Acorralada por la crisis, la CGT no logra confirmar una nueva reunión con el Gobierno y apuesta a acercarse más a los empresarios

Mientras espera una convocatoria del Gobierno para buscar salidas a la crisis económica, la CGT está decidida a estrechar lazos con el empresariado con la convicción de que no existe otra forma para encontrar las alternativas al cierre de las compañías y la pérdida de las fuentes de trabajo.

Estaba previsto que la central obrera participara la semana pasada de la reunión del gabinete socioeconómico, pero a último momento fue postergado por pedido del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Lo pasamos para la semana próxima”, les prometieron. Hasta el momento, los sindicalistas tampoco tienen confirmado si el encuentro se hará este miércoles. Pero todo indica que, ante la preocupación por el aumento de los casos de COVID-19, pasará para la semana próxima.

Las idas y vueltas no sólo confirman que la pandemia está dominando la agenda oficial, sino también que la CGT no logra consolidarse ante el Gobierno como un interlocutor válido, pese a la evidencia de que cada vez son más los problemas que ocasionan los 95 días que ya lleva cuarentena obligatoria en la actividad económica y que tienen consecuencias directas sobre los trabajadores.

La falta de confirmación del encuentro con el gabinete socioeconómico derivó en un virtual congelamiento de la CGT: también se postergó la convocatoria al consejo directivo, que, como estaba previsto, deberá analizar qué se logró en el postergado contacto con los funcionarios.

Los sindicalistas insisten en que necesitan resolver cómo será la “post pandemia” en materia socioeconómica, mientras que la Casa Rosada prefiere no llegar a definiciones que hoy parecen lejanas: si se concreta el encuentro, los funcionarios quieren anticiparles a la CGT y a los empresarios qué cambios harán en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Por un lado, la ayuda estatal para pagar el 50% de los salarios de las empresas en crisis sólo se mantendría en aquellas zonas del país en donde se mantenga la paralización de las actividades y en donde se haya flexibilizado el aislamiento el subsidio se convertiría en un crédito. Por otro, no lo cobrarán las empresas que tengan más de 800 empleados, a menos que sean de sectores críticos.

La CGT, así como la UIA, pretenden que el ATP se destine también al pago del medio aguinaldo de junio, pero las señales oficiales al respecto son negativas. Son cada vez más las empresas que están negociando el pago fraccionado del aguinaldo y los estatales, como ya lo anunció el Gobierno, también lo cobrarán en dos cuotas cuotas si perciben por encima de $40.000 brutos.

Esta medida para el Estado puso en pie de guerra a los sindicatos UPCN y ATE, aunque también en las últimas horas se sumó la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, porque afecta a los empleados de las entidades oficiales: “Reclamamos que el decreto respectivo se deje sin efecto, en tanto iniciamos las acciones judiciales pertinentes”, advirtió el sindicato.

En la CGT saben que la profunda crisis es compleja de abordar con fórmulas generales y, más allá de las declaraciones públicas, tuvo que dejar en libertad de acción a los sindicatos para resolver los problemas salariales y laborales de acuerdo con las posibilidades de cada sector.

Su aporte institucional fue hasta ahora el acuerdo alcanzado con la UIA para facilitar las suspensiones del personal sin tareas con el pago del equivalente al 75% del sueldo neto, una herramienta criticada por algunos sectores sindicales aunque permitió establecer un piso en las negociaciones de aquellas empresas que están afectadas por la parálisis de las actividades que ocasionó la cuarentena.

Las afinidades que crecieron durante la pandemia entre la CGT y la UIA incluyeron una similar postura frente a los proyectos para regular el teletrabajo que analizan en Diputados: coincidieron en que no hace falta una ley sino dejar que la modalidad se siga negociando en las convenciones colectivas.

Hay muchas más charlas que las que se conoce entre dirigentes sindicales e industriales, y en las últimas horas volvieron a comprometerse a un encuentro para avanzar en algún mecanismo que permita transformar el diálogo en propuestas consensuadas para salir de la crisis.

Los une la misma sensación de que el Gobierno no los escucha porque está volcado a la emergencia sanitaria y continúa desatendiendo las propuestas para reactivar la economía tras la cuarentena.

El mejor símbolo de esta relación empresario-sindical que se consolidó con la pandemia fue la flamante incorporación de Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y dirigente de la CGT, al consejo de administración del CIPPEC, la organización dedicada al análisis y generación de ideas sobre políticas públicas, en donde están empresarios como Sergio Kaufman, Isela Constantini y Gastón Remy.

Mientras, el mismo Martínez sigue insistiendo para que los funcionarios nacionales atiendan la parálisis de la construcción, que se convirtió en el sector con mayor pérdida de empleos, y mantiene negociaciones para poner en marcha la obra privada en la Ciudad de Buenos Aires.

Alguien sin una añeja tradición en el sindicalismo como Facundo Moyano fue el que, ante Infobae, se animó a proponer cambiar el sistema laboral, impositivo y previsional para combatir el trabajo en negro. ¿Por qué ese tipo de propuestas, o cualquier otra para salir de la crisis, no surge de la CGT?

Quizá porque, acorralados por el parate económico, las dificultades en el empleo, la caída en la recaudación que afecta a las obras sociales y la falta de diálogo con el Gobierno, los dirigentes de la CGT están presenciando cómo se agrieta ese imperio construido en décadas de poder, capacidad de presión e influencia política y sólo esperan que termine de una vez la pesadilla de la pandemia para volver a la realidad. Lo peor es que intuyen que la realidad que viene ya no será igual a la que tanto extrañan.

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