Las legislaturas de 13 provincias -tanto unicamerales como bicamerales- están trabajando de manera virtual, mientras que las de otros diez distritos lo siguen haciendo de manera presencial, aunque con protocolos. En la provincia de Buenos Aires, el Senado optó por la modalidad remota, en tanto que la Cámara de Diputados lo hace con una modalidad mixta, con solo los jefes de bloque y autoridades en el recinto. Así surge de un relevamiento realizado por la Fundación Directorio Legislativo, que analizó el funcionamiento y grado de transparencia de las cámaras legislativas de las provincias en el contexto del Covid-19.
A partir del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dictado por el gobierno nacional, la mayoría de las legislaturas debieron suspender transitoriamente sus actividades y tardaron en adaptarse al nuevo contexto sanitario. Sin embargo, actualmente, todas implementaron medidas para garantizar que sus integrantes continúen con sus debates y actividades.
Las pioneras en sesionar por primera vez mediante videoconferencia fueron las dos cámaras mendocinas. Inauguraron la modalidad remota el feriado del 24 de marzo, no en el recinto habitual, sino en el hall del Nuevo Anexo Legislativo. La Legislatura de Mendoza está habilitada por la Constitución de provincia para trasladar las sesiones al lugar que corresponda si esto es necesario por “causa grave”. La Cámara de Diputados de esa provincia emitió, posteriormente, un reglamento para el uso de plataformas tecnológicas.
Le siguió la Legislatura de Córdoba, que fue habilitada a sesionar de manera remota el 26 de marzo a través de un decreto dictado por el vicegobernador Manuel Calvo. La norma considera que la dirigencia política debe ser “la que más se comprometa”, y que a la vez debe dar “el ejemplo cabal de cumplimiento estricto del aislamiento social y la cuarentena”. Asimismo, aclara que las sesiones no presenciales tendrán validez solo mientras dure la presente situación sanitaria y el aislamiento social obligatorio, con el fin exclusivo de tratar situaciones de emergencia.
Otras legislaturas que comenzaron a sesionar de manera remota a partir de decretos o resoluciones fueron el Senado de Catamarca, la Legislatura de Entre Ríos y la Cámara de Representantes de Misiones, donde además la Constitución provincial prevé la modalidad. Otras cámaras legislativas debieron modificar previamente su reglamento interno, como el Senado de Entre Ríos; el de la provincia de Buenos Aires, y la Cámara de Diputados y de Senadores de Salta.
Algunas legislaturas, como las de Jujuy y Chaco, decidieron mantener la modalidad presencial para sesionar con estrictos protocolos sanitarios.
Poco información parlamentaria disponible
Sin embargo, la Fundación Directorio Legislativo advierte que las decisiones que se tomaron en el marco de la pandemia no cumplieron con los estándares de transparencia esperados. “El escenario previo al COVID 19 ya presentaba grandes ausencias de datos legislativos y administrativos por parte de las legislaturas provinciales. La falta de transparencia no es actual ni responde a la pandemia; es más bien una deuda histórica de los poderes legislativos en la Argentina. Lo que pasa es que en un contexto como el que vivimos, se agudiza”, afirma Mercedes De los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la Fundación Directorio Legislativo.
Del informe elaborado por esta ONG, surge que sólo 14 de las 32 cámaras de las relevadas difunden un registro actualizado de sus sesiones, que posibilita un seguimiento detallado por parte de la ciudadanía. Pero los registros del Senado de la Provincia de Buenos Aires, el de de Catamarca y las Legislaturas de Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, San Luis y Tierra del Fuego están desactualizados.
Solamente 8 de las 32 cámaras (el país tiene 16 legislaturas unicamerales y 8 provincias que tienen sistema bicameral) informan en su web el trabajo de sus comisiones, ya sea proyectos tratados, dictámenes, versiones taquigráficas y/o transmisión en plataformas digitales como YouTube.
El informe de Directorio Legislativo precisa que otros 22 cuerpos legislativos suben la información de manera tardía y/o incompleta. Se trata de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Senado de Salta y Legislaturas de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. “Solo indican qué legisladores componen las comisiones, no disponen de información de contacto, no difunden las fechas en que se reúnen o no publican los proyectos y temas a tratar”, se advierte.
Por otro lado, únicamente 5 de las 32 cámaras publican su calendario de actividades legislativas de manera clara y amigable. Directorio Legislativo destaca como ejemplo de buenas prácticas en ese sentido a la Cámara de Diputados y el Senado de la Provincia de Entre Ríos. “Otras 9 lo hacen de forma parcial al omitir días y horarios de sesiones y/o reuniones de comisión. En algunos casos, solo se limitan a indicar las actividades del día”, se señala en el informe. Es el caso de las Legislaturas de Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Río Negro y Santa Fe.
Si bien casi la totalidad de las páginas web de las legislaturas provinciales cuentan con secciones de prensa o noticias para dar a conocer sus actividades, la información que se brinda es limitada y no permiten una análisis profundo de las cuestiones que se tratan en los recintos y en las reuniones de comisión. Tampoco es posible, en la mayoría de los casos, acceder a un registro del voto de los distintos legisladores en los diferentes temas que se tratan.
“En líneas generales, como la toma de decisiones durante la pandemia requiere decisiones rápidas, muchos mecanismos que existen para transparentar estos procesos de decisión no se respetan. De esta situación no están exentas las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación. Por eso, muchas de las informaciones que se publicaban antes del Covid-19, hoy no están disponibles o no fueron actualizadas con el argumento de crisis y de que la prioridad está puesta en otro lado”, advierte De los Santos, licenciada en Ciencias Políticas.
Pese a que falta avanzar en materia de transparencia, admite que existen diferencias entre las distintas legislaturas y destaca, en términos de buenas prácticas, la de la Ciudad de Buenos Aires. “Tiene información accesible sobre el trabajo de las comisiones, y algunas de ellas se difunden por YouTube, algo que parece muy sencillo, pero que no sucede en general. En muchas legislaturas, la información se encuentra desactualizada. No se publican los temas que se tratan, los proyectos que se modifican, ni hay información clara de quiénes pueden participar de una reunión de comisión. Saber quienes son los grupos de interés que inciden en las decisiones de los legisladores es clave para regular el lobby. No porque necesariamente esté mal exponer determinados intereses, pero esa información debería ser pública y no se encuentra disponible a nivel provincial, ni tampoco a nivel nacional”, observa De los Santos.
Dietas, personal y recursos
A la hora de informar cuánto ganan los legisladores, la escala salarial de los funcionarios y personal legislativo, prevalece la opacidad. El único portal oficial que lo publica es el de Legislatura de Chaco, pero la información se encuentra en formato cerrado y no especifica fecha de actualización, ni tampoco desagrega la composición del salario.
Ninguna legislatura publica la nómina de personal que trabaja activamente en formatos abiertos, ya sea planta permanente, transitoria o contratada.
Pese a tratarse de recursos públicos, tampoco abunda la información sobre cómo se utiliza el presupuesto de que disponen las legislaturas, sus gastos, compras y licitaciones. Sólo 9 de los 32 portales de las legislaturas provinciales desarrollaron secciones en las cuales se brindan datos sobre el presupuesto y su ejecución, la información es incompleta, está desactualizada y en un lenguaje técnico que dificulta su comprensión. El informe destaca que únicamente la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara de Diputados de Mendoza publican dicha información en formatos abiertos.
De los Santos reconoce que en relación a las legislaturas provinciales, el Congreso de la Nación tiene un mayor grado de apertura. “En general, por el hecho de estar el Congreso más en boca de la sociedad y en la agenda pública, ofrece más información a la ciudadanía. La ley de la Acceso a la Información Pública sancionada en 2016 por primera vez incluyó al Congreso como sujeto obligado, lo que hizo que el publicara más datos y responda en tiempo y forma a los pedidos. No obstante comparte con las legislaturas provinciales una deuda que tiene que ver con el trabajo parlamentario, en particular, en las Comisiones. No hay precisiones sobre las discusiones que tienen lugar, ni quiénes asistieron. Por otro lado, información como los gastos de los viajes y la nómina de personal es considera aún por el Congreso información “sensible”, según nos respondieron, y no se encuentra, o está incompleta”, concluye la directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la Fundación Directorio Legislativo.
“Contar con legislaturas abiertas” que comuniquen la actividad y labor legislativa y el uso de los recursos públicos “es fundamental para facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el control y monitoreo”, concluye el informe de esta ONG.
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