La industria del software advirtió que una regulación excesiva puede afectar la expansión del teletrabajo

La industria del software es una de las que prendió sus luces amarillas ante el proyecto para regular el teletrabajo que aprobó la Cámara de Diputados y deberá tratar el Senado. Es un sector que anualmente demanda entre 5.000 y 10.000 nuevos puestos de trabajo y cuyo crecimiento podría complicarse con la norma sancionada. Así lo estimó el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, que en diálogo con Infobae advirtió: “No queremos una ley que genere una situación mas rígida y termine ocasionando peores resultados”.

El titular de la CESSI fue uno de directivos empresariales que planteó sus objeciones al proyecto en una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, aunque las observaciones no se vieron reflejadas en el dictamen que finalmente se aprobó en el recinto.

“Queremos evitar que una modalidad que hoy ya existe en nuestra industria, que es trabajar a distancia, no se pueda ofrecer desde las empresas por una regulación excesiva”, dijo Candelo.

-¿A qué se refiere exactamente con regulación excesiva?

-Lo que plantea el proyecto con el artículo 8 (que establece el derecho a la reversibilidad) está estableciendo la posibilidad de que sólo el profesional o el colaborador sea el que elija en qué modalidad quiere trabajar en cada instante, cada día, y eso complica la planificación tanto de la asignación de las personas a los proyectos como de la capacidad instalada que las empresas tienen. Queríamos que se modificara por acuerdo de partes en un plazo de 60 0 90 días.

-¿Cree que el proyecto podría detener la creación de empleo en la industria?

-Nuestros sector es demandante de empleo. No llegamos a cubrir entre 5.000 y 10.000 posiciones por año sobre un total de 115.000 trabajadores, es decir, falta cubrir el 10%. Tal vez la demanda podía ser mucho mayor si se supiera que hay más posibilidades e incluso más empresas vendrían a trabajar aquí. La cantidad es importante en nuestra actividad y como es un sector demandado no sólo en la Argentina sino a nivel mundial, el problema que puede ocurrir es que si no podemos ofrecer teletrabajo y las empresas internacionales que no están en la Argentina contratan a nuestros profesionales con esa modalidad laboral, pueden generar una salida de capital intelectual del país.

-¿De qué forma los afectaría a ustedes?

-Esos recursos humanos generarían muchísimo valor dentro de nuestras empresas, exportando y generando productos de propiedad intelectual, que así desaparecerán y terminarán trabajando para extranjeros y cobrando en una cuenta en el exterior, con lo cual dejarán de realizar aportes y contribuciones en nuestro país y las empresas, por su parte, dejaríamos de facturar o de exportar. Calculamos que la Argentina perdería unos 12.000 millones de pesos de recaudación anual si 10.000 programadores dejaran de trabajar para la Argentina y empezaran a hacerlo en empresas del exterior.

-Me imagino que en su sector la mayoría de los nuevos empleos son con teletrabajo.

-Es un pedido de la misma gente que trabaja o quiere trabajar en el sector. Y tiene la ventaja adicional de que se convierta en un estímulo federal: brinda la posibilidad de que cada uno pueda elegir trabajar desde cualquier lugar de la Argentina, con lo cual se evitan los problemas de migración interna de los argentinos y se podría pensar en un AMBA que no tenga tanta gente y que esté distribuido mucho mejor. Hay muchos beneficios de esta modalidad y por eso no queremos una ley que genere una situación más rígida y termine ocasionando peores resultados.

-Otro problema que plantearon algunas entidades empresariales es el encarecimiento de los costos en las pymes para aplicar el teletrabajo. ¿Ustedes lo comparten?

-Sí, y en nuestro sector diría que el 99% son pymes. Antes de la pandemia había gente trabajando en forma presencial y en forma remota, y hoy muchas empresas tienen una capacidad instalada como si todos los trabajadores fueran presenciales, pero ahora están a distancia y nos damos cuenta de que no todo el mundo va a querer regresar a las oficinas cuando termine la cuarentena. Podríamos tener un aprovechamiento mucho mejor de los costos, tener oficinas acordes a la cantidad de gente que concurra a trabajar, menos transporte, menos pérdida de tiempo en viajes. Si podemos acomodar la estructura de costos a ese nivel, podremos tener una ventaja. Si no, no vamos a optimizar nada.

-¿Hacía falta una ley para regular el teletrabajo?

-No, era una práctica que ya se iba dando. En líneas generales, compartimos las observaciones que hizo la UIA al proyecto: hay unanimidad en que más que una ley teníamos que aplicar la Ley de Contrato de Trabajo y reglamentar un poco las cuestiones específicas del teletrabajo. Después del 20 de marzo, de golpe nos encontramos casi todos trabajando en casa y haciendo lo que podíamos. Esa situación pudo haber generado irregularidades y situaciones no tan claras. Entonces sí tiene que haber alguna regulación sobre los horarios, la semana de trabajo, la coordinación. Eso nos ayuda a pensar a todos, pero no tiene sentido una reglamentación muy rígida que frene todo. Dentro de la Ley de Contrato de Trabajo se puede acordar algo mas especifico y razonable para cada actividad. Si partimos de la base de que las patronales son malas, el tema es más difícil de resolver. Hay ciertas cuestiones en las que parece que nosotros le pegáramos con el látigo a la gente para que haga las cosas. Eso es desconocimiento: en nuestro sector hay profesionales creativos y tenemos que generar las condiciones para que produzcan bien, no para que estén enojados y a disgusto.

-¿Siente que alguna de las observaciones que hicieron las entidades empresariales fueron tenidas en cuenta por los diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo?

-Me dio la sensación de que el dictamen no iba a tener ninguna modificación. La reunión informativa fue más una puesta en escena que un tratamiento real con posibilidades de modificar algo.

-Uno de los directivos empresariales les dijo a los diputados que “no se puede legislar para el futuro con herramientas del pasado”. ¿Coincide? ¿Cómo evitarán que se repita?

-Justamente les pedí tanto a la presidenta como al vicepresidente de la comisión que nos empezáramos a reunir más seguido porque el futuro del trabajo es algo que desconocemos, pero tenemos que ir pensando en conjunto de aquí a cinco o diez años y determinar qué legislación acompañará ese camino. Las leyes hay que pensarlas para adelante, no con reglamentaciones de hace 30 o 40 años, cuando había otro mundo. Ojalá tengamos espacio para charlar estos temas clave porque si no lo hacemos nos quedará una legislación vetusta que jugará en contra.

-En su intervención en Diputados llamó la atención el dato de que la industria del software todos los trabajadores están registrados, mientras en el país hay un 40% de trabajo en negro.

-Claro, y eso fue posible por la Ley de Software, de 2004. Teníamos una actividad que contrataba monotributistas porque representaban menos costos, pero la ley de promoción, al bajar los aportes, permitió que todos contratemos en blanco. Igualmente, hay cosas que deberían modificarse. Si pasamos al dinero digital, la economía en negro no va existir. Y de esa forma se pueden bajar los impuestos porque la recaudación será distinta. Según datos de la UIA, la empresa en blanco tiene una carga fiscal de más del 50%, cuando el promedio de la economía argentina está en el 35%. Hay muchas actividades que con la carga impositiva actual no pueden seguir. La estructura impositiva está relacionada con el país que queremos ser. Hace décadas que aquí se ponen impuestos fáciles de recaudar sin importar lo que afecten. El Impuesto al Cheque es el más paradigmático porque lo pusieron por seis meses y sigue estando. Queremos blanquear la economía, que pase por el sistema financiero, pero le ponemos un impuesto. Tenemos desempleo, pero le ponemos mucho impuesto al trabajo. Tenemos una cadena productiva de varias empresas que se facturan entre sí para hacer una materia prima o un producto terminado, pero tenemos quizá un 20% de Ingresos Bruto como impuesto. ¿A quién le exportamos con un 20% más de costo? Deberíamos definir qué país queremos ser y no seguir con este péndulo de locos que lo único que hace es generar más pobreza.

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