“Hola, Alex. ¿Cómo estás? Te molesto porque recién salgo de ver a Susana Martinengo y hablamos sobre cosas que me dijo, estaría bueno que las hable con vos”. El mensaje salió el 7 de noviembre de 2017 del celular de Leandro Araque, el ex agente de la AFI que está imputado en la causa del espionaje ilegal que se sigue en Lomas de Zamora. Susana Martinengo era la directora de la Documentación Presidencial de Mauricio Macri a la que Araque y otros dos imputados solían ir a ver a la Casa Rosada, según reveló la propia Cristina Kirchner. Pero Alex era Alex Campbell, el ex subsecretario de Asuntos Municipales de Buenos Aires cuando María Eugenia Vidal comandaba la provincia y que hoy es diputado provincial. Justamente Campbell fue noticia hace apenas unos días por otra razón: al igual que Vidal, tiene coronavirus.
La vinculación de Campbell con los acusados del espionaje ilegal surge de los chats, audios y fotografías encontrados en el teléfono de Araque. Ese teléfono, como reveló Infobae, había quedado secuestrado en una causa ajena con la que se topó el juez de Lomas de Zamora Federico Villena casi de casualidad. El faltante de dinero en una causa de narcotráfico y la vinculación en ese caso de la esposa de Araque llevaron a que, casi por obra del azar, todo ese material quedara intacto bajo el resguardo de la Justicia.
Fue así que el juez Villena fue convocando a las primeras víctimas de los seguimientos y vigilancias. Fue Cristina Kirchner, fue Horacio Rodríguez Larreta y fueron citadas otra quincena de personas. Son la primera tanda, dicen en Lomas de Zamora. En esa nómina estaban el obispo Jorge Lugones y su hermano, Luis Lugones, dirigente del PJ de La Plata, que fueron informados la semana pasada por Zoom (porque al ser personas de riesgo explicaron que no podían acercarse) de las pruebas que habían recolectado sobre ellos. Hoy le tocó el turno al sobrino de los Lugones, Pablo Bruera, que fue intendente de La Plata.
Según se desprende de las pruebas encontradas, los integrantes del grupo de Alan Ruiz, el director operativo que dependía de Silvia Majdalani, creían que los Lugones y Bruera estaban buscando consolidar un frente político monitoreado y respaldado por el papa Francisco, con llegada a la movimientos sociales. Por eso comenzaron a “peinarlos” en sus gastos financieros y migratorios.
“Era información que producían a pedido”, dijo Bruera a Infobae. “Me voy con una carpeta muy grande, pero hay más material porque sólo me mostraron lo de 2018”. Es que Villena confeccionó una suerte de cuadro sinóptico, con fotos, audios y chats de Whatsapp en donde se reconstruyeron los movimientos que esta organización hacía sobre él. Para cada víctima el juez hizo un reporte similar: la propia Cristina Kirchner contó que para ella desplegaron dos pizarrones.
Villena le contó que esta organización había vigilado sus movimientos patrimoniales y bancarios y quería saber sus contactos con el papa Francisco. De acuerdo a lo que escucharon, los reportes sobre sus actividades eran informados a Martinengo y también al ex subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell, un colaborador directo de la ex gobernadora Vidal.
Lo que llamó la atención de la vinculación de Campbell en esta trama es que Vidal, según la causa, también fue citada a ver su carpeta en calidad de víctima de la organización.
En otro chat, Araque le escribía al entonces funcionario. “Buen día Alex. Hoy a las 4 te voy a ver. Viene Susana conmigo y si no tenes drama me acompaña el muchacho del las cooperativas de Rojas, que me gustaría que conozcas”. Eso ocurrió en mayo de 2018.
Un segundo mensaje agregaba: “Hola Alex. Tengo algo puramente político para comentarte, de interés para la cúpula del partido”.
Era el espía Emiliano Mata, otro de los que respondían a Alan Ruiz, el que le mandó los documentos y le avisó a Araque que ya estaba el informe de Bruera. “Así quedó la carpeta, amigo, ahora por el obispo”. La respuesta fue: “Ya se lo pasé a Alex”. Al principio, los espías no tenían en claro que el obispo y el ex intendente eran familia. Más tarde, Alan Ruiz aparece pidiendo más datos . “Fijate datos sobre L.P, barra, nexos, etc.”
“Sacaban fotos, tenían cada movimiento de entradas y salidas del país, fichas, informes periodísticos . Acá ya son pruebas concretas. Y no son todas, porque hay mucho material que todavía se está procesando”, agregó el ex intendente. Fue por eso que se constituyó en querellante y le pidió al juez que apunte a las operaciones que se hacían en la llamada “Base 8”, una oficina instalada en La Plata que desde hace 4 años hace tareas de infiltración y espionaje ilegal en marchas por reclamos políticos y sociales.
En junio de 2018, en su calidad de presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), Lugones había hablado en la apertura del encuentro “Mar del Plata la Semana Social” frente a un auditorio encabezado por Vidal y la entonces ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. “Están bien los verbos ‘estar’ y ‘hacer’, pero me parece que falta el sentir y la sensibilidad social”, había disparado Lugones. Fue entonces que repasó las cifras del INDEC sobre más de 400 mil puestos de trabajo perdidos en esos últimos tres meses y aseguró: “Nosotros no vemos que se construyan hospitales. Pero sí cárceles”. Para el año siguiente ni Vidal ni Stanley fueron parte del encuentro de la Iglesia.
El juez Villena investiga a una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad, como son la Agencia Federal de Inteligencia, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, abogados y funcionarios de otros poderes del Estado, cuyo fin sería realizar distintas actividades en violación a la Ley 25.520. Una parte de esa asociación ilícita se dedicaba al espionaje de políticos de Cambiemos y la oposición, a jueces, periodistas, religiosos y gremialistas. Pero otra parte del expediente apunta a cómo se habría monitoreado a detenidos ligados al kirchnerismo.