El oficialismo posterga el proyecto de impuesto a la riqueza y no descarta aceptar modificaciones

El jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, decidió nuevamente postergar la presentación del aporte extraordinario a la riqueza hasta mediados de julio. Incluso transmitió a las personas más allegadas que está dispuesto a incorporar modificaciones al llamado “impuesto a las grandes fortunas” para que la votación no resulte forzada y la iniciativa tenga consenso. Ya hubo varios cambios respecto a la idea original que apuntaba a financiar insumos para mitigar los efectos del coronavirus y que redactó y defendió Carlos Heller, diputado del Frente de Todos y presidente de la comisión de Presupuesto. El destino final de los entre 3500 y 4000 millones de dólares que se espera recaudar serían algunas reformas estructurales y apoyo a sectores que ayuden a reactivar la economía en la salida de la pandemia.

Kirchner hijo, que viene conversando con algunos empresarios y con referentes políticos de distintos partidos, no quiere repetir el yerro que fue la presentación de la expropiación de Vicentin. La oposición aprovechó políticamente la situación y se reabrió la grieta.

En ese sentido el jefe del bloque de diputados oficialistas pidió desideologizar el proyecto de ley, evitar apelar al espíritu de Robin Hood que quitaba a los ricos para repartir entre los pobres. “No es la idea”, aseguran en su entorno quienes buscan que el diputado construya una imagen tendiendo puentes hacia el empresariado que necesariamente tendrá un rol importante, y necesario, para recomponer la crítica situación en que quedará subsumida la Argentina.

La extensión del aislamiento, la vuelta a Fase 1 en Capital y Conurbano y hasta la confirmación del primer caso de un diputado, Julio Sahad, que estuvo contagiado en una sesión, ayudarían al oficialismo a ganar tiempo para seguir conversando mientras que titular de Diputados, Sergio Massa, avanza por los carriles del consenso que habilita la oposición.

El aporte planificado sería por única vez y alcanzaría a 11.000 personas que hayan declarado tener bienes por más de 200 millones de pesos. Representan el 0.24% de los argentinos que pagarían entre un 2% y un 3,5% de alícuota por única vez. El relato épico apuntará a pedir ayuda a los empresarios y no presentar el aporte como una idea coercitiva.

Jefatura de Gabinete ya reasignó partidas para áreas sociales y en los próximos días el Presidente enviará un proyecto de ley para definir otra reasignación. No quiere volver a usar los superpoderes que a través del DNU 457 otorgó a Santiago Cafiero. También Alberto Fernández decidió que no hay margen para más discusiones en medio de una cuarentena que en la zona del AMBA se vuelve a profundizar.

En los planes de Máximo Kirchner, que recorrió durante estos últimos cien días varios municipios y unos cuantos barrios populares, es que esos fondos tengan asignaciones específicas. Ya no cree que sea necesario financiar la compra de insumos como barbijos o camisolines sino apuntar a problemas estructurales que la pandemia dejó en evidencia.

Lo primero, dicen cerca suyo, es urbanizar barrios populares. Dan como ejemplo dos realidades distintas: las condiciones de vida en Villa Azul del lado de Avellaneda, con un plan de viviendas, y la precariedad del lado de Quilmes donde hubo más contagios.

En segundo lugar el COVID-19 reveló la crisis del sistema sanitario y las desigualdades en todo el país. El texto de la ley incluiría como una asignación específica la compra de aparatos de alta complejidad para distribuir en hospitales de las 24 provincias.

Finalmente una parte de esas partidas podría destinarse al financiamiento de Pymes y a proyectos que tengan como objetivo potenciar la industria hidrocarburífera.

¿Aceptarían modificaciones?, consultó Infobae. “El objetivo es que el aporte extraordinario salga con el mayor consenso posible”, respondieron en el kirchnerismo que apunta a la búsqueda de votos en las bancadas habitualmente aliadas pero que insistirá con sumar apoyos en Juntos por el Cambio. Incluso hay quienes ven que esa tarea es “complicada” aunque “no imposible.

En la principal oposición, gran parte de los diputados ya se expresaron en contra de discutir un proyecto como éste en el marco de las sesiones remotas. El kirchnerimo cree difícil que se cambie pronto este sistema, especialmente después de que se confirmó que un diputado que participó en forma presencial de la última sesión se contagió y podría haber contagiado a otras personas en el recinto y en el Congreso. Lo dijeron tanto Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, que es uno de los seis diputados que tuvieron que someterse a un hisopado y deberá aislarse durante los próximos días. Por ahora ningún opositor fue consultado ni sondeado para saber cómo ven este nuevo esquema en la agenda parlamentaria.

Para esta tarde a las 17 Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, convocó a una reunión vía teleconferencia a todos los jefes de bloques. Buscará consenso para renovar el protocolo de funcionamiento remoto por otros 30 días y hasta podría proponer reducir aún más el número de diputados presentes. La oposición quiere poner condiciones, la primera es evitar temas conflictivos y la segunda es que lo mismo se haga en el Senado.

Nadie se anima a garantizar que haya sesiones antes del 17 de julio. Ni si después de esa fecha podrían retomarse las sesiones presenciales. Parece difícil.

De todos modos antes de que arranque el debate por el aporte extraordinario, Massa tiene un plan, buscará avanzar con una batería de proyectos consensuados, incluso algunos de la oposición más dura.

En la lista figuran créditos a tasa cero y eximición de impuestos para el turismo, hotelería y gastronomía, propuesta impulsada por el ministro Matías Lammens y los diputados nacionales Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio) y Gustavo Fernández Patri (Frente de Todos). También hay en discusión varios proyectos para una Ley de alquileres de comercio que buscará la suspensión de desalojos y congelamiento de costo.

Los otros dos temas serían la moratoria para monotributistas, autónomos y Pymes y un proyecto de Emiliano Yacobitti, de UCR-Evolución para eximir del pago de servicios públicos vencidos a las pequeñas y medianas empresas que atraviesan hoy una difícil situación.

Además se espera el envío al Congreso de un proyecto del Presidente para la ampliación del Presupuesto para no hacer uso de los llamados superpoderes del DNU 457. Serían partidas destinadas al pago de ATP, IFE, refuerzo al Pami y un aumento de transferencias sociales.

Si todo eso avanza, el impuesto K recién se discutiría en comisiones después del 20 de julio y en el recinto no antes de agosto. Eso si no vuelve a dilatarse su presentación. Si finalmente llega a Mesa de Entradas, la esperanza del kirchnerismo es que llegue para aliviar la postpandemia.