El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este martes las declaraciones indagatorias de un grupo de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Los citados a declarar son el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y quien estuvo al frente de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
Las indagatorias se ordenaron en el marco del expediente en el que se investigan maniobras fraudulentas entre Abertis –una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo– y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, en el Acceso Oeste y la autopista Panamericana. Andrés Alfonso Barberis Martín fue quien firmó en junio de 2018 las renegociaciones de los contratos en nombre de las compañías a cargo de la concesión de ambas autopistas. El juez Canicoba Corral dispuso también la indagatoria de Barberis Martín y de Ricardo José Stoddart, quien estuvo al frente del área de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.
Los contratos de renegociaciones de las concesiones por ambos corredores viales fueron firmados por el ex ministro Dietrich después de haberse iniciado un expediente en la Dirección Nacional de Vialidad. En un escrito en el que llamó a indagatoria, Canicoba Corral señaló que en el caso se investiga “las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron...“ en la negociación de ambos contratos.
Las indagatorias todavía no tienen fecha porque hay que coordinar las videoconferencias a raíz de la pandemia del coronavirus y el aislamiento dispuesto por el Ejecutivo, indicaron a Infobae fuentes judiciales. El juez, no obstante, les prohibió en la misma resolución la salida del país.
La causa se inició por una presentación de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, quienes denunciaron que la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que se exigía una cifra millonaria en dólares por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino.
En el caso de Autopistas del Sol, el gobierno anterior negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de USD 499 millones en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.
De acuerdo a los denunciantes, las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Macri había admitido su relación con la firma española –cuya cara visible es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez– al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por su vice, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar “un conflicto de intereses”
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