“El Estado no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿cómo va a manejar una empresa como Vicentin?”

Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda (Santa Fe), volvió a cuestionar la propuesta del Gobierno para expropiar la cerealera

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Entrevista a Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda

Mientras avanza la discusión pública sobre la situación de Vicentin por el intento del Estado de avanzar contra la propiedad privada con una expropiación, Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, localidad santafecina donde está radicada la cerealera, fue tajante: “El Estado no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿cómo va a manejar una empresa como Vicentin? ¿Qué va a manejar, una hilandería, un frigorífico, algodón Estrella?”, afirmó.

Según el funcionario público, ni el presidente Alberto Fernández ni sus antecesores Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner pudieron “solucionar el problema de una ruta”, que une las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa. “(El Gobierno) cómo va a manejar una empresa que para poder subsistir tiene que ser altamente competitiva a nivel país, también a nivel internacional porque tiene que exportar, y tiene que estar con la última tecnología”, aseguró durante una entrevista con el periodista Rodrigo Corti, en el programa “Cuarto Intermedio” del canal Litoral Tv.

Y agregó: “El Estado no ha hecho nunca eso en la Argentina, ¿por qué lo que va a hacer ahora con Vicentin? No pudo mantener el ferrocarril, no puede manejar el puerto, no puede cortar el pasto de la ruta, entonces que alguien me explique si puede manejar una empresa de estas características”.

Para el intendente santafecino, si el Gobierno avanza con la idea de expropiar la cerealera “va a ocasionar no solo un daño a la región, sino en el país, porque ¿qué confiabilidad da un país cuando una empresa invierte tanto durante tantos años y por una crisis financiera de este tipo la expropian? Entonces el riesgo de cualquier empresa para invertir se hace muy alto”.

Declaraciones de Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda

Scarpin ya se pronunció en reiteradas ocasiones contra la expropiación y reclamó que haya una mesa de negociación para analizar la situación de la empresa. En paralelo se encuentra la propuesta presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que planteó la posibilidad de designar interventores para reemplazar al directorio, sobre la que se expidió el juez civil y comercial que lleva adelante el concurso de la compañía, Fabián Lorenzini.

Ayer, el magistrado decidió que el pedido del gobernador santafecino para intervenir la firma se tramite en forma separada y resolvió mantener como administradores a quienes eran sus dueños y como veedores a los funcionarios elegidos por el Ejecutivo nacional. De esa manera, rechazó el planteo suspensivo que había solicitado la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina.

De ese modo, el magistrado dispuso continuar adelante con el concurso preventivo en la que está la compañía desde diciembre por pedido de sus propietarios. En realidad, el magistrado no se expidió sobre el planteo de Perotti, sino que solamente lo relegó a que tramite en forma separada para evitar retrasos en el tema de fondo. Lorenzini ya el viernes pasado había decido que los dueños siguieran al frente de la compañía.

El sábado pasado, el presidente Alberto Fernández advirtió que si la propuesta de Perotti no prospera, no le queda otro camino más que “la expropiación” de la compañía cerealera. El objetivo del juez, en tanto, es no demorar la resolución de fondo y dar respuesta a los casi 2.700 acreedores de la empresa por una deuda global de aproximadamente 100 mil millones de pesos.

Tras este fallo de Lorenzini, productores autoconvocados repudiaron nuevamente la intervención de la cerealera y el proyecto de expropiación del Gobierno al tiempo que destacaron: “No queremos ser Venezuela, somos la República Argentina”.

Una imagen del banderazo, en
Una imagen del banderazo, en esta oportunidad en Mar del Plata, para rechazar el avance del Estado contra la propiedad privada (Christian Heit)

A través de un comunicado, la Red Nacional de Productores Autoconvocados repudió “la intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos que violan la división de poderes, la letra y el espíritu de la Constitución Nacional”. En ese sentido, señalaron que las deudas, los concursos, las quiebras y los delitos son competencia del Poder Judicial y agregaron que allí se encuentra su remedio adecuado.

En esta línea, el pasado fin de semana, y en decenas de ciudades del país, miles de personas se manifiestaron contra la iniciativa oficial. Productores agropecuarios y demás representantes de la sociedad realizaron un “banderazo”, que tuvo epicentro en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde está instalada la empresa agroexportadora, pero que se replicó en casi 70 distritos del país, ubicados en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan y La Pampa, entre otras. En la ciudad de Buenos Aires también se concentraron manifestantes en el Obelisco.

Por otro lado, ayer el Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado y aprobó la creación de una comisión bicameral por el caso Vicentin. La norma, que solo votó el oficialismo, obtuvo 41 votos a favor. La oposición no acompañó la medida y hubo 29 votos en contra. Ahora el proyecto irá a la Cámara de Diputados.

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