Consejo de la Magistratura: el oficialismo nombró a un abogado de Justicia Legítima como administrador de los fondos del Poder Judicial

El oficialismo logró imponer su número y aprobar hoy en el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación a un nuevo administrador general del Poder Judicial, Claudio Cholakian. Este abogado es uno de los fundadores de Justicia Legítima y actual integrante de esa agrupación surgida durante el kircherismo y afín a esta fuerza política. Ya había sido administrador del organismo desde fines de 2014 hasta fines del 2015, durante la presidencia del organismo de la jueza laboral Gabriela Vázquez, en una designación no exenta de polémica.

Se trata de un cargo clave ya que es la persona encargada de administrar los fondos de la Justicia, en un contexto de un fuerte déficit de recursos que se agravó por la pandemia.

La propuesta del abogado Claudio Cholakian fue hecha por el juez Alberto Lugones, actual presidente del Consejo con posiciones cercanas al Gobierno. Lo acompañaron el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; los tres legisladores del Frente de Todos –los senadores Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara y la diputada Vanesa Siley–; la diputada nacional Graciela Camaño; y el representante de las universidades nacionales, Diego Molea. Sumaron así los siete votos requeridos para obtener la mayoría de los 13 integrantes del cuerpo.

Como el oficialismo no le dio una respuesta al pedido del bloque opositor de nombrar al sub-administrador y al segundo responsable del área de tecnología del Consejo, no acompañaron la designación de Cholakian. Así, se abstuvieron el diputado macrista Pablo Tonelli, la senadora de la UCR Silvia Giacoppo, los abogados Juan Pablo Mas Vélez y Marina Sánchez Herrero –ambos también del radicalismo–, y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.

La designación será solo hasta mediados de febrero próximo, cuando termina el mandato de Lugones como presidente. Reemplazará a partir del 1º de julio al contador Carlos Alberto Bedetta, quien ya había adelantado su voluntad de renunciar por problemas de salud y por estar entre los grupos de riesgo de contraer coronavirus. Hoy fue aceptada en el plenario, en medio de elogios por parte de todos los consejeros por la tarea realizada. Bedetta había asumido en septiembre de 2018, en reemplazo de Agustín Cinto, designado con la llegada del macrismo al poder.

En los últimos tiempos, Cholakian se había desempeñado en la vocalía de Lugones, hasta su jubilación el año pasado, ya con 65 años. Al respecto, Lugones destacó que Cholakian “ejercerá la función, sin modificar su situación jubilatoria actual, o sea sin cobrar ningún resarcimiento por su trabajo”.

“Es una persona idónea que ya cumplió esta función y no recibió ningún cuestionamiento cuando dejó de ejercerla. Para estos momentos difíciles es bueno contar con gente preparada para realizar estas tareas”, justificó Lugones su nombramiento. “No es momento para barajar y traer gente de afuera”, argumentó en el mismo sentido Ustarroz, a favor de Cholakian, y “enalteció” su actitud de “dar una mano ad-honorem”.

Sus antecedentes

“Peronista de corazón”, como se define en su cuenta de Twitter, Cholakian había sido asesor hasta 2008 de la ex consejera Diana Conti. También fue su abogado particular cuando la entonces diputada kirchnerista fue denunciada en la Justicia por quedarse con parte del sueldo de unos de sus asesores.

Para ese entonces, ya había dejado la vocalía de Conti y era integrante del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura. Entre sus funciones tenía, en ese momento, la de auditar el funcionamiento de los juzgados federales. Entre ellos, el del juez Rodolfo Canicoba Corral que llevaba adelante la investigación en la que estaba imputada la ex legisladora, una de las espadas del kirchnerismo en el Consejo.

La designación de Cholakian, militante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (ABA), se dará en medio del pedido de Lugones a la Corte Suprema y al Gobierno de más fondos para poder pagar los sueldos del Poder Judicial nacional y federal. Este rubro se lleva el 95% del presupuesto que tiene hoy la Justicia para funcionar, menos los sueldos y gastos de la Corte Suprema. Según le dijo el presidente del Consejo a Infobae, el déficit estimado para este año será de alrededor de $22.000 millones.

Reemplazos en dos comisiones clave

El plenario también aprobó, en este caso por unanimidad, el desplazamiento de dos secretarios de planta de las dos principales comisiones que tiene el organismo: la de Disciplina y Acusación, que se ocupa de evaluar si corresponde o no abrir un proceso sancionatorio o de remoción de un juez por juicio político, y la de Selección de Magistrados, que es la que lleva adelante los concursos, instancia estratégica en la designación de jueces. Se trata de Andrés García, secretario de Acusación, y de José Elorza, de la de Selección.

La decisión ya había sido resuelta en forma reservada en la reunión de labor del 12 de junio por la mayoría de los consejeros, y hoy se formalizó en el plenario.

Asimismo, se aprobó una resolución de la Presidencia por la que se designó en forma transitoria a las dos funcionarias que siguen en orden de jerarquía a los secretarios removidos: María José Schiaffino Bouchet, en Acusación, e Ingrid Ivone Jorgensen, en Selección. Estos nombramientos serán hasta que se tome una decisión definitiva respecto de los reemplazos.

También se votó que los dos secretarios continúen en funciones en el ámbito de la Presidencia por ser funcionarios de carrera y tener estabilidad en el cargo.

El caso del secretario de Selección

En el caso de Elorza, Camaño –presidenta de la Comisión de Selección– aclaró: “Hay una auditoría sustanciada por un sorteo de una serie de concursos. Hubo irregularidades que luego debemos decidir cómo la seguiremos tramitando”. La cuestión se discutirá en Labor, el encuentro de los consejeros en que debaten y acuerdan –o no– los temas sin presencia de los asesores.

El motivo de la separación de Elorza tuvo su origen en el sorteo por computadora realizado el 5 de marzo en tres concursos, en los que no se incluyó a la categoría de jurados de “derecho constitucional”. Elorza atribuyó, en un primer momento, el error a un problema del área de tecnología. Pero una auditoría informática determinó que hubo “una inconsistencia de fecha según el relato del acta y la sucesión de los eventos”, y que hubo “incongruencias cronológicas y materiales, evidenciando que las capturas no corresponden a los sorteos, sino a consultas de jurados recreadas al día siguiente”.

Según le explicó Camaño a este medio, “se decidió abrir una investigación para determinar si fue un error o algo que se haya hecho de mala fe. Un auditor informático del Consejo concluyó que la computadora fue ‘tocada’, se alteró la fecha de una nota referida al sorteo”. Esa alteración habría obedecido a una intención de Elorza de ocultar el “error” y derivar responsabilidades a otra área.

La diputada advirtió que “Elorza cometió un error en un área muy delicada como es la elección de los jurados, y que requiere ser muy transparentes, más aún por las sospechas de que históricamente fueron manipulados”. Camaño recordó que cuando asumió como presidenta de Selección, los sorteos de jurados los hacía el propio secretario en la oficina de la Comisión. “Yo pedí que empezaran a ser públicos, y que se hagan en la sala de reuniones de plenario. Y en el primer sorteo del que participé, pasó esto”.

Desde el entorno del secretario desplazado reconocieron que Elorza “cometió un error, pero no hubo adulteración, ni mala fe”. Según explicaron, “lo que hizo fue reproducir en la computadora el sorteo del día anterior para corroborar que no hubiera habido un error de impresión, y que la falla había estado en el sorteo”. Y agregaron que fue el propio funcionario el que pidió la auditoría informática.

El ahora desplazado secretario había sido designado en la Comisión de Selección en diciembre de 2015, con la renovación del Consejo a partir de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Durante el kirchnerismo, había ocupado el mismo cargo entre 2010 y 2014, hasta ser desplazado en el segundo mandato de Cristina Kirchner cuando La Cámpora adquirió más poder en los temas vinculados a la Justicia.

El caso de secretario de Acusación

En el caso de García, su desplazamiento habría obedecido a “una pérdida de confianza” hacia él por parte del actual presidente de la Comisión de Acusación, el representante académico Molea, quien suele votar en sintonía con el actual Gobierno.

“No se llevaba bien con el nuevo presidente de la Comisión de Acusación, tuvieron desavenencias y Molea pidió su reemplazo. Y el oficialismo estuvo de acuerdo”, le reconoció a Infobae otro consejero que no está alineado con el Ejecutivo actual.

Hay quienes dicen que la salida de García habría estado vinculada, además, al manejo del dictamen desestimatorio de las denuncias contra el juez Canicoba Corral, que había elaborado el consejero Mas Vélez, y que luego su sucesora en la Comisión de Acusación, Sánchez Herrero, pidió retirar para estudiarlo con más tiempo. Finalmente, ese dictamen no se aprobó en el plenario y la situación del juez quedó en un “limbo”, por el ingreso de una nueva denuncia de diputados de Cambiemos contra el histórico magistrado de Comodoro Py.

Otros le adjudican a García “haberle dado letra” a un columnista político sobre el frustrado trámite de ese expediente, algo que en el entorno de García desmienten enfáticamente.

“Algunos suponen que no era cómodo trabajar con alguien que no era del riñón kirchnerista”, sostuvo una persona cercana al hoy desplazado secretario. García es un abogado del interior de militancia radical que llegó al Consejo en 2007, como asesor del abogado Pablo Mosca.

Se hizo cargo de la Comisión de Acusación, al ser designado por el plenario con la llegada de Miguel Piedecasas a la presidencia del organismo, a fines del 2015. En ese momento asumió la abogada Adriana Donato como titular de la Comisión, quien luego fue reemplazada por el diputado macrista Tonelli. García permaneció en el cargo cuando, en 2018, lo sucedió el entonces peronista Miguel Pichetto, hasta que el entonces senador dio el salto a Cambiemos, y lo reemplazó como vice nuevamente Tonelli. Los consultados por Infobae le reconocen un aceitado conocimiento técnico de los temas que pasaban por la Comisión.

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