Se define el futuro del juez Villena en la causa sobre presunto espionaje ilegal

La continuidad del juez federal Federico Villena al frente del megaexpediente que investiga distintas maniobras de espionaje político a políticos, jueces y gremialistas podría interrumpirse en las próximas horas. Es que depende de dos resoluciones que podrían firmarse en las próximas horas: una en los tribunales de Comodoro Py; y otra en los de La Plata.

Por un lado, en Comodoro Py, el juez Mariano Llorens de la Cámara Federal debe resolver si hace lugar a un planteo que motorizó el fiscal Guillermo Marijuan para oponerse a que se envíe a Lomas de Zamora el expediente en donde se investigó el atentado contra José Luis Vila, ex funcionario de Defensa del macrismo y cuyo caso permitió descubrir una red de espionaje político. La decisión podría conocerse entre hoy y mañana.

En La Plata, en tanto, la Sala I de la Cámara Federal también tiene en sus manos una definición sobre una presentación que hicieron los defensores de tres espías imputados: Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez. Los tres ex agentes de la AFI lo recusaron diciendo que Villena no era imparcial. Ayer hubo una audiencia exponiendo los argumentos. Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, los jueces se tomarían algunos días para analizar el expediente y dar una respuesta a ese planteo.

Lo cierto es que cualquiera de las definiciones podría dejar a Villena afuera de una parte o de todo el expediente que se gestó en Lomas de Zamora. Se trata de investigar a una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad, como son la Agencia Federal de Inteligencia, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, abogados y funcionarios de otros poderes del Estado, cuyo fin sería realizar distintas actividades en violación a la Ley 25.520. Una parte de esa asociación ilícita se dedicaba al espionaje de políticos de Cambiemos y la oposición, a jueces, periodistas, religiosos y gremialistas. Pero otra parte del expediente apunta a cómo se habría monitoreado a detenidos ligados al kirchnerismo.

El día que Cristina Kirchner fue a declarar como víctima a ese tribunal, inaugurando el desfile de querellantes con un video que difundió en sus redes sociales, hizo especial hincapié en que esta causa era “un verdadero e inédito escándalo” y aludió a “causas armadas” en las que la habían citado como acusada en Comodoro Py.

En 2018, una artefacto explosivo fue dejado en la casa de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri y con un pasado en el área de inteligencia -desde la Alianza hasta 2015-. La bomba decía “José Luis Vila ladrón”. Ya no vivía en esa casa donde dejaron la bomba y un llamado al 911 permitió entrar el explosivo sin que se activara.

La investigación por ese fallido atentado está en manos del fiscal Marijuan, delegada por el juez Sebastián Ramos. Marijuan avanzó en la investigación. También se le tomó declaración a una jueza de Córdoba, de la que también había hablado Vila en una denuncia ampliada. Al enterarse de las novedades del caso Vila, el ex funcionario fue citado a declarar a Comodoro Py.

El 29 de mayo, el juez Villena le reclamó a su colega Ramos que se inhibiera de seguir investigando y que le remitiera la causa, luego de avisarle que el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez le había revelado que un agente de la AFI, el abogado Facundo Melo, estaba vinculado a ese atentado y que él había descubierto una organización que desde las entrañas del Estado habían llevado adelante distintas tareas de espionaje.

El juez Ramos accedió a enviarle la causa por entender que en Lomas de Zamora se había abierto un caso más grande, que incluía el capítulo en la casa de Vila. Pero el fiscal Marijuan apeló hablando de que se intentaba establecer un forum shopping.

La definición está en manos del juez Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal, en una resolución unipersonal. Habrá que esperar para saber cuál es el alcance de su resolución si hace lugar al pedido de la fiscalía: si implica sólo al hecho de Vila, que fue es el que se investigaba desde 2018 en Retiro; o si ello implica atraer además el resto del caso que implicó el espionaje político a los políticos, jueces y gremialistas, entre otros.

Por lo pronto, el fiscal de Cámara José Aguero Iturbe acompañó en un escrito al que accedió Infobae el planteo de Marijuan con diferentes argumentos. El principal radicó en que sostener que los hechos de Vila ocurrieron en la órbita de la Capital Federal, y por lo tanto deben investigarse en Comodoro Py.

Pero además el fiscal afirmó que apenas “Verdura” habló del ataque a Vila, el juez Villena siguió adelante con la investigación y pidió la inhibitoria cinco meses después del inicio de su expediente, lo que implica que “durante ese tiempo instruyó una actuación en paralelo a la desarrollada por el magistrado instituido por ley para hacerlo, contraviniendo el principio del juez natural”

“Si de espionaje se trata, o de algún sistema alambicado de escuchas ilegales dirigidas a socavar la intimidad de funcionarios y magistrados por igual (lo que importa, a no dudarlo, un hecho de inusitada gravedad), no puede cohonestarse en modo alguno la existencia, también en esta jurisdicción, de la causa CFP 4262/2017 (...), cuya fecha de inicio fácil se advierte es de años atrás en relación a la sustanciada en Lomas de Zamora. Y si de objeto procesal se trata, el de acá resulta más amplio que el de allá”, dijo.

Se trata de la causa que instruye el juez Rodoldo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado, que se abrió hace dos años tras la publicación en el diario La Nación de un articulo llamado “El pestilente círculo negro del espionaje”, del periodista Carlos Pagni, en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal, en ese caso vinculadas a la AFI. En ese marco, fue la propia AFI la que radicó la denuncia y se hicieron distintas tareas de inteligencia. Allí se detectó que se habían consultado sin justificación legal distintas bases de datos de Migraciones y AFIP sobre diferentes personalidades del espectáculo, periodistas y también sobre una veintena de jueces.