Gran parte de la denominada “causa de los cuadernos” está en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal 7 que deberán decidir cuándo y cómo llevan adelante el juicio oral contra la vicepresidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios K y allegados, junto a una veintenta de empresarios, por acusaciones de “asociación ilícita” y coimas. Sin embargo, algunos hilos sueltos de ese expediente quedaron en el juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, donde ahora comenzó a cerrarse el capítulo “Techint”, la empresa que había quedado salpicada por el escándalo.
Es que el juez Marcelo Martínez De Giorgi resolvió revocar el procesamiento de Luis Betnaza, acusado de cohecho activo (pagar coimas) a la asociación ilícita que, según Comodoro Py, funcionó detrás de las anotaciones de Oscar Centeno. En sintonía, el magistrado revocó también los procesamientos de Cristina Kirchner, De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de De Vido, José María Olazagasti, y el ex titular del OCCOVi, Claudio Uberti. Para todos se dictó la falta de mérito.
Así, ya no hay más procesados por el capítulo Techint en la causa de los cuadernos, el expediente que revolucionó el mundo político y empresario en agosto de 2018.
En la resolución a la que accedió Infobae, el juez afirmó que “se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa a fin de determinar si los pagos efectuados por el ‘Grupo Techint’ pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela”.
Planteó “pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor”, e incorporar a la causa los datos de “los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR, como así también, determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período”.
Tal como publicó este medio apenas estalló el escándalo, la empresa Techint aparecía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Primero fue detenido Héctor Zabaleta, encargado de entregar dinero negro a Roberto Baratta, y declaró como arrepentido, admitiendo los pagos. Luego declaró Luis Betnaza, director de la compañía, quien reconoció haber hecho pagos al Gobierno porque se buscaba que la administración K intercediera ante el gobierno de Hugo Chávez por la expropiación que se iba a hacer en Venezuela de la empresa Sidor, pertenecía al Grupo Techint.
Bonadio estableció que directivos de Techint tuvieron reuniones con Uberti, De Vido, Olazagasti y Baratta con el fin de que “intercedieran para lograr el cobro de la empresa, pues valía mucho”. En ese contexto, dijo Bonadio, los funcionarios argentinos “comenzaron a pedirle a los directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de Venezuela”. Y así procesó a la hoy vicepresidente y esos ex funcionarios, junto a Betnaza.
La Cámara Federal confirmó el procesamientos de Betnaza por cohecho activo y dictó el de Zabaleta, a quien Bonadio no había procesado, en sintonía con todas las segundas líneas de empresarios que se arrepintieron.

Cuando Bonadio llamó a Paolo Rocca, CEO de Techint, el empresario aseguró: “Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa”. Detalló además cómo funcionaba el grupo que opera en diferentes países y emplea a miles de personas.
Bonadio lo procesó también por las coimas. “El cargo que (Paolo Rocca) ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico al cual pertenecía”, dijo el juez y lo embargó por 4 mil millones de pesos. En abril de 2019, sin embargo, la Cámara Federal revocó ese procesamiento de Rocca y en junio el fiscal Carlos Stornelli no incluyó los nombres de Betnaza y Zabaleta a la hora de pedir la elevación a juicio del resto de los involucrados.
Ahora, el juez Martínez De Giorgi –que asumió el juzgado federal 11 tras la muerte de Bonadio en febrero pasado– dispuso revocar el procesamiento de Betnaza, Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, Olazagasti y Uberti por esos hechos que habían quedado en instrucción.
Lo hizo al tomar como precedente la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que analizó la situación de las segundas lineas de empresarios que no tenían procesamientos confirmados. “Si bien oportunamente se dispuso el procesamiento” de Betnaza, Cristina Kirhcner y otros, dijo Martínez De Giorgi, “los argumentos expuestos por la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, al momento de resolver respecto de la situación procesal de Héctor Alberto Zabataleta, sumado a lo solicitado por la defensa de Luis María Cayetano Betnaza, imponen hacer extensivo los alcances de dicho resolutorio a los demás procesados” por este tramo de la investigación sobre Techint.
En la misma resolución, el juez también dispuso el sobreseimiento del empresario Sergio Tasselli, que llegó a estar detenido en el caso, pero que no había tenido que ver con el caso de las anotaciones de Oscar Centeno donde el que terminó involucrado fue su hermano, Alberto Tasselli, que fue enviado a juicio. “A lo largo de la investigación llevada a cabo en el sumario, no pudieron incorporarse nuevos elementos de prueba que permitan acreditar alguna participación de (Sergio Tasselli) en los mismos”, dijo.
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