El oficialismo busca nombrar a uno de los fundadores de Justicia Legítima como administrador de los fondos del Poder Judicial

El oficialismo buscará nombrar en su plenario de hoy del Consejo de la Magistratura de la Nación a un nuevo administrador general del Poder Judicial. Se trata de un cargo clave ya que es la persona encargada de administrar los fondos de la Justicia, en un contexto de un fuerte déficit de recursos que se agravó por la pandemia.

El juez Alberto Lugones, actual presidente del Consejo con posiciones cercanas al Gobierno, propondrá al abogado Claudio Cholakian, uno de los fundadores de Justicia Legítima y actual integrante de esa agrupación surgida durante el kircherismo, y afín a esta fuerza política.

Según le aclaró Lugones a Infobae, la designación sería solo hasta mediados de febrero próximo, cuando termina su mandato como presidente. “Como no hay reelección inmediata, es por un año. Creo que es adecuado que el presidente designe a un administrador de su confianza”, explicó.

Cholakian ya fue administrador del Consejo desde fines de 2014 hasta fines del 2015, durante la presidencia del organismo de la jueza laboral Gabriela Vázquez, en una designación no exenta de polémica.

Sus antecedentes

“Peronista de corazón”, como se define en su cuenta de twitter, Cholakian había sido anteriormente, hasta mayo del 2008, asesor de la ex consejera Diana Conti. También fue su abogado particular cuando la entonces diputada kirchnerista fue denunciada en la Justicia por quedarse con parte del sueldo de unos de sus asesores. Para ese entonces, ya había dejado la vocalía de Conti y era integrante del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura. Entre sus funciones tenía, en ese momento, la de auditar el funcionamiento de los juzgados federales. Entre ellos, el del juez Rodolfo Canicoba Corral que llevaba adelante la investigación en la que estaba imputada la ex legisladora, una de las espadas del kirchnerismo en el Consejo

En los últimos tiempos, Cholakian se desempeñó en la vocalía de Lugones. Con 65 años, ya tenía otorgada la jubilación por lo que, si hoy es designado, deberá optar entre cobrar su haber jubilatorio o su sueldo como nuevo administrador general del organismo.

Cholakian reemplazará al contador Carlos Alberto Bedetta, quien presentó su renuncia este mes, por problemas de salud. Bedetta había asumido en septiembre de 2018, en reemplazo de Agustín Cinto, designado con la llegada del macrismo al poder. Si bien ya le había anticipado su voluntad de retirarse a Lugones, el saliente administrador aceleró la decisión en el contexto de la pandemia, por estar con un cuadro de salud delicado.

Quiénes lo apoyarían

La designación de Cholakian requiere mayoría simple y el oficialismo tiene asegurados seis de los trece votos en el Consejo. Además del voto de representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, cuenta con el de los senadores Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara, el de la diputada Vanesa Siley, y se sumarían el de Lugones y el de Diego Molea, representante de las universidades nacionales. Estos dos últimos suelen votar con los representantes del Frente de Todos.

El oficialismo no tendría dificultad en conseguir el séptimo voto, que podría provenir de la diputada Graciela Camaño -del espacio de Roberto Lavagna-; de alguno de los otros dos jueces que no están alineados con el Gobierno, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; o de los integrantes del bloque opositor y sus aliados.

El apoyo del diputado del PRO Pablo Tonelli, el de la senadora de la UCR Silvia Giacoppo, y el de los abogados Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrero -ambos también del radicalismo-, dependería de que el nombramiento de Cholakian vaya atado a la propuesta de la oposición de nombrar al subadministrador y al responsable del área de tecnología del Consejo.

La casi segura designación hoy de este abogado kirchnerista, militante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (ABA), se dará en medio del pedido de Lugones a la Corte Suprema y al Gobierno de más fondos para poder pagar los sueldos del Poder Judicial nacional y federal Este rubro se lleva el 95% del presupuesto que tiene hoy la Justicia para funcionar, menos los sueldos y gastos de la Corte Suprema. Según le dijo el presidente del Consejo a Infobae, el déficit estimado para este año será de alrededor de $22.000 millones.

Reemplazos en dos comisiones clave

La votación de un nuevo administrador no será la única cuestión que se tratará en el plenario de hoy, que comienza a la 10 de la mañana en forma virtual.

También los consejeros deberán aprobar el desplazamiento de dos secretarios de planta de las dos principales comisiones que tiene el organismo: la de Disciplina y Acusación, que es la que se ocupa de evaluar si corresponde o no abrir un proceso sancionatorio o de remoción de un juez por juicio político, y la de Selección de Magistrados, que es la que lleva adelante los concursos, instancia estratégica en la designación de jueces. Se trata de Andrés García, secretario de Acusación, y de José Elorza, de la de Selección.

Su desplazamiento ya fue resuelto en forma reservada en la reunión de labor del 12 de junio por la mayoría de los consejeros, pero todavía no fue oficialmente aprobada en plenario.

Para formalizarla, hoy se pondrá a consideración una resolución de la Presidencia fechada el 18 de junio, por la que se designará en forma transitoria a las dos funcionarias que siguen en orden de jerarquía a los secretarios removidos: María José Schiaffino Bouchet, en Acusación, e Ingrid Ivone Jorgensen, en Selección.

Con el afán de desterrar especulaciones, Lugones le aseguró a Infobae que el desplazamiento de Elorza obedeció a “un episodio grave, no fue un problema político”. Según explicó, “hubo un error en un sorteo de jurados para un concurso, se le pidió explicaciones y pretendió tapar el error con un engaño. Se le va abrir un pre-sumario, para ver si se considera una sanción”. No obstante, aclaró que “se va a quedar trabajando en el Consejo ya que es planta efectiva”.

La “falta” se debió a la exclusión en el sorteo por computadora realizado el 5 de marzo en tres concursos, en los que no se incluyó a la categoría de jurados de “derecho constitucional”. Elorza atribuyó, en un primer momento, el error a un problema del área de tecnología. Pero una auditoría informática determinó que hubo “una inconsistencia de fecha según el relato del acta y la sucesión de los eventos”, y que hubo “incongruencias cronológicas y materiales, evidenciando que las capturas no corresponden a los sorteos, sino a consultas de jurados recreadas al día siguiente”.

Según le explicó Camaño, presidenta de la Comisión, a este medio “se decidió abrir una investigación para determinar si fue un error o algo que se haya hecho de mala fe. Un auditor informático del Consejo concluyó que la computadora fue ‘tocada’, se alteró la fecha de una nota referida al sorteo”. Esa alteración habría obedecido a una intención de Elorza de ocultar el “error” y derivar responsabilidades a otra área.

La diputada advirtió que “Elorza cometió un error en un área muy delicada como es la elección de los jurados, y que requiere ser muy transparentes, más aún por las sospechas de que históricamente fueron manipulados”. Camaño recordó que cuando asumió como presidenta de Selección, los sorteos de jurados los hacía el propio secretario en la oficina de la Comisión. “Yo pedí que empezaran a ser públicos, y que se hagan en la sala de reuniones de plenario. Y en el primer sorteo del que participé, pasó esto”, advirtió ante Infobae.

Desde el entorno del secretario desplazado reconocieron que Elorza “cometió un error, pero no hubo adulteración, ni mala fe”. Según explicaron, “lo que hizo fue reproducir en la computadora el sorteo del día anterior para corroborar que no hubiera habido un error de impresión, y que la falla había estado en el sorteo”. Y agregaron que fue el propio Elorza el que pidió la auditoría informática.

El ahora desplazado secretario había sido designado en la Comisión de Selección en diciembre de 2015, con la renovación del Consejo a partir de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Durante el kirchnerismo, había ocupado el mismo cargo entre 2010 al 2014, hasta ser desplazado en el segundo mandato de Cristina Kirchner cuando La Cámpora adquirió más poder en los temas vinculados a la Justicia.

En el caso de García, su desplazamiento habría obedecido a “una pérdida de confianza” hacia él por parte del actual presidente de la Comisión de Acusación, el representante académico Molea, quien suele votar en sintonía con el actual Gobierno.

“No se llevaba bien con el nuevo presidente de la Comisión de Acusación, tuvieron desavenencias y Molea pidió su reemplazo. Y el oficialismo estuvo de acuerdo”, le reconoció a Infobae otro consejero que no está alineado con el Ejecutivo actual.

Hay quienes dicen que la salida de García habría estado vinculada, además, al manejo del dictamen desestimatorio de las denuncias contra el juez Canicoba Corral, que había elaborado el consejero Mas Vélez, y que luego su sucesora en la Comisión de Acusación, Sánchez Herrero, pidió retirar para estudiarlo con más tiempo. Finalmente, ese dictamen no se aprobó en el plenario y la situación del juez quedó en un “limbo”, por el ingreso de una nueva denuncia de diputados de Cambiemos contra el histórico magistrado de Comodoro Py.

Otros le adjudican a García “haberle dado letra” a un columnista político sobre el frustrado trámite de ese expediente, algo que en el entorno de García desmienten enfáticamente.

Lo cierto es que, según pudo saber Infobae, a hoy desplazado funcionario del Consejo no le informaron oficialmente el motivo de su salida como secretario de la estratégica Comisión de Acusación. “Algunos suponen que no era cómodo trabajar con alguien que no era del riñón kirchnerista”, sostuvo una persona que se mueve cerca suyo. En efecto, García es un abogado del interior de militancia radical que llegó al Consejo en 2007, como asesor del abogado Pablo Mosca.

Se hizo cargo de la Comisión de Acusación, al ser designado por el plenario con la llegada de Miguel Piedecasas a la presidencia del organismo, a fines del 2015. En ese momento asumió la abogada Adriana Donato como titular de la Comisión, quien luego fue reemplazada por el diputado macrista Tonelli. García permaneció en el cargo cuando, en 2018, lo sucedió el entonces peronista Miguel Pichetto, hasta que el entonces senador dio el salto a Cambiemos, y lo reemplazó como vice nuevamente Tonelli. Los consultados por Infobae le reconocen un aceitado conocimiento técnico de los temas que pasaban por la Comisión.

“Algunos creen que desde ese lugar, un secretario puede retener información sensible sobre un juez y una denuncia en su contra, o manejar los tiempos de un expediente. Pero García no se manejaba así y hacía su trabajo con honestidad”, afirmó un asesor de un consejero, con varios años en el organismo.

Seguí leyendo: