Avanza en Diputados la regulación del teletrabajo, pese a las objeciones de sectores empresariales y de la oposición

Los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados intentarán este miércoles emitir un dictamen consensuado sobre el proyecto para regular el teletrabajo, aunque algunos legisladores afirmaron que “todavía está abierta la discusión” sobre algunos puntos de la iniciativa que fueron cuestionados por diversas entidades empresariales.

El sector patronal expuso su postura esta mañana durante la tercera y última reunión informativa de esa comisión legislativa, que se extendió durante un poco más de tres horas y en la que también opinaron sobre el teletrabajo juezas del fuero laboral, abogados y especialistas.

En el encuentro, que se realizó mediante una videoconferencia, las objeciones planteadas por los miembros del empresariado incluso fueron consideradas “entendibles” y en algunos casos compartidas por legisladores opositores de la UCR y de la Coalición Cívica, que coincidieron en que la comisión debería tomarse más tiempo para analizar un proyecto de estas características.

Las críticas empresariales incluyeron desde el hecho mismo de que haya una ley para regular el teletrabajo, porque esa modalidad ya existe y se reglamenta a través de los convenios colectivos, hasta la posibilidad de que ciertos aspectos que figuran en los proyectos de ley sobre el tema impacten negativamente en el sector de las pymes porque están pensados para grandes empresas.

La primera entidad en fijar su posición fue la Unión Industrial Argentina (UIA) a través de Carolina Castro, integrante del comité ejecutivo de la entidad, quien afirmó que “las normas laborales tienen que poder combinar muy inteligentemente la eficiencia en el desarrollo de la actividad y la protección de los trabajadores”, pero consideró que “el debate en esta comisión no ha logrado dar cuenta de este doble objetivo, sino que atiende a sólo uno de ellos”.

A continuación, la jefa del Departamento de Política Social de la UIA, Laura Giménez, detalló la posición de la central fabril. Con respecto a “la decisión de establecer pisos de protección” mediante una ley, dijo que “al no estar frente a un nuevo tipo de contratación, sino en presencia una modalidad de trabajo, son de aplicación todos los principios generales de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Se manifestó en favor de “permitir que los aspectos más específicos de estos contratos se adecuen a partir de los convenios colectivos y/o los contratos individuales o plurindividuales que se celebren”, algo que juzgó “muy importante tener presente durante la discusión de todo el proyecto para no generar normas que puedan interferir con la negociación colectiva, o terminar convirtiendo en antijurídicas prácticas que pueden ser vitales para el desarrollo de la actividad en algunos sectores de la economía y que no afectan el orden público laboral en modo alguno”.

Al referirse a los principios de voluntariedad y reversibilidad, que figuran en varios de los proyectos sobre el teletrabajo, Giménez coincidió en que “el trabajo remoto conectado debe ser acordado en forma voluntaria por las partes y sus características, pactadas por escrito” y que, “sea la modalidad propuesta por iniciativa del trabajador o el empleador, debe garantizarse el respeto por las facultades de organización y dirección del empleador que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo”, por lo cual, destacó, “es el empleador quien finalmente determina” cuándo puede aplicarse o no esta modalidad.

La dirigenta industrial opinó, de todas formas, que “el pedido de reversión ha de ser iniciativa tanto del empleador como del trabajador y debe siempre estar fundado en cuestiones fácticas y objetivas”, y sostuvo que “los 30 días de preaviso son un factor necesario para garantizar el ejercicio razonable del derecho de reversión tanto por parte del trabajador como de sus empleadores”.

Solicitó, por último, que “la entrada en vigencia de esta ley se disponga para 180 días después de que cesen las medidas dispuestas en la emergencia sanitaria para permitir un retorno lo más armonioso posible a las actividades y evitar los conflictos que puedan derivarse de la colisión entre las nuevas disposiciones y las modalidades de teletrabajo ya adoptadas”.

Luego habló el coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Esteban Mancuso, quien recordó que el 90% de las empresas del país son pymes y que “les resultará cuesta arriba” afrontar los mayores costos que fije la ley para aplicar el teletrabajo. Por ejemplo, dijo que no entiende qué cobertura brindarían las ART a los teletrabajadores y se preguntó “si de esa forma no aumentaría el valor de las alícuotas y se incrementaría así el costo laboral”.

Advirtió también que “no está claro” en los diversos proyectos cómo se instrumentará el derecho a la desconexión digital y planteó que, en caso de que no se lo reglamente, un mail enviado por un jefe a un empleado fuera del horario de trabajo “podría constituir una injuria laboral”.

Mancuso alertó acerca de la fiscalización del teletrabajo, ya que si hoy no se llega a controlar en las empresas, expresó sus dudas sobre cómo se cumplirá esa tarea en los domicilios de los trabajadores.

El siguiente orador fue el vicepresidente 2° de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, para quien “son muchas las condiciones que se le exige al empleador”, por lo que también pidió que la nueva ley se aplicara “tiempo después” de levantada la cuarentena y propuso “regular el teletrabajo, pero con una mirada equillibrada entre el empleado y el empleador”.

A continuación, el vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, reclamó que “ninguna regulación del teletrabajo derive en la precarización laboral” y planteó la necesidad de que se pague “un plus salarial del 20 o 30% (a los teletrabajadores) para cubrir los sobrecostos de electricidad, gas e internet en los domicilios”.

Leo Bilanski, titular de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), compartió después los resultados de una encuesta realizada por esa entidad entre 500 empresas chicas y medianas, de donde surgió que el 60% de las pymes no podrán afrontar mayores costos por el teletrabajo y que para el 35% de ellas será imposible aplicar esta modalidad ”por su perfil productivo”.

Señaló que “no puede haber una legislación genérica para todas las empresas” con el fin de regular el teletrabajo porque “no es lo mismo una empresa de 10 trabajadores que una de más de 200″ y dijo que “no está claro que esta coyuntura sea buena para legislar” sobre esta modalidad laboral. “Puede ser más el perjuicio que el beneficio”, advirtió el dirigente empresarial.

Por su parte, el titular de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo, destacó la dinámica en su actividad, en donde en el año 2000 trabajaban unas 15.000 personas y exportaban sólo 10 millones de dólares, mientras que hoy se desempeñan en el sector en 155.000 personas y las exportaciones llegan a los 2.000 millones de dólares.

Afirmó que “hay demanda de empleados argentinos por parte de empresas internacionales, pero en forma remota, lo cual es una complicación porque se compite contra la oferta extranjera y a los empleados se los deja sin aportes y contribuciones”, pese a que en la industria del software, según aseguró, “el empleo está totalmente en blanco”.

En la reunión informativa hablaron, además, distintos diputados oficialistas y opositores: se destacaron las intervenciones de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y de Dolores Martínez, de la UCR, quienes coincidieron en que debían considerarse las “entendibles” observaciones de los empresarios y que se debía incluir un incentivo para que las pymes puedan aplicar el teletrabajo.

Del encuentro participaron representantes de los jueces del fuero laboral. La titular de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), Graciela Craig, destacó que “cuanto más clara y abarcativa sea la norma, se facilita la tarea del Poder Judicial para resolver los conflictos de la mejor manera posible”. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (AMATRABA), Marcela Vodeb, puntualizó que “existe un vacío legal sobre el teletrabajo al que hay que darle respuesta”.

También habló durante la reunión informativa el abogado y ex diputado kirchnerista Héctor Recalde, que fue presentado como “asesor de YPF”: alertó sobre la precarización laboral luego de asegurar que, aunque están prohibidos los despidos, en abril se registraron 91.000, mientras que “por accidentes de trabajo muere un trabajador cada 14 horas” .

Por eso dijo que para controlar el teletrabajo “hay que profundizar la fiscalización”, preservar el derecho a la intimidad del trabajador y garantizar el respeto de los horarios para evitar “la autoexplotación del trabajador”. “Es un gran desafío para llegar a una solución lo más equilibrada posible, pensando en la emergencia más que en una legislación para siempre”, dijo el abogado

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que encabeza Vanesa Siley, del Frente de Todos, ya comenzó la tarea de consensuar las distintas propuestas contenidas en 14 proyectos de ley presentados por el oficialismo y por la oposición, con la idea de elaborar un solo texto que pueda ser aprobado en el recinto. Para ese objetivo fue convocada la comisión para este miércoles, a las 15.

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