cuanto la profundización de la pesquisa ha permitido la construcción de un panorama más acabado, el cual impide descartar, por las razones expuestas, que los investigados no intentarán eludir el accionar de la justicia”.

Las detenciones se dan en un momento especial del expediente con definiciones abiertas sobre la continuidad de Villena en la causa y del expediente en Lomas de Zamora. Ambas podrían darse en el corto plazo. El juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias tiene que resolver un pedido de las defensas de los espías Araque, Melo y Sáez de recusación contra Villena. La semana pasada hubo una audiencia en la que el camarista escuchó los argumentos y ahora debe resolver.

Y por otra parte, desde los tribunales de Comodoro Py le pidieron a Villena que se desprenda de la causa y la envíe allí. Lo hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán. Entendió que la causa de espionaje ilegal debía tramitar en conjunto con otro expediente en el que se investiga el atentado a José Luis Vila, ex funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación, del que se busca determinar si participaron algunos de los mismos agentes del espionaje.

La situación de los imputados

Araque y Melo eran los únicos que no habían conseguido la eximición de prisión, por lo que sus detenciones podían concretarse de un momento a otro. Sus defensas aguardaban suerte en la Cámara Federal de La Plata para revocar esa decisión. El resto de los espías que se habían presentado en la causa había conseguido esa eximición, aunque estaba apelada por la fiscal esa garantía de no detención durante el proceso.

El operativo lo realizó esta mañana personal de la división Operaciones Federales de la Policía Federal. Según fuentes judiciales, se trabajó durante toda la madrugada para concretar el procedimiento. Los detenidos fueron llevados a la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en la avenida Belgrano, a la espera de ser llevados al juzgado.

Justamente, Sáez, que había pedido protección y temía por su seguridad, ayer había denunciado la presencia de un auto sospechoso circulando varias veces por el frente de su casa, sacándole fotos. Temió que iba a ser víctima de un ataque. Nunca creyó que se estaba planificando su detención porque tenía una eximición, admitieron a Infobae fuentes de su entorno.

Araque también vio un auto circulando por los alrededores de su casa. A los observadores judiciales les llamó la atención que Melo no fuera a dormir al departamento donde vive habitualmente. Por estas horas lo buscaban en otro departamento. Su defensa, a cargo de Fernando Sicilia, en tanto, desmintió rumores de una posible fuga y afirmó que su cliente se dirigió al juzgado por sus propios medios.

Varios de los detenidos habían desfilado por la comisión bicameral de Seguimiento y fiscalización de organismos de inteligencia para contar qué operaciones habían hecho, aunque siempre justificados en que cumplieron órdenes.

Ruiz ya está detenido pero por otra causa paralela que se investiga en Lomas de Zamora: la del espionaje ilegal en el Instituto Patria y la casa de Cristina Kirchner, una denuncia que presentó la AFI de Cristina Caamaño. En esa investigación estaba preso por pedido de la fiscal Incardona y orden del juez Juan Pablo Auge. El abogado Leandro Emsani había apelado la excarcelación, al tratar la detención de “arbitraria”, con fundamentos “equivocados y alejados de los elementos probatorios”. Ahora, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI también quedó arrestado en esta investigación.

Una curiosidad: en la causa del Instituto Patria varios de los espías que fueron detenidos hoy podrían ser los que declararon como testigos de identidad reservada contra Ruiz. La defensa de ese ex alto agente de la AFI había criticado que fueran testigos “ni más ni menos que los agentes en actividad que participaron de los hechos investigados” y sostenido que al menos deberían haber declarado como “imputados arrepentidos”.

Tras esta ola de detenciones, que sorprendió a los acusados, varios defensores confirmaron a Infobae que presentarán en las próximas horas pedidos de excarcelación y/o prisión domiciliaria. Se quejan porque entienden que podían permanecer en libertad mientras durara la investigación. Aseguran que no tienen antecedentes y los delitos que se les atribuyen tienen mínimas de tres años de prisión y por lo tanto son excarcelables. Subrayan además que la mayoría dejó de estar en funciones en la AFI.

La estrategia defensista apuntará a cuestionar que, antes de disponer arrestos, no se habrían analizado todas las otras medidas alternativas que entraron en vigencia en noviembre del 2019, cuando la comisión bicameral puso un límite a las prisiones preventivas. Otro de los argumentos que pondrán en juego las defensas es el escenario de coronavirus: en un contexto de fuerte propagación de la pandemia, los defensores preparaban planteos advirtiendo del peligro de llevar a sus clientes a prisión, algunos de los cuales –afirman– se encuadrarían en los llamados grupos de riesgo.

Nuevas víctimas

En tanto, hoy se conocieron, según supo Infobae de fuentes judiciales, nuevas víctimas del espionaje ilegal Son 21 personas, entre dirigentes peronistas y de movimientos sociales y empresarios. También fue el Movimiento Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Polo Obrero.

Entre las nuevas víctimas están la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, el ex intendente de Moreno Walter Festa; el ex intendente de Ramallo y actual funcionario nacional Mauro Poletti; la titular del INADI, Victoria Donda; los diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Carlos Castagnetto. También el ex diputado nacional Diego Bossio y el presidente de la agrupación Kolina, Gastón Castagnetto. Y los empresario Lázaro Báez y Cristonal López, los dos detenidos (López ya no lo está) y sus espionajes están vinculados a la cárcel de Ezeiza ya que una parte de la investigación judicial se centra allí.

El juez Villena ya citó a todos para que vayan al juzgado a conocer la prueba y decidir si se presentan como parte querellante. En el capítulo de víctimas de los movimientos sociales están Juan Grabois, Esteban Castro, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Juan Marino, Movimiento Tendencia Piquetera Revolucionaria. También el gremialista de la UCORA Heraldo Cayuqueo.

Por último están como víctimas Matías Arregger, jefe de asesores de la diputada nacional Graciela Camaño (a quién también espiaron junto a su esposo el sindicalista Luis Barrionuevo con fotos a su casa) el abogado Mauricio D’Alessandro, uno de lo más conocidos del país.