El 7 de junio pasado, un llamado al 911 alertó sobre dos sospechosos ingresando a un taller mecánico en el barrio de Parque Chacabuco. Cuando llegó al lugar, la Policía de la Ciudad se encontró con una escena inesperada: cinco personas de nacionalidad peruana, dos policías de la Bonaerense, dos civiles (uno armado) y casi 6 kilos de cocaína. Los efectivos argumentaron que estaban investigando un caso de narcotráfico y mostraron una orden judicial, que luego se comprobó era falsa. Los policías terminaron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tráfico de drogas. El caso tiene un condimento inesperado. Uno de los policías fue custodio del juzgado federal de Lomas de Zamora y estuvo involucrado en la investigación que terminó con la detención de Sergio Rodríguez, alias “Verdura”, el narco que desencadenó con sus dichos la trama de espionaje ilegal contra políticos, jueces, gremialistas y periodistas.
José Rubén Mújica es uno de los dos policías “narcos”. Su legajo muestra que arrancó en la Caballería de Tres de Febrero. En 2015 pasó a la División Servicios de Custodias de Lomas de Zamora. Trabajó como custodio del ex juez Alberto Santamarina y luego de Federico Villena, que heredó ese juzgado. “Se fue hace un tiempo porque él mismo lo pidió”, dijeron allegados al magistrado.
Desde la DDI de Lomas, en el área de Drogas, el entonces oficial principal Mujica participó activamente de la investigación del caso “Verdura”, el narco que se escurría con demasiada facilidad de la Policía. El 13 de noviembre de 2019, Mujica declaró como testigo en ese expediente ante un secretario del juez Villena. Relató que habían hecho tareas de inteligencia sobre una casa ubicada en Mariano Moreno 1329, en el partido de Esteban Echeverría, donde habría visto ingresar a una persona con similares características físicas al narco. “Habría bajado con bolsos oscuros, mirando de manera expectante hacia todos lados”, dice la declaración de Mujica, a la que tuvo acceso Infobae, y que también lleva la firma del comisario Alfredo Rodriguez.
Una semana antes, el 6 de noviembre, Mujica se había topado con “Verdura” en la localidad de Monte Grande, pero el narco logró escaparse. Sin embargo, ese día fue detenida una mujer identificada como Mayra Anabel Kudrez. La declaración del policía sobre aquel día también integra el expediente judicial.
“Verdura” logró esquivar a la Policía durante meses y recién fue detenido el 21 de febrero. En su camioneta tenía una patente falsa y luces como si fuera policía. Además llevaba una Uzi y dos pistolas calibre 40. La organización que lideraba actuaba, según los cálculos de la Justicia, con la complicidad policial en la zona de Esteban Echeverría y Almirante Brown. Se estima que vendían tres kilos de cocaína por día repartidos en más de 10 puntos de venta.
Con sus dichos, el narco terminó desencadenado el escándalo de espionaje que tiene en vilo a todo el arco político. “Verdura” dijo haber tomado contacto con un agente de la AFI, el abogado Facundo Melo, quien le pidió que llevara una bomba a la casa de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri. Villena comenzó a investigar a Melo y terminó descubriendo la red de espionaje.
Por decisión de la Cámara Federal, el atentado fallido contra Vila finalmente quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán, quien insiste para que toda la causa de espionaje se investigue en Comodoro Py. La puja es muy fuerte dentro y fuera de Comodoro Py. El enfrentamiento alcanza a varios estamentos de la justicia federal. “Hay mucha gente nerviosa por el seguimiento a los presos K en las cárceles”, razona un hombre de la Justicia.
En mayo de este año, el policía Mújica pasó formalmente a la DDI de La Matanza. Un mes después, terminaría detenido en un taller mecánico de Parque Chacabuco con casi 6 kilos de cocaína. En el lugar también fue detenida una persona de civil que estaba armada y sería una suerte de informante. “Esa persona llevaba documentación de la causa Verdura en una mochila”, reveló a Infobae una fuente judicial. Otro elemento muy extraño.
Mújica y el otro policía detenido, de apellido Luna, dijeron que estaban investigando una banda de narcos y que tenían una orden del juez federal de Morón Néstor Barral. Cuando fue consultado, ese magistrado dijo que la orden estaba vencida y que era para unas tareas en la zona de Villa Adelina.
La investigación por el caso de Mújica está a cargo del juez Sebastián Casanello, que en los próximos días debería resolver su situación procesal. Los policías siguen detenidos. El miércoles pasado, la Sala I de la Cámara Federal rechazó un pedido de excarcelación de su defensa.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentan riesgos procesales para rechazar su libertad. En cambio, Mariano Llorens destacó la gravedad del hecho. “Debe ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada -que en el caso, según la calificación provisoria efectuada por el a quo, prevé una pena mínima de 4 años y un máximo de 15 de prisión-, las cualidades particulares de la persona sometida al proceso y por último, la evaluación de riesgos procesales”, dijo en su voto en minoría.
El caso es seguido de cerca por diferentes actores judiciales y podría tener repercusiones dentro de la Bonaerense. Varios jueces federales de la provincia ya pidieron la cabeza del jefe de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, superior directo de los policías detenidos.
Seguí leyendo: