Después de semanas de polémica sobre los runners, la apertura de comercios en la Ciudad y sobre el aumento del flujo de tránsito, el gobernador Axel Kicillof logró el consenso de los intendentes del conurbano boanerense para profundizar los controles y reducir la movilidad para la próxima fase de la cuarentena obligatoria, que volverá a ser estricta. El objetivo es evitar un “colapso del sistema de salud”, ante la suba creciente de los contagios por coronavirus y la ocupación de camas de terapia intensiva, que se prevé que alcanzaría su desborde en cinco semanas.
Kicillof se reunió ayer por videoconferencia con los intendentes de la primera, la tercera y la octava sección electoral (La Plata) para sondear el grado de acuerdo, escuchar las voces más disidentes, y disponer la coordinación de medidas en conjunto. “Todos los intendentes, sin excepción, pedimos más medidas restrictivas”, indicó Fernando Espinoza, el jefe comunal de La Matanza.
Como sucedió desde el comienzo de las medidas de aislamiento, la mayor sintonía del gobernador se produjo con los dirigentes peronistas de la tercera sección electoral, que representa a 9 millones de habitantes y nuclea a los partidos de La Matanza, Avellaneda, Berisso, Berazategui, Quilmes y Ezeiza, entre otros, y reclamaron retroceder hasta la fase 1 del aislamiento. Sin embargo, también los referentes de Juntos por el Cambio acompañaron las decisiones del mandatario.
“Estamos todos de acuerdo en que los contagios vienen de la circulación, y que para bajarlos, esta tiene que bajar también”, señaló el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “Lo que esperamos esta noche es una explicación clara del Presidente, cómo se va a seguir y cómo se controlará que esta restricción importante que se haga valga la pena”, agregó a Infobae.
Los matices de los intendentes estuvieron en relación a la apertura de los comercios de barrio y el estado “emocional” de la ciudadanía, ante la extensión de una cuarentena obligatoria que superará los 100 días. Sebastián Abella, de Campana, fue una de las pocas voces disonantes en estas horas, al afirmar que va a acatar lo que decida el Gobierno nacional, pero aclaró que “no ve necesario retroceder” porque su distrito mantiene un porcentaje de camas destinadas al COVID-19 muy bajo, por lo que pueden seguir soportando el actual ritmo de contagio.
Gustavo Posse, de San Isidro, se mantuvo más alineado con la preocupación del gobernador. Calificó la situación en el conurbano bonaerense como “grave”, pidió cambiar la “idiosincrasia”, pero manifestó “la necesidad de resguardar la actividad económica y las salidas alrededor de la manzana”. “Adherimos a que la pandemia ya no es un tema de infectólogos sino de matemáticos”, puntualizó en diálogo con Radio 10.
Ante una hipotética restricción de los locales de cercanía, Valenzuela se manifestó en sintonía con el planteo de los intendentes de que este tipo de comercios “no son el malo de la película, sino parte de la solución”. “Peor es que un vecino agarre un auto, vaya a un hipermercado y termine haciendo una cola para entrar con una gran aglomeración de gente”, graficó el intendente de Tres de Febrero.
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue otra de las figuras de Juntos por el Cambio que manifestaron su acuerdo en limitar el aumento de casos con las restricciones de la circulación, y se pronunció en decidir “cuáles son las mejores herramientas para lograrlo”.
El consenso reinante en el cónclave virtual fue que la utilización masiva del transporte público implicó un alza de los casos de coronavirus en cada uno de los distritos. También hubo acuerdo en seguir “generando políticas integrales para todo el AMBA porque el coronavirus no distingue por municipios cuando tiene que ver con su circulación”, comentó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
“Hubo consenso en la idea de volver a una apertura de sólo comercios esenciales, y que el transporte público también sea exclusivo para trabajadores de actividades esenciales. En cuanto a industrias, desde ya que las esenciales deben permanecer abiertas, pero las que no lo son y fueron habilitadas a reabrir deberán ajustarse a protocolos más estrictos de salud y garantizar el transporte de sus empleados en forma particular”, precisó el intendente matancero Fernando Espinoza.
La eficacia de la nueva fase de aislamiento en el conurbano bonaerense pasará por obtener mayores resultados en los controles en la vía pública, tanto en los accesos a los municipios como en las calles comerciales más concurridas. En las últimas semanas se observó una alta concurrencia de peatones en las zonas céntricas de La Matanza, Quilmes y Moreno, síntoma de un relajamiento social en la prevención que ya se observó en la Ciudad de Buenos Aires y el clima permisivo con la habilitación de nuevas actividades en el área metropolitana.
“Los runners de la Capital no vienen a Caseros a comprar o pasear. Hay razones bonaerenses en los contagios”, dijo Valenzuela al comentar una de las polémicas que dominaron las últimas semanas y sobre lo que más machacó el Frente de Todos.
Para los municipios, la tarea en el conurbano bonaerense tendrá como obligación principal colaborar en un intenso patrullaje y registro de los retenes en los accesos, además de una revisión “más estricta” en lo que refiere a permisos de circulación y el tránsito. Los cuerpos de prevención de Defensa Civil o control del espacio público dedicarán un mayor esfuerzo en los paseos comerciales para “hablarle a la gente” sobre la importancia de “quedarse en casa” y el distanciamiento social, indicaron desde algunos partidos bonaerenses.
Por el momento, muchos intendentes cercanos al oficialismo mantenían cierto silencio sobre qué tipo de controles territoriales se llevarían adelante, a la espera de los anuncios oficiales que darán a la noche el presidente Alberto Fernández, junto al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.
Más allá de la inhabilitación de actividades ya autorizadas y las restricciones en el uso del transporte público por un plazo de 15 días –que está bajo la órbita el Gobierno nacional–, lo cierto es que los municipios tienen pocas herramientas y atribuciones para pedir a la población que no salga, frente a un aislamiento que ya impacta seriamente en el humor social y la economía doméstica de millones de familias.
La decisión que se anunciará coincide con los reclamos del gobernador Kicillof a la Ciudad de Buenos Aires ante la posible saturación del sistema sanitario bonaerense. La utilización de las camas de terapia intensiva alcanzó el 52,20%, según el último reporte del Ministerio de Salud provincial. Hay 3.757 unidades, de las que 1.961 no están disponibles.
“En el Conurbano veníamos con un promedio por debajo del 40 por ciento y ahora estamos arriba del 65 por ciento. Pero esto es el promedio. Hay hospitales que tienen el 85% o el 90% ocupado y ya hemos tenido algunos con su capacidad completa, como el de Wilde y el Fiorito, en Avellaneda”, sostuvo Juan Riera, director provincial de Hospitales bonaerenses.
Según anunció el gobernador, el gran esfuerzo que ahora tendrá que hacer la sociedad es por un “período limitado”. ”En el AMBA estamos sufriendo un crecimiento muy fuerte de los contagios, de manera exponencial, por lo cual hoy el único remedio que existe es evitar la movilidad e ir hacia medidas más restrictivas que impidan el avance del virus”, sostuvo Kicillof al finalizar la reunión, en la que también estuvieron los ministros de Salud, Daniel Gollán; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, María Teresa García, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
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