Advierten que la regulación del teletrabajo podría favorecer a la industria del juicio

El avance en el Congreso de la regulación del teletrabajo es directamente proporcional al aumento de la preocupación de los empresarios por los efectos de la aplicación del proyecto que aprobó Diputados y convertirá en ley el Senado.

En la tercera reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) fue una de las entidades empresariales que planteó sus objeciones a algunos puntos de la iniciativa que impulsa el Frente de Todos a través del coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, quien se convirtió en el primero en alertar cómo podría afectar la regulación del teletrabajo a las pequeñas y medianas empresas.

En diálogo con Infobae, Mancuso, abogado laboralista, sostuvo que “se impone una ley que traerá más complicaciones que certezas” y advirtió sobre la posibilidad de que la norma sobre el trabajo remoto favorezca “la industria del juicio” porque “deja muchas lagunas legales”. “Lo que vamos a tener es mayor litigiosidad”, aseguró.

-¿Por qué la Cámara Argentina de Comercio cuestiona el proyecto sobre teletrabajo?

-Resulta atípico que este tema tan importante sea tratado en medio de una emergencia sanitaria, donde las relaciones laborales también van a cambiar y la modalidad presencial es muy probable que se reconfigure y se vuelva remota. Por eso cuando vemos que lo está avanzando en el Congreso es una norma que va a ser aplicable recién a los 90 días de finalizada la pandemia, no entendemos cuál es el motivo para tratarlo ahora. El teletrabajo se viene practicando desde hace muchos años. Nos regimos por una normativa de 2012 y, sin embargo, se ofrecen todos los beneficios de esta modalidad. Lo que se está olvidando es que los beneficios deben ser para ambas partes y se está poniendo el foco sólo en el beneficio que obtiene el empleador. Se lo está cargando con un costo laboral, no salarial, que no todas las empresas van a poder pagar. En la Argentina no sólo hay grandes empresas: el 90% de las empresas son pymes y no estamos hablando de un costo menor si se aplica la ley. El canon locativo del que se habla puede impactar entre un 3 y un 5% de la remuneración neta.

-¿De qué forma puede complicar esta ley a las pymes, además de aumentarles los costos?

-Luego de ver lo que se introdujo en el proyecto, y aquellos puntos que no fueron incluidos, como los créditos para las pymes que pidieron el sector empleador y la oposición, cuanto se sancione esta ley vamos a tener que sentarnos a negociar colectivamente cómo instrumentarlo. A partir de ese momento, ¿qué va a ocurrir en la realidad de cada empresa si no se puede cumplir alguno de los contenidos de la ley? ¿Habrá retención de tareas? ¿Va a constituir injuria laboral? ¿El sindicato presentará el reclamo ante el Ministerio de Trabajo? Porque, lamentablemente, lo que va a ocurrir es que muchas empresas no van a poder ofrecer el teletrabajo. Es una modalidad de trabajo que beneficia a ambas partes, pero si no está bien legislada no es aplicable, sobre todo en una realidad como la argentina. Una ley tiene que tener en cuenta otros elementos.

-¿Qué elementos deberían tomarse en cuenta?

-Por ejemplo, ¿qué fiscalización habrá en los domicilios? Hay que hacer un trabajo muy profundo respecto a qué regulación va a hacer la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuáles van a ser los estándares mínimos para declarar a un domicilio como un lugar que cumple las condiciones de higiene y seguridad. Nada se dijo sobre el costo de las alícuotas. En el Congreso no habló nadie del sector de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Porque el riesgo va a disminuir al no haber traslados del trabajador, pero la cobertura será sobre una multiplicidad de hogares y eso va a encarecer el valor de las alícuotas.

-¿Qué otro aspecto no contempla el proyecto?

-Una cuestión que queda bastante librada al azar es el derecho de desconexión del trabajador. Se le prohíbe al empleador cualquier comunicación con el trabajador fuera del horario de trabajo, pero si tenés que mandarle un whatsapp porque caducó una operación o te olvidaste la contraseña para hacer un trámite a distancia, ¿eso constituye una injuria laboral? En el marco del contrato de trabajo hay un vínculo que tiene que estar regido por la buena fe. Las facultades y derechos no hay que ejercerlos en abuso, pero tiene que primar la buena fe. Cuando se dicta una norma que incorpora estas cuestiones, se deja mucho sin regular. Y ahí es donde habrá conflictos. Una norma no puede dejar una laguna legal, sobre todo cuando en la negociación colectiva estaba bien regulado. Ahora se impone una ley que traerá más complicaciones que certezas.

-¿El teletrabajo originó conflictos en todos estos años en que se está aplicando y negociando en las convenciones colectivas? ¿Se justificaba una ley para regularlo?

-No hemos tenido conflicto y, de hecho, lo que notábamos es que así como al empleador le convenía, el trabajador también lo demandaba. Por eso esta modalidad venía en crecimiento en el sector. Esperamos que siga así, pero a partir de la ley hay empresas que no lo van a poder ofrecer. La empresas tendrán que decidir qué erogaciones podrán hacer con la plata que tienen: salarios, insumos o estos nuevos adicionales que empezarán a imponer.

-Por lo que usted dice, parece difícil que esta ley aliente la aplicación del teletrabajo.

-Todo lo contrario. No es necesario regularlo por ley en este momento en que sí hay muchas otras cuestiones por atender en el mundo laboral. Celebramos que se esté tratando este tema, pero estamos en total desacuerdo con la celeridad y el momento en el cual se está tratando. Esta ley no es para aplicar durante la pandemia y por eso no entendemos por qué apurarse si no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena ni cómo será la realidad de las pymes cuando finalice.

-Pero seguramente será una realidad dura.

-Hay una reticencia en el consumo porque la gente se está guardando el dinero para comer. No hay recaudación de impuestos. ¿Cómo van a hacer las empresas para ofrecer el teletrabajo y asumir ese costo? Eso es lo principal. No entendemos el momento en el cual se debate esto. Tenemos muchas oportunidades para tratar este tema y hacerlo bien. Por ejemplo, en la CAC preocupa el tema de la fiscalización del teletrabajo. Si hoy la fiscalización en las empresas es deficiente en la Argentina, imaginemos cómo será cuando aumente el número de destinos a fiscalizar. ¿Estamos sacando una norma para alentar el empleo no registrado? Los diputados destacaron que esta ley va a favorecer la generación de empleo. Pero, ¿de qué empleo? Hay que alentar el teletrabajo, cuidar cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene y también que no haya empleo no registrado. Si no hablamos de este tema, lo único que estaremos alentando es la competencia desleal.

-¿En qué sentido?

-Si en mi empresa tengo a todos mis empleados registrados, con ART y las condiciones sanitarias seguras en sus domicilios, y otra empresa tiene empleados sin registrar ni garantías de seguridad e higiene, pero el Ministerio no va a fiscalizar, lo que a mí me sale 140 al que me compite le sale 80 y lo puede vender a un precio inferior. Eso es competencia desleal. Con una norma de este estilo, donde no se sabe cómo van a fiscalizar y las condiciones mínimas que va a imponer la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se puede pensar es que esto va a generar puestos de trabajo, pero no creo que sean de calidad. Porque si hoy la fiscalización se hace de una manera deficiente, ¿cómo van a hacerlo en una multiplicidad de hogares?

-En el proyecto se contempla una fuerte participación sindical en las tareas de control. ¿Puede generar conflictos?

-Si el trabajador va a prestar tareas en su domicilio o en un café, habrá un problema de competencia. ¿O va a ser el sindicato el que tendrá poder de policía para fiscalizar? No está bien tratado este tema. Hay que tener cuidado con esta ley y la industria del juicio porque no es claro y deja muchas lagunas legales. Lo que vamos a tener es mayor litigiosidad.

-Más allá del teletrabajo, ¿cómo está las pymes en el sector de comercio?

-Estimamos que cuando finalice la pandemia estarán cerrados aproximadamente unos 100.000 comercios, con el impacto que puede generar en las fuentes de trabajo: están en riesgo alrededor de 250.000 empleos. Y estamos muy preocupados porque habrá una retracción del subsidio laboral que prevé el ATP (el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) y una extensión de la cuarentena y con mayor rigidez. Estamos de acuerdo con las medidas de índole sanitaria, pero la colaboración del Estado no es suficiente pensando en el día de mañana porque una empresa que cierra no va a volver a abrir.

-¿Qué va a pasar con el pago del aguinaldo en la actividad?

-Estamos reclamando ayuda del Estado para pagarlos. El aguinaldo se hace muy cuesta arriba. Intentamos negociar con el sindicato para abonarlo en cuotas ya que para las empresas ya es difícil pagar los impuestos y los salarios. No tuvimos respuesta del sindicato y como el ATP no se utilizará para el pago del aguinaldo, vemos una situación compleja. Vamos a mostrar toda nuestra colaboración: si se paga en cuotas se negociará con el trabajador que estén sujetas a un interés que compense la demora en el pago. Siempre queremos cumplir con todos los derechos del trabajador y hoy la principal preocupación es sostener los empleos. Una empresa que cierra ahora no va a abrir cuando termine la pandemia.

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