Plan B del Gobierno en el Congreso: se enfría la expropiación de Vicentin y analizan alternativas

El Presidente de la Nación contó, 11 días atrás, que Omar Perotti le había pedido ayuda para resolver la situación crítica de Vicentin, sus trabajadores y los productores y cooperativistas acreedores para evitar el enorme impacto sobre la economía provincial. Tras una charla con Cristina Kirchner anunció junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti la intervención y expropiación de la cerealera. Desde entonces se sucedieron los reclamos de los empresarios, el temor y resistencia de los industriales y de una parte del agro, la disputa ideológica entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio y la pelea en el terreno judicial. Para hoy fue convocado un banderazo en Córdoba y Santa Fe. Un costo político que el Presidente y el Gobernador intentaron disminuir con el nuevo anuncio.

Desde el Congreso Sergio Massa le había dicho al Presidente que si quería impulsar una ley de expropiación de Vicentin iba a tener una ley de expropiación de Vicentin. Le aseguró incluso el resultado de una eventual votación: 130 a 125. Se mostró tranquilo a pesar de las cuentas que sacaban otros y del malestar social. En público no habló, pero en privado le aclaró a Alberto Fernández que a su entender el camino más sensato era avanzar con un planteo en el marco del concurso que lleva adelante la Justicia.

El anuncio de Omar Perotti tras la nueva reunión que tuvo ayer en la quinta presidencial de Olivos no significa, aseguraban anoche en el Parlamento, que se descarte totalmente el proyecto de ley de expropiación. Y preparaban un plan B para el caso de que el juez que interviene en el concurso de acreedores no acepte el pedido de intervención a través de esa vía en lugar del decreto presidencial que imponía a Gabriel Delgado para ese lugar.

En el Senado, en principio, Cristina Kirchner no tendría problemas para lograr aval para una intervención. Era la mayor aspiración del kirchnerismo que a cualquier propuesta le pone una condición: evitar que la empresa la manejen capitales del exterior.

Los senadores más representativos del entorno cristinista como José Mayans, la santafesina María de los Angeles Sacnun, Omar Parrilli y la propia Fernández Sagasti, volvieron a defender este jueves la expropiación aunque prefirieron hablar de “rescate”. Tanto el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, en su primer exposición ante Poder Legislativo, como Fernández Sagasti, que también pasó estos días por Olivos, buscaron mostrarse dispuestos a escuchar nuevas iniciativas y anunciaron que si hubiera expropiación sería a través de una ley del Congreso. Fue un cambio de tono en línea con las declaraciones periodísticas del Presidente de la Nación. El gesto más claro fue que a casi dos semanas del anuncio el proyecto no se presentó.

La ausencia del texto permitió a muchos evitar dar su opinión. Incluso entre los senadores peronistas. Quienes no se identifican un cien por ciento con el kirchnerismo prefirieron postergar su compromiso hasta no ver la letra chica de la ley. Algunos estaban incómodos.

En Diputados todos hacían cuentas. Los cuatro diputados del bloque de Córdoba Federal que responden a Juan Schiaretti, los tres diputados alineados con Roberto Lavagna, algunos de los partidos provinciales que hablan en nombre de sus gobernadores, los santafesinos socialistas y los peronistas no K no creían que la expropiación fuera la mejor salida para Vicentin aunque todos admitían la necesidad de alguna intervención por parte del Estado. Los matices inclinaban para uno y otro lado la fina ecuación.

Juntos por el Cambio le avisó a Massa que no quieren habilitar el debate de esa iniciativa y alguno hasta amenazó con no consensuar la prórroga del protocolo que habilita las sesiones remotas. En el encuentro con Massa estuvieron Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro y el vicepresidente de la Cámara Alvaro González. No participó Máximo Kirchner: estaba en aislamiento a la espera del resultado del hisopado que se hizo para saber si tenía o no coronavirus ya que el lunes 8 se vio con el intendente Martín Insaurralde. Ayer se anunció que fue negativo.

Massa les dio garantías a los opositores al calcular que por un lapso de tres o cuatro semanas se enfriaría la iniciativa. En sus cálculos, anticipó, aún si se presentara el proyecto el trámite legislativo demandaría ese tiempo desde que se iniciara el paso por comisiones, se firmara dictamen y pasara una semana hasta llegar al recinto (el oficialismo no puede tratarlo sobre tablas en el Senado porque Juntos por el Cambio no habilita los dos tercios). Finalmente la remisión a Diputados donde también se requeriría un arduo debate en comisiones demandaría otra semana, o dos. “No nos lleve trece años atrás donde Cristina Kirchner hacía lo que quería”, pidió anoche Negri a Alberto Fernández después del anuncio de Perotti desde Olivos, anuncio que organizó el equipo de comunicación presidencial.

Precisamente los jefes del principal interbloque opositor (que reune 116 voluntades) expresaron sus temores. Quieren que la eventual expropiación y el impuesto a las grandes fortunas (que tampoco se presentó) se debatan presencialmente y no en forma remota. Unos y otros acordaron una agenda para sesionar la próxima semana: ley de teletrabajo, emergencia del turismo y economía del conocimiento. Ayer el Frente de Todos agregaba una nueva moratoria para deudores impositivos. El martes podría haber reunión de Labor Parlamentaria y un acuerdo para mantener otros 30 días las sesiones a distancia.

Roberto Lavagna, aliado y habitual consejero del Presidente, había manifestado su rechazo. De hecho a la iniciativa del diputado socialista Luis Contigiani, ex ministro de Producción santafesino que propuso en el Congreso la creación de una empresa mixta, se sumaron los tres diputados de Consenso Federal que comanda Alejandro ‘Topo’ Rodríguez. El dirigente lavagnista le dijo a Infobae: “Si el oficialismo se apura ahora a presentar un proyecto de expropiación va a ser rechazado y eso es malo para el gobierno y para la Argentina. Hay tiempo de trabajar y hacer las cosas bien, sin expropiación”.

El viraje en la estrategia oficial parece haber oído esa necesidad de tiempo para alcanzar legitimidad y consenso, más allá de la legalidad que se puede imponer a base de votos.

Cómo sigue el caso Vicentin depende de la definición del juez. La historia es una si acepta designar a tres interventores, los dos que ya propuso el gobierno nacional y el que impulsa Santa Fe a través de la Inspección de Personas Jurídicas. Otra será si rechaza la propuesta presentada este viernes por el gobernador con aval de Alberto Fernández.

Los lavagnistas, que trabajan cada día más cerca del ex gobernador Miguel Lifschitz, elogiaron el proyecto de ley del diputado provincial del Frente Progresista Joaquín ‘Poppy’ Blanco. El legislador pide que se habilite al estado santafesino a comprar la deuda que Vicentin tiene con los pequeños productores de la provincia, un 20% de las acreencias de la cerealera. Con esa deuda en sus manos, la provincia podría concertar con la empresa concursada la reestructuración societaria.

En el Ejecutivo nacional leyeron ese proyecto tanto el Presidente como el ministro de la Producción y Desarrollo Matías Kulfas. Sin embargo en la idea corregida del Ejecutivo, si se avanzara, se contemplaría la transformación de la deuda con el Estado nacional para tomar el control. Eventualmente la propuesta mixta incluiría a la provincia de Santa Fe y a cooperativistas y productores a través de YPF Agro. De alguna manera lo dijo Perotti desde Olivos: “No tenemos capacidad para rescatar a la empresa, se necesita el acompañamiento de la Nación”.

En el Senado los santafesinos están divididos: María de los Angeles Sacnun es leal a Cristina y Carlos Reutemann es un aliado del macrismo. La posición más incómoda era la de Roberto Mirabella, del Frente de Todos, quien reemplazó a Omar Perotti en el Congreso cuando asumió como gobernador. Otros senadores, como Carlos ‘Camau’ Espínola, uno de los últimos en sumarse el año pasado a la unidad peronista, había dicho que antes de anticipar su voto quería conocer los detalles del proyecto.

En ese marco en el Senado Juntos por el Cambio sumaría a sus 22 votos otros siete, entre ellos Reutemann, Lucila Crexell, Claudio Poggi y Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero. Sobrados números para impedir el tratamiento sobre tablas pero no para bloquear una sesión que requiera una votación por mayoría simple.

En Diputados, ¿cómo se compondrían esos 130 votos que Massa prometió al Presidente?

Romina del Plá y Nicolás del Caño pedían otra expropiación y más que aceptar una ley light que se pueda consensuar pedirían avanzar con un proyecto más duro. Desde Consenso Federal Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Jorge Sarghini y Graciela Camaño anticipaban su rechazo al menos en los términos en que hasta ayer se conocía la iniciativa.

El Frente de Todos tiene 119 votos propios, uno menos si se descuenta a Sergio Massa, que como presidente no vota. Los once que le faltan podrían aportarlos algunos de los otros bloques chicos. Eduardo “Bali” Bucca integra una bancada de dos y conduce un interbloque de 11 entre los lavagnistas y los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti además de los dos socialistas de Santa Fe.

Con José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, conversan tanto Massa como Fernández Sagasti. Ese bloque podría aportar ocho votos. El propio Ramón hizo declaraciones a favor mientras que el resto se escudaron en que no podían anticipar una posición cuando no había proyecto presentado. Ahí está desde Juntos Somos Río Negro hasta los misioneros del Frente Progresista de la Concordia. Si ahí hubiera ocho a favor, sólo faltarían tres que podrían aportar el Movimiento Popular Neuquino (uno) y el interbloque Federal que lidera Bucca. Alcanzaría con que de esos peronistas votaran dos a favor.

La cordobesa Claudia Márquez dijo esta semana a DTV que su bloque no consideraba que la expropiación fuera la mejor salida pero no quiso ahondar en detalles sin conocer el proyecto. La acompañan en esa bancada Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Carlos Gutiérrez. En ocasiones hay provincias que aportan lo justo a cambio de alguna ayuda. Córdoba y Santa Fe acaban de recibir aportes nacionales. Si el peronismo de Córdoba contribuyera con dos de sus cuatro votos, Massa cumpliría su promesa en el eventual escenario de que se retome la idea de la ley.