La incertidumbre sigue siendo el principal dato de la pelea contra el coronavirus. La cuarentena será extendida con características que mañana terminará de discutir Alberto Fernández con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. La decisión de fondo está tomada: será más dura en el principal conglomerado urbano del país, aunque se teme por el cumplimiento efectivo de una sociedad en estado de múltiple agotamiento. Por eso mismo, resultará crucial el mensaje –y en eso trabaja el Presidente- más allá del pedido de un impreciso último esfuerzo. El anuncio llegará en medio de contradicciones discursivas evidentes: una apuesta al temor como rudimentario recurso para garantizar respuesta social, en contraposición con el ensayo de mostrar reactivación económica gracias a cierta flexibilidad progresiva del aislamiento.
Esas contradicciones tienen un denominador común: la preocupación por lo que algunos denominan fatiga social, combinación de los desgastantes efectos psicológicos de la cuarentena y el agravamiento de la situación económica a gran escala y en términos personales. Por momentos, a eso se agregan pinceladas de confusión desde el Ministerio de Salud, como los planteos de necesarias y mayores restricciones para “organizar” el sistema de respuesta después de cien días de aislamiento, algunos números poco claros sobre el real cuadro de capacidad del sistema de salud público y privado, y estimaciones ligeras que van desde una prolongación del aislamiento hasta la primavera o más allá, hasta la Navidad. Eso, más el contrapunto de posiciones –al menos verbales- entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
Por supuesto, tales “desprolijidades” –según el eufemismo que circula en ámbitos oficiales- tienen origen en los temores que recorren a las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas. Y explican la coincidencia de todas las fuentes al menos en un punto: será decisivo el mensaje presidencial, tal vez mañana mismo, luego de la cita con Kicillof y Rodríguez Larreta.
Esta vez, dicen, el énfasis debería estar puesto en el “dramatismo” de la situación, con explicación detallada de las nuevas y duras restricciones –más allá del nombre que se le ponga a la Fase-, sobre todo en materia de transporte y con posible reducción de comercios y limitación mayor de la actividad bancaria. También, enfatizan, debería ser expuesta una perspectiva temporal, un horizonte sobre el más severo capítulo que ya estaría a la vista. No alcanzaría con un genérico llamado a no dilapidar el esfuerzo colectivo que representa la larga cuarentena, cuando al mismo tiempo se expone fragilidad frente al anunciado pico. Otra contradicción.
Las estimaciones que se hacen en el circuito político y de gestión –oficialista y opositor- reconocen las dificultades para una marcha atrás en la circulación barrial. Es visible. Y es más complejo el cuadro en los barrios más vulnerables, por razones sanitarias de muy largo arrastre y graves problemas en materia habitacional, como se vio incluso en los primeros días de la cuarentena. En líneas generales, se advierte que sería muy difícil volver a las limitaciones iniciales aun donde eran cumplidas. Las restricciones en el transporte no alcanzarían.
El resultado tal vez sea otra vez una mala combinación entre flexibilidad de hecho en las calles y efectos directos de freno en la economía. La menor actividad comercial, ya bastante deprimida, y las limitaciones formales o prácticas –por ejemplo, de transporte y seguridad- para sostener la producción en rubros reabiertos volverían a frenar los repuntes que desde fines de mayo busca difundir el Gobierno, sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El ministerio a cargo de Matías Kulfas viene explicando cierta mayor actividad en base a algunos datos –el consumo de energía eléctrica, entre los más difundidos-, como efecto de la mayor apertura en buena parte de las provincias y algunas actividades que comenzaron a moverse en el Gran Buenos Aires y también en la Capital. Son, no los presentan de este modo, porcentajes realmente modestos y en comparación con abril, pero por debajo de los ya pobres números de la primera parte de marzo, antes de la cuarentena.
Ayer mismo, el INDEC informó cifras alarmantes sobre la caída del PBI aún antes del impacto de lleno del aislamiento frente a la pandemia: 5,4% en el primer trimestre del año. En medios económicos, se proyecta hacia fines de año una caída de alrededor de 10 puntos. Esa cifra fue superando el consenso de hace apenas un par de semanas, que la situaba en 7 puntos porcentuales, y dependerá su proyección de la prolongación y profundidad de la cuarentena.
También ayer, el Presidente le dio aire vía Twitter a un video de Desarrollo Productivo que busca mostrar la mejora, comparando en general junio contra abril. Es decir, la etapa de mayor apertura contra el período de mayor dureza del aislamiento, que en rigor arrastró además los efectos de los últimos diez días de marzo. Hay elementos que parecen razonables: por ejemplo, el ya mencionado mayor consumo eléctrico por sector industrial. Y otros gravemente forzados: afirmar que medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia evitaron que entre 2,7 millones y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y la indigencia. Poco serio frente a un panorama que -según trabajos y proyecciones de consultoras privadas, de organismos internacionales y de la UCA, entre otros- asoma con índices de pobreza alarmantes hacia fin de año.
Con este marco, resulta difícil el objetivo presidencial de ir difundiendo la idea de una agenda post cuarentena, cuando además está pendiente la renegociación de la deuda. Más difícil asoma en medio de las incertidumbres y la proyección del aislamiento social. Tal vez una fórmula razonable debería combinar mayor realismo y menor temor.