Caso Vicentin: el pésimo cálculo político y las reacciones sociales forzaron un paso atrás del Presidente

La ofensiva para intervenir y expropiar Vicentin venía empantanada en todos los terrenos. Alberto Fernández lo advertía y algunos allegados lo lamentaban. Extraño, porque era previsible: el proyecto abría un denso frente judicial –ayer mismo sufría un primer revés-, las cuentas en Diputados proyectaban un sufrido trámite y hasta una derrota, la ofensiva sumaba silencios y malestar de gobernadores del PJ tradicional -además del rechazo de Roberto Lavagna, un aliado clave para Olivos- y crujía la interna oficialista. El Presidente decidió entonces dar un paso atrás. La historia aún tiene final abierto, pero un asunto asoma claro: su costo político ineludible.

La movida del santafesino Omar Perotti, referente del peronismo clásico y considerado pieza importante en el imaginario del armado presidencial, fue seguida de cerca por buena parte del oficialismo: algunos de sus pares de otras provincias, la máxima conducción de Diputados y Cristina Fernández de Kirchner, promotora de la expropiación. Anoche, había alivio en algunos sectores y un tenso seguimiento K. El gobernador de Santa Fe visitó Olivos para anunciar el respaldo de Alberto Fernández al proyecto que venía trabajando y que, en principio, consiste en el pedido de intervención judicial con compromiso de descartar la expropiación.

Se verá cómo evoluciona. Tal vez la discusión sea planteada con otro formato.

El gobernador santafesino jugó decididamente por varias razones, además de su propia visión “moderada” y la crisis que produjo en su gabinete el proyecto original presentado por el Presidente. Resultaron gravitantes al menos dos cuestiones externas al puro juego político: el peso de la cerealera en la estructura económica de la provincia y la reacción social, que arrancó en la localidad de Avellaneda, sede del conglomerado empresarial, y ya se extendía a otras ciudades.

Precisamente, parte de cierto apuro en hacer público esta propuesta “alternativa” habría apuntado entre otras cosas a bajarle el volumen a la protesta anunciada para esta tarde, con proyección difícil de pronosticar pero en cualquier caso evaluada como una señal de alarma.

Lo de Santa Fe no parecía un hecho aislado. En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti recibió un reclamo de entidades agropecuarias y de otras organizaciones empresariales para pronunciarse en contra de la expropiación e instruir a los legisladores nacionales en esa línea. Las otras fuerzas políticas ya habían escuchado lo mismo. Menos orgánicos, los rechazos al proyecto expropiador iban extendiéndose en el interior de Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán, entre otras regiones.

Bastante antes del pronunciamiento judicial de ayer, adverso a la intervención dispuesta por el Presidente, en medios oficialistas circulaban advertencias críticas de la ofensiva sobre Vicentin, en un marco bastante sensible por la extendida cuarentena -con crisis económica y social agravada- y en el contexto de la difícil negociación de la deuda, que agrega capítulos de incertidumbre.

Además del cuestionamiento escudado en el contexto, el registro de la más amplia gama peronista incluye reacciones de contenida crítica más conceptual al proyecto y de cierto malestar por el giro de subordinación ante una movida con sello CFK. Se ha dicho: Alberto Fernández apareció como el ejecutor y no como el autor de una medida, rodeada además por otros gestos de avance de la ex presidente. Las reivindicaciones explícitas de su liderazgo y las cargas en el terreno judicial vienen tiñendo el cuadro. Una última y provocativa pincelada: el dictamen de Carlos Zannini a favor del reclamo de una jugosa pensión para Amado Boudou.

En el terreno práctico, la idea de avanzar con la expropiación impactó de entrada y fuertemente en Diputados. Sergio Massa se mostró refractario. Su silencio público fue interpretado como un gesto para evitar fisuras visibles en el Frente de Todos, pero también como una señal de disconformidad. Mantuvo contactos con varios referentes del PJ –empezando por gobernadores- y también con representantes de entidades agropecuarias. Apostó de hecho a una salida diferente, tal vez la de Perotti.

Lavagna, en cambio, se pronunció públicamente en contra. Y en Diputados, los legisladores de Consenso Federal comenzaron a trabajar propuestas propias. El oficialismo depende de un par de interbloques –que en conjunto suman una veintena de legisladores- para sumar aliados a la hora de las votaciones. No le alcanza el número propio ni siquiera con disciplina plena en sus filas. Y de ese conjunto, cuatro legisladores aparecían especialmente en la mira: los que responden a Schiaretti, cruzados por presiones. El juego del gobierno nacional inquieta especialmente, también el reclamo sectorial y social en su provincia.

La “alternativa” insinuada por Lavagna no resulta parecida a la iniciativa de Perotti, salvo en dos puntos vitales: respetar el ámbito judicial –es decir, el proceso del concurso de acreedores- y descartar la expropiación. El ex ministro sugería el camino de la “acción de oro”: incorporar un director del Estado como representación minoritaria pero con capacidad de veto para el caso de que se intentara un cambio abrupto en la composición societaria de Vicentin (léase: extranjerización). Es una alternativa que no requeriría siquiera el camino de la sanción de una ley.

El gobernador santafesino movió su ficha ayer mismo. Decidió que la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia solicite al juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo, que disponga una intervención judicial a cargo de un trío de representantes: los dos designados por el Presidente y uno por la provincia.

También ayer el juez había dado dos pasos. Se declaró incompetente para tratar un planteo de inconstitucionalidad del DNU y restituyó al directorio en el manejo de la empresa, bajando los interventores de Alberto Fernández al escalón de veedores. El Gobierno ingresaba así a un terreno fangoso. Le queda el camino de una mayor judicialización: apelar en la instancia de Cámara las decisiones del juez local.

De todos modos, el plan motorizado por Perotti deja interrogantes abiertos. Su propuesta sugiere una larga transición, sin fecha, para “rescatar” la empresa por la vía de la intervención judicial, pero no da pistas firmes sobre el futuro societario. Hay un abismo entre un ordenamiento que termine sólo en el ámbito privado y el objetivo de una participación mayoritaria del Estado, con control de la cerealera, al final del proceso.

Ese último asoma ahora como punto central, en términos reales. Y también para el relato sobre el rescate de la empresa y el supuesto espacio a ganar en un rubro económico estratégico, más allá de la consigna de soberanía alimentaria y con la ilusión de manejar parte del mercado del dólar.

Habrá que ver si el kirchnerismo abandona el debate sobre la expropiación, quizá el potencialmente más fuerte y de fondo en materia política, y si sólo se trata de discutir la prolijidad legal de la movida, con discurso duro sobre el carácter irreversible de la ofensiva. Los cálculos sobre costos van más allá, con estribaciones sociales y económicas. Nada indica que esa cuenta sea neutra para el Presidente.