El fiscal federal Carlos Stornelli le solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que envíe con urgencia un exhorto a las islas de Turks and Caicos para acelerar el proceso de decomiso de la propiedad valuada en 30 millones de dólares que fue adquirida allí por Daniel Muñoz, ex secretario privado de los Kirchner y receptor primario de los bolsos con dinero para las coimas que se pagaron por la obra pública durante el kirchnerismo.
Muñoz tuvo ingresos legales solo cuando trabajó como secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Así consiguió amasar una fortuna cercana a los 70 millones de dólares en propiedades que fueron detectadas por la justicia como consecuencia de la investigación iniciada en 2018 y conocida como “Los cuadernos de las coimas”. El destino final de parte de ese dinero producto de la corrupción fue Turks and Caicos.
La investigación sobre los bienes de Muñoz determinó la ruta del dinero. Se demostró que adquirió propiedades en Estados Unidos y cuando los Panamá Papers fueron revelados, Muñoz deshizo las inversiones allí y comenzó a mandar su dinero a las islas de Turks and Caicos tal como informó Infobae en febrero de 2019.
Muñoz falleció en marzo de 2016 cuando había comenzado el desguace de las propiedades en Estados Unidos. El tramo final de la inversión fue conducido por su viuda Carolina Pochetti, quien como arrepentida reveló que habían comprado terrenos en Turks and Caicos.
Las confesiones de Pochetti, y del primo de ella, Carlos Gellert, llevaron a Bonadio a ordenar el congelamiento con vistas al decomiso de los terrenos situados en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipiélago, en los que el ex secretario de los Kirchner había pensado en invertir en un complejo turístico.
La millonaria inversión en Turks and Caicos también fue confirmada en los tribunales por otro arrepentido: Alejandro Manzanares, ex contador de la familia Kirchner quien admitió haberse asociado con Muñoz para blanquear el dinero obtenido a partir de los bolsos de las coimas.
En abril de 2019 Infobae reveló que las autoridades judiciales de Turks and Caicos habían detectado y embargado uno de los cuatros terrenos que compró la banda de Muñoz con el fin de decomisarlo y de esa manera Argentina debería encaminarse al recupero de los activos producto de la corrupción. Se trataba de la parcela denominada 60000/317 y ubicada en Providenciales, una de las islas del archipiélago.
Luego se identificaron tres parcelas más, las denominadas 60000/307, 60000/310 y 60000/327, que forman parte del proyecto turístico en el que Muñoz y su banda invirtieron 30 de los 70 millones de dólares que se les detectaron.
En septiembre y diciembre de 2019 Bonadio había enviado exhortos a Turks and Caicos con pedidos de información sobre personas y sociedades involucradas en la maniobra y para conseguir datos sobre los otros tres terrenos. En diciembre, antes de terminar su mandato en la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici pidió que se enviara un nuevo exhorto a Turks and Caicos con más detalles sobre el origen ilícito de los fondos que utilizó Muñoz para comprar los terrenos frente al mar. Aún no ha llegado respuesta alguna.
Es ante la falta de respuesta que en su pedido a Martínez De Giorgi -a cargo del juzgado que era de Bonadio-Stornelli señaló que:“Pese al tiempo transcurrido, no consta recepción de respuesta alguna acerca de dicho requerimiento de información. Esta fiscalía entiende que de no insistirse en diligencias urgentes en torno al particular, y yo podría redundar, eventualmente, en la frustración de los fines del proceso en cuanto concierne al recupero del producto del ilícito investigado”.
El fiscal le pidió a Martínez De Giorgi que envíe un exhorto a Turks and Caicos- un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña- para garantizar el embargo de los terrenos que aún no fueron congelados por las autoridades de las islas para poder decomisarlos. Stornelli dijo que: “Por ello a los fines de completarse a la mayor brevedad posible el proceso de recupero de activos llevado adelante en autos, se solicitará que con suma urgencia se curse nuevo exhorto internacional a las autoridades de Turks and Caicos no solo a los fines informativos indicados sino, además con el propósito de resguardar la integridad del posible patrimonio recuperar, en tal en tal sentido, requiriéndose a las autoridades exhortadas la disposición de medidas cautelares respecto de estas tres últimas parcelas para impedir preventivamente innovar sobre su dominio o sobre acciones que pudieran depreciar su valor económico, y yo a la vez de solicitar que se mantengan las restricciones ya dispuestas sobre el primero de los inmuebles indicados por persistir aún el interés en la causa, para quedar cautelados y afectados, todos ellos al presente proceso y sus resultados”
Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación, había confesado en los tribunales que llevaba al ex funcionario a recolectar bolsos con dinero que los empresarios pagaban para conseguir obra pública. Esos bolsos luego se llevaban a distintos lugares: Centeno aseguró que entregaron dinero en el departamento de los Kirchner en Recoleta. Y también en la Quinta de Olivos. Centeno había anotado todos sus viajes en cuadernos cuyas copias -reconocidas por el ex chofer arrepentido- fueron aportados a la justicia por un periodista del diario La Nación.
Los empresarios de obra pública respaldaron como arrepentidos los dichos de Centeno y admitieron haber pagado coimas para quedarse con negocios millonarios. Quedó demostrado judicialmente que las coimas las recibía de manos de los empresarios el financista Ernesto Clarens en pesos quien las transformaba en dólares y se las daba a Muñoz. Clarens, otro arrepentido, aseguró que Muñoz era el receptor primario de los bolsos. La investigación judicial probó que Muñoz se quedaba con parte del dinero ilegal, pero otra parte era entregada a sus jefes. El caso fue elevado a juicio.
Los terrenos en los que se iba a construir el complejo turístico que le representaría a Muñoz un interesante retorno de la inversión, están situados en un parque nacional y se hallan cerca del hotel Amanyara, un complejo de lujo en el que Pochetti se hospedó cuando fueron a decidir si era pertinente destinar 30 millones de dolares para ese negocio. Participaron de la maniobra un testaferro mexicano, un abogado y un desarrollador inmobiliario estadounidenses. Sobre todos ellos hay pendientes pedidos de captura dictados por en su momento por Bonadio.
Como parte de la investigación se identificaron las sociedades construidas para hacer la inversión en cuyo diseño participó un estudio de abogados de Turks and Caicos. Peter Karam quien encabeza el estudio Karam & Missick que armó el esquema de negocios está con prisión domiciliaria en las islas con un pedido de extradición solicitado por Argentina.
En su pedido de celeridad para intentar decomisar el dinero que Muñoz invirtió en Turks and Caicos, Stornelli recordó que están pendientes las extradiciones -de Karam por ejemplo- y que deberían reforzarse esas solicitudes.
El fiscal quiere que se apuren los trámites para que se recuperen para la Argentina 30 millones de dólares que están en terrenos valiosos frente al mar. El trámite judicial está encaminado. A eso hay que sumarle negociación política que debería encarar el gobierno nacional.