Alan Ruiz, jefe de la Operaciones Especiales de la AFI en la gestión Macri, seguirá preso en la causa por el espionaje a CFK

Alan Ruiz, el jefe de Operaciones Especiales de la AFI durante los dos últimos años del gobierno macrista, deberá seguir detenido. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé le negó la excarcelación que había solicitado su defensa. Ruiz aseguró que la vigilancia que se hizo en el Instituto Patria y en la casa de Cristina Kirchner fue una tarea legal para prevenir un posible atentado en la previa de la cumbre del G20 y otros eventos internacionales.

Pero la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de esa investigación junto al fiscal Santiago Eyherabide, tiene otra hipótesis: apoyada en tres testimonios de espías de identidad reservada, sostiene que fue un espionaje ilegal que duró más de un mes y al que después se le buscó darle cobertura judicial. Busca saber quiénes dieron la orden para que eso ocurriera.

En ese marco, solicitó que Ruiz siga preso mientras busca una serie de pruebas o al menos hasta que definan su situación procesal. No obstante, el juez abrió un incidente de prisión domiciliaria, a pedido de la defensa.

“El hecho de que el causante Alan Ruiz habría llevado a cabo su actividad ilícita desde el propio Organismo del Poder Ejecutivo, en función de ocupar un rol como alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia, contando con recursos humanos, técnicos y gran cantidad de vínculos que podrían ser aprovechados por el nombrado para impedir la obtención de distintas pruebas para demostrar la maniobra en toda su magnitud y alcance, tal circunstancia amerita la adopción del temperamento a adoptarse”, dijo el juez, en una resolución en donde subrayó la “gravedad institucional” de las maniobras investigadas, “la trascendencia e inquietud general que la conducta ilícita desplegada implica” y “el interés social en la realización de justicia”.

Lo que está claro, en la documentación a la que accedió Infobae, es que el auto en la puerta del Instituto Patria, registrado por las cámaras de seguridad, fue detectado en agosto de 2018 y eso generó la denuncia del kirchnerismo en los tribunales de Comodoro Py 2002. Fue el 5 de octubre de 2018 cuando, en una nota firmada por el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, José M. Padilla, cuando la agencia presentó el informe al juzgado de Federico Villena de casi 150 páginas en donde le avisaban que distintas personas podían ser blanco de atentados frente a distintos eventos mundiales que iban a desarrollarse en Buenos Aires, que entre ellas figuraba Cristina Kirchner y que tras haber hecho las averiguaciones correspondientes el riesgo había quedado descartado.

Por lo pronto, Infobae accedió a los detalles de la versión que dio Alan Ruiz en su indagatoria en la causa por la que fue detenido. Sin disparar directo hacia arriba, como se especulaba, el jefe de Operaciones Especiales entre 2018 y 2019, que llegó a la AFI tras haberse desempeñado en le Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich buscando prófugos, hizo un descargo en donde aclaró que no respondería a todas las preguntas por consejo de su abogado Leandro Emsani. Allí justificó las acciones que se llevaron adelante en la estructura de inteligencia y aseguró que todos era reportado a sus superiores, tal como publicó este medio el lunes.

Pero lo que no se sabía era que Ruiz había acusado a los tres espías que, como él, están investigados en la causa del juez Federico Villena y que lo sindican como el responsable de haber ordenado la vigilancia a distintos politícos y periodistas. “Les pedí a mis superiores que desvinculen a esta gente del equipo que no sólo no se quería integrar al trabajo dentro de la agencia, sino que quería seguir trabajando sólo por fuera y con negocios turbios”, sostuvo Ruiz. Los acusó de haber sido los que llevaron adelante el espionaje a Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño.

“Me encontré con gente que trabajaba fuera de la AFI, en un departamento en Mataderos, al que le decían la cueva. Era una mezcla de agentes orgánicos, gente que vino en comisión de la Policía y gente que no era de ningún lado”, dijo. Uno era ex penitenciario, llamado “Angelito”, que vendía dolares en la calle Florida y “lo usaban para ir a algunas marchas”. También un hombre conocido como el “Tano” Cicarelli, “que estaba obsesionado con el intendente de Avellaneda” Ferraresi. Había un tercero que les hacía de chofer.

“Empecé a pedirles de a poco que se vayan yendo todos porque no me gustaban los negocios que escuchaba que tenían –dijo– Nunca quisieron ir a la agencia y con ellos tuve un enfrentamiento bastante fuerte porque yo considero que respondían a varias personas e intereses”.

A Melo lo señaló como “abogado de barras bravas de Boca, de Lanús y de Independiente”. El abogado al que se vinculó con el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez defendía a Diego Lagaronne, acusado en la causa de Independiente, y denunció en la Justicia que Ruiz le pidió que forzara una declaración de su cliente contra Pablo Moyano. Ruiz, en cambio, disparó sobre Melo diciendo que él ofrecía a su defendido “para que diga lo que quiera” y que él le aseguró que eso no le servía de nada. También que en un momento le pidió que hablara con Patricia Bullrich para “habilitar algunos barras de Boca bloqueados para entrar a la cancha” que eran “de la línea de Maxi Mazzaro” para “tomar el control de la hinchada”.

Sobre Araque, dijo que le planteaba “negocios” con empresarios que tenían vínculos con el Estado. Puso como ejemplo el caso de Roxana Lusardi, cuya empresa “le da alimentos al Servicio Penitenciario Federal al Estado”. Y aseguró que le había solicitado una gestión ante el entonces secretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Bautista Mahiques, para que a esta mujer, amiga suya, le pagaran una deuda, algo que él aclaró no haber realizado.

Al “Turco” Sáez lo señaló como “el que armó todo el grupo operativo de calle que trabajaba afuera de la agencia a pedido de Diego Dalmau Pereyra”, el ex jefe de Contrainteligencia que se alejó en 2018 con un pase a Chile cuando él llegó.

Según afirmó, esos tres espías se habrían vinculado con empresarios “que podían estar vinculados con algún problema legal”. También los vinculó a una banda de gitanos que estafaban a jubilados en zona Norte y prometió entregar los datos precisos de esa denuncia.

Las acusaciones sobre el trío Araque-Melo-Sáez volverán a repetirse cuando Ruiz declare en la causa de Villena. En este capitulo, esos espías no están vinculados al espionaje en el Patria, porque la vigilancia la hicieron otros agentes de carrera que se convirtieron en testigos de identidad de reservada y aseguraron que Ruiz les había encomendado las tareas en el Patria y que ellos les dijeron que les parecía “una locura” y que se habían negado a hacerlo.

En su descargo, Ruiz afirmó que había tenido “varias reuniones con los directivos” de la AFI cuando el responsable del área de Terrorismo le planteó la posibilidad de que podía comprometerse la seguridad nacional frente a la Cumbre del G20, los Juegos Olímpicos de la Juventud y un encuentro de la Organización de Comercio. El tema fue objetivo de reuniones entre mayo y julio de 2018 a veces varias veces por día. Recordó cómo se puso una bomba en un depósito de basura que terminó con la muerte de un operario, un cortocircuito en una terminal de luz, una amenaza a la diputada Graciela Ocaña y el explosivo que pusieron en el cementerio de la Recoleta, donde terminó herida de gravedad una activista.

“En el Instituto Patria había una posibilidad de un atentado además de la casa de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner para lo cual se instaló un equipo de vigilancia en la cuadra del Instituto Patria y en el departamento de la calle Uruguay que era sólo vigilancia. Nunca se siguió el auto donde se desplazaba la ex presidenta ni a ella ni a ninguno de sus hijos –sostuvo–. Ninguno de estos seguimientos políticos”.

Aseguró que si Cristina Kirchner llegaba o salía de algunos de esos domicilios, los espías se retiraban “para no chocar con la custodia”. También dijo que se le había pedido al Gobierno de la Ciudad saber si había cámaras en esa zona, pero la respuesta fue negativa: no estaban instaladas.

Sobre el tema de la justificación legal de esas diligencias, Ruiz afirmó que el área de Jurídicos “era el que manejaba los contactos con la Justicia y elevado a los pedidos a distintas direcciones”.

Cuando lo consultaron por la encargada de Documentación Presidencial Susana Martinengo, Ruiz afirmó que la vio en dos oportunidades. Una cuando fue llevarle a Sáez trabajo a un restaurante y estaba almorzando con la funcionaria de Macri, y otra vez cuando estaba con Araque. Fue Cristina Kirchner, en su rol de querellante, la que reveló el dato de las visitas de los acusados a la Casa Rosada.