En Jefatura de Gabinete aseguran que el discurso que dará Santiago Cafiero ante los senadores apuntará al presente y no al pasado reciente. Es decir: evitará hablar de “la pesada herencia”, según plantean en referencia a la gestión anterior que así mencionaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sería un paso para superar las disputas entre oficialismo y oposición que en la Cámara alta subieron de tono en la última semana tras la decisión del Frente de Todos de avanzar con temas que no están vinculados al coronavirus. Uno de los temas conflictivos es el de los llamados ‘superpoderes’ que decretó el Presidente en favor de Cafiero para disponer de partidas presupuestarias.
Entre los anuncios que hará el jefe de Gabinete, varios son significativos: el Presupuesto nacional recién será presentado ante el Congreso en septiembre y post pandemia el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley para la creación del Consejo Económico y Social. A pesar de las reuniones entre el presidente Alberto Fernández y los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller para analizar el llamado aporte extraordinario de la riqueza, Cafiero avisó por escrito que “el Poder Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto de ley que proponga la creación de nuevos impuestos. Las iniciativas que circulan corresponden al Poder Legislativo”.
El documento de 702 páginas con las respuestas a 624 preguntas fue enviado al Congreso en la noche del martes para ser distribuido entre los legisladores. La particularidad es que el 125° informe de un jefe de gabinete se dará por primera vez en una sesión remota. Sólo están en el recinto la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el resto de las autoridades, es decir los vicepresidentes Claudia Ledesma Abdala, Laura Rodríguez Machado y Maurice Closs, junto a los secretarios Parlamentario y Administrativa, Marcelo Fuentes y María Luz Alonso.
Santiago Cafiero, que envió nota para iniciar el proceso el 1 de abril, también participa en forma presencial mientras que una docena de senadores se conectará desde sus despachos y el resto desde las provincias. Lo acompañarán la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo mientras otros lo asistirán en forma remota.
Martín Lousteau, vicepresidente del Senado esta vez no está en el recinto. Participó de una reunión de trabajo el viernes pasado en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que estuvo la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Aunque manifestó haber mantenido distancia, optó por hacerse el estudio como precaución adicional. El resultado fue negativo pero de todos modos Lousteau mantuvo la decisión de conectarse en forma remota.
La mayoría de las preguntas fueron realizadas por la oposición y tienen que ver, muchas, con el contexto de la pandemia, la emisión monetaria, la salida económica de la post pandemia, entre otros temas.
Entre los datos respecto al impacto del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio y preventivo sobre el empleo el funcionario brinda datos del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas. En febrero, hubo 541.357 empleadores con empleados en relación de dependencia y en abril, 526.434, lo que representa una disminución del 2,8% (-14.923 empleadores). En el rubro comercio, la baja es de 5.017 (-3,3%).
En cuanto a caída en el pago de tarifas, de gas por ejemplo, hay entre un 17% y un 23% de usuarios que dejaron de pagar el servicio en distintos distritos y compañías.
En ese contexto, Cafiero justifica la decisión de prorrogar el Presupuesto 2019. El Presupuesto 2020 recién se revelará en primavera. Alude a la inestabilidad macroeconómica generada por la crisis de balanza de pagos del año 2018 y 2019 y a “un nivel de endeudamiento público insostenible (que dio lugar a procesos de “reperfilamiento” de la deuda en moneda nacional) y a la solicitud de un préstamo al FMI que implicó la asistencia más grande que este organismo internacional haya otorgado en toda su historia (en torno a los USD 44.000 millones). En este contexto, el proyecto de presupuesto 2020 enviado por la gestión anterior al Congreso se basaba en proyecciones alejadas de la realidad económica, financiera y social del país como bien puede observarse en diversos estudios, entre ellos, el producido por la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso”.
Además suma que “la incertidumbre producto de la inestabilidad macroeconómica y la crisis de la deuda se ha visto agravada por la pandemia generada por el virus COVID-19, que ha tenido un impacto profundamente negativo en el funcionamiento de la economía mundial".
Sobre la caída de la recaudación, señala que crecía a una tasa interanual del 43% descendió a 35% i.a., 11,7% i.a. y 12,4% i.a. en marzo, abril y mayo respectivamente. En el caso del IVA esta tendencia fue aún más profunda: 25,6%, 8,3% y 3,6% para el mismo trimestre mientras que especifica que las transferencias automáticas a las Provincias pasaron de crecer a una tasa promedio del 44% en el primer bimestre de 2020 a hacerlo a una tasa del 18,5% promedio en el trimestre marzo-mayo.
Entre algunas cuestiones políticas consultaron al jefe de Gabinete sobre la situación en las cárceles. Las preguntas se enviaron antes de que la ex jueza Laura Garrigós de Rébori asumiera como interventora del Servicio Penitenciario Nacional aunque con la polémica por la prisión domiciliaria otorgada a presos para evitar contagios por COVID aún fresca. "El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que no existe superpoblación carcelaria en las cárceles federales. Al 5 de junio de 2020 el Servicio Penitenciario Federal aloja 11.858 personas, mientras que su capacidad operativa es de 12.694 plazas. Esa cifra era mayor el 30 de abril, cuando se oyeron los cacerolazos en todo el país: el Servicio Penitenciario Federal consignaba entonces 6708 procesados en situación de encierro y 5781 con condena es decir, 12489.
En el informe se da cuenta de las obras en marcha: un avance del 38,59% en el Complejo Penitenciario Coronda, Santa Fe (contará con 464 plazas); 34,6% del Complejo Penitenciario Agote, Buenos Aires (1.152 plazas); 71,35% del Complejo Penitenciario Cuyo, Mendoza (1.072 plazas, de las cuales 736 ya se encuentran en uso); y 60,84% de avance del· Complejo Penitenciario Marcos Paz, en Buenos Aires (contará con 2.240 plazas).
La tucumana Silvia Elías de Pérez, radical, preguntó por la liberación de presos por COVID-19 y en particular por los liberados en Tucumán. En el texto le informa que, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta el 5 de junio, 282 internos que estaban alojados en el Sistema Penitenciario Federal (SPF) egresaron bajo régimen de prisión domiciliaria a raíz de la pandemia de COVID19, por disposición judicial. En Tucumán no hay establecimientos del SPF por lo que no hay datos. Entre los que accedieron a prisión domiciliaria, cumplían condena por violación a la ley de estupefacientes mientras que el resto se reparte en una larga lista que incluye delitos contra la propiedad, las personas y el orden público. Dice además que el 25 de noviembre de 2019 se contrataron hasta 6000 “servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas que deban cumplir arresto domiciliario y/u otras modalidades de detención o ejecución de la pena” y que al 31 de mayo de 2020 estaban en uso 3068 dispositivos de vigilancia electrónica en la órbita de la Justicia Nacional, Federal y provinciales.
En octubre de este año debía realizarse el Censo 2020. Probablemente se postergue hasta el próximo año. “En virtud del momento del año en que nos encontramos y el retraso existente en las tareas pre-censales, el INDEC evalúa entre sus opciones la postergación de la realización del Censo para 2021, en cuyo caso también deberá tenerse en cuenta el calendario electoral para evitar que el correo incurra en una superposición de tareas”, es la contestación por escrito del ministro coordinador
Un alto porcentaje de la preguntas de radicales y senadores del PRO, apuntan al uso de partidas presupuestarias en el área de Educación, en Desarrollo Social, y en beneficios sociales y aportes a las provincias. Sobre el pago de la IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, con datos de ANSES, Cafiero detalló que en abril se pagaron $31.393.250.000 mientras que en mayo fueron $43.824.510.000.
Otro tema que en los tres meses de cuarentena generó fuerte polémica fue la posibilidad de contratar médicos cubanos. Cafiero vuelve a negar que se considere el tema. “El Ministerio de Salud informa que en el contexto epidemiológico actual, el sistema de salud está preparado para contener y dar respuesta a los requerimientos extraordinarios que puedan surgir por la pandemia de COVID-19” respondió y agregó que “desde este Ministerio no se ha iniciado ningún proceso ni se ha recibido requerimiento formal alguno relacionado a la posibilidad de incorporación de médicos cubanos al sistema de salud”.
Algunas respuestas al jefe de gabinete fueron sobre el pasado reciente. La 214 fue referida a los dichos de Malena Galmarini respecto a la situación en la que encontró AySA, empresa que preside. “La Presidenta de AySA afirmó que la empresa se encontró paralizada, así como también sobre endeudada y desfinanciada”, ratificó por escrito el funcionario que mencionó un déficit operativo anual de $ 4000 millones en el traspaso a nueve municipios, sin recursos; deudas con proveedores y contratistas en el orden de los $ 6.500 millones; 100 obras paralizadas y, entre otras, deudas vencidas e impagas de los servicios de agua y cloaca por parte de los estados nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por $304 millones; $ 97 millones; y $285 millones respectivamente
La última pregunta, entre varias que hizo el senador peronista por Santa Fe Roberto Mirabella, está vinculada con Vicentin respecto a las gestiones del Banco Nación para el cobro de la deuda que la empresa mantiene con la entidad. Será seguramente un punto de fricción en la sesión informativa.
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