El funcionario acusado de espiar e intimidar a los presos “K” se defiende: “Jamás vi un cable o un micrófono”

Fernando Carra, asesor en el Servicio Penitenciario Federal, está imputado en la causa del espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora. Un testigo de identidad reservada lo apuntó como un “ablandador” de detenidos. Ahora, con su casa allanada, sus teléfonos secuestrados y una eximición de prisión firmada por el juez Federico Villena, Carra rompió el silencio ante Infobae para rechazar las acusaciones y reclamar que se llame a declarar como testigos a los detenidos kirchneristas con los que él se entrevistaba.

En esa lista, que le entregó al juez de Lomas de Zamora, incluyó a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente que estuvo detenido en la causa de la obra pública; a Luis D’Elia, hoy condenado en la causa por la toma de la comisaría de La Boca; al empresario Fabián De Sousa, que fue preso en el caso Oil Combustibles; y al ex vicepresidente Amado Boudou, sentenciado en el caso Ciccone y enviado a cumplir la detención en su casa en medio del coronavirus.

Cuando Infobae le preguntó si en la cárcel se espiaba a presos kirchneristas, Carra -también abogado- respondió: “No me consta”. Y añadió: “Yo no trabajaba directamente con inteligencia tampoco. Mi función era otra, por lo cual lo que hacía inteligencia lo desconozco. Y yo jamás vi un cable, un micrófono ni nada por el estilo. Mis conversaciones con los internos de Ezeiza, las hacía dentro del pabellón. Por lo cual mal puedo pretender ocultar algo si estaba todo filmado”.

El juez Villena investiga a una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad, como son la Agencia Federal de Inteligencia, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal, abogados y funcionarios de otros poderes del estado, cuyo fin sería realizar distintas actividades en violación a la ley 25.520.

Una parte de esa asociación ilícita se dedicaba al espionaje de políticos de Cambiemos y la oposición, a jueces, periodistas, religiosos y gremialistas. Ahí ya se presentaron como querellantes la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Pero otra parte del expediente apunta a cómo se habría monitoreado a detenidos ligados al kirchnerismo. Ahí se apunta al ex director del SPF Emiliano Blanco, a Cristian Suriano –ex responsable de inteligencia del SFP-, a Miguel Angel Perrotta -ex jefe de Asuntos Internos del SPF- y a Fernando Carra, que fue asesor de Blanco.

“Tomé conocimiento de estar involucrado en la causa a raíz de comentarios que salieron en medios de comunicación. Hacen referencia a que yo sería una suerte de ablandador de los presos que viven en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza -dijo Carra a Infobae-. Cuando me enteré, me comuniqué con dos altas fuentes del Ministerio de Justicia para hacerles saber de lo que me acusaban. Entonces informé que me iba a poner a disposición de la Justicia voluntariamente frente a esta situación para que me consulten. Al otro día me allanaron”.

El 10 de junio pasado, en un procedimiento ordenado por el juzgado federal de Lomas de Zamora incautaron su computadora y sus celulares. Eran los mismos teléfonos con los que hablaba con presos kirchneristas y con funcionarios de este gobierno y del anterior. “Es lógico que Villena me allane. Se me secuestró mi teléfono y mi computadora que son los elementos donde podría guardar algún elemento de prueba”, dijo. Así, remarcó, “le desbloqueé el teléfono para que puedan investigar tranquilos”.

Según trascendió, un testigo de identidad reservada lo habría mencionado en la causa de Villena, en el el apartado que investiga el espionaje a los presos “K”. De acuerdo a las versiones, Carra llegaba con su chofer –también imputado- y se reunía sin que quedara registro con los detenidos en esas causas sensibles para el macrismo. Puntualmente, según la documentación a la que accedió Infobae, a Carra se le atribuyó que habría cumplido “el rol de intimidar a personas privadas de su libertad, en el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza, en su carácter de abogado del Servicio Penitenciario Federal”. Así lo repasó la fiscal de la causa Cecilia Incardona cuando la defensa de Carra pidió la eximición de prisión. Tal como lo hizo en el caso del resto de los imputados, la fiscal se opuso al pedido de la defensa por el estado embrionario de la causa, pero el juez Villena aceptó el planteo, una suerte de aval para poder seguir por el momento la sustanciación del proceso en libertad.

Aunque entró en el gobierno de Cambiemos como asesor de Emiliano Blanco, Carra permanece en su cargo, intercedió en el motín de Devoto en medio de la pandemia y de hecho su nombre fue mencionado para sucederlo antes de que explotara la causa del espionaje ilegal y el presidente Alberto Fernández resolviera la intervención del SPF en manos de la ex jueza María Laura Garrigós.

Tras el allanamiento en su casa, la defensa de Carra se presentó en el juzgado con un escrito en donde buscó explicar cuál era su función en el SPF. Según se desprende de ese escrito, el funcionario aseguró que, desde la oficina de Promoción de Derechos Humanos, su tarea es “canalizar los reclamos de los internos de todo el país” que llegan a un 0800 o un celular que detalló. “Pueden comunicarse con ese teléfono frente a algún tipo de irregularidad o vulneración de sus derechos -explicó-. Es más en uno de los secuestros efectuados en mi domicilio se encuentra tanto el celular utilizado como una tarjeta personal”.

En ese descargo, Carra aseguró que su misión diaria consistía en “recorrer los distintos establecimientos penitenciarios para inspeccionar los lugares de alojamiento, tomar los reclamos de los detenidos y lógicamente arbitrar los medios necesarios para resolver los eventuales inconvenientes que pudieran existir”. En ese marco, afirmó, tenía permanente contacto con los internos. “Con los presos K, y los no K”, afirmó a Infobae.

Fue por eso que puso como ejemplo cómo los presos que se amotinaron en Devoto pidieron su presencia en medio del conflicto. Y propuso llamar como testigos en la causa del espionaje “para demostrar la veracidad” a dos de esos presos, a Cristian Favale, condenado por el crimen de Mariano Ferreyra, y a un grupo de ‘presos K’: D’Elía, Boudou, De Sousa, Carlos Kirchner, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, y los empresarios Claudio Cirigliano (condenado por Once) y Gerardo Ferreyra (detenido en la causa de los cuadernos y luego excarcelado).

“Durante todos estos años me dediqué a esto. A resolver los problemas de los internos y tratar de solucionar la mayor cantidad de situación que iba aconteciendo -afirmó Carra-. Tenía trato tanto con los internos kirchneristas o presos “K” o empresarios. Es decir aquellos que estaban alojados en el módulo 6, lo que se llama IRIC, pero también con todo el resto de los internos del Complejo Penitenciario Federal uno, con los que acudían al CUE (Centro Universitario de Ezeiza). En el módulo uno, por ejemplo, estaba el interno Luis D’Elía que yo tenía bastante contacto porque tenía muchos problemas. Otro interno que visitaba mucho era Cristian Favale en su momento. Es decir: las visitas no era exclusiva al IRIC, sino a todo el complejo, porque una vez que llegaba aprovechaba y barría con para ver todo lo que iba sucediendo”.

Sobre sus ingresos en la cárcel, el funcionario que está imputado aseguró: “Es imposible que yo ingrese al complejo y que no quede registro. Por un lado, podrían no dejarlo asentado, cosa que jamás pasó. Pero aparte desde el ingreso del complejo uno hasta el módulo 6 está repleto de cámaras. Y cuando ingresas al módulo también tenés cámaras. Por lo cual: no hay manera de que el juez llegue a esta conclusión”. “Es imposible que vos hagas 300 metros sin que te vea una cámara. No hay manera”, añadió.

Según sostuvo, la situación que habría relatado el testigo reservado “es irreal”: “en Ezeiza cuando concurría al módulo 6 en las recorridas, ya sea por motu propio o porque me convocaba algún interno, había una metodología sistemática en todos los pabellones. Era ingresar al pabellón, no sacar a los internos. Está todo filmado”.

“Con todos, por ejemplo en el módulo 6, una metodología que teníamos en su momento, era que se sentaran todos los internos en la mesa conmigo y con la persona que me acompañaba a tomar mate. Con todos, Amado Boudou, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreyra -aseguró-. Ellos no solo pueden dar testimonio sino que está grabado lo que estoy diciendo, porque el módulo está grabado. Entonces cuando el juez secuestre las filmaciones me va a ver a mi sentado en un mesa con todos”.

En esas reuniones, aseguró, esos detenidos le hacían “una suerte de resumen de las inquietudes sobre las situaciones que tenían”. ¿Cuáles? “Desde poder ingresar aparatos para hacer gimnasia hasta que querían arreglar el pabellón, arreglar las celdas y el patio, cosas que se fueron sucediendo”.

Otro ejemplo: Lázaro Báez había conseguido que le trajeran comida pero no tenían un freezer para poder guardarla y se iba a pudrir, entonces el funcionario habilitó que pudieran ingresar el freezer. “Cuando Fernando Esteche y Julio De Vido quedaron detenidos en Marcos Paz, desde aquel entonces yo los visitaba una vez por mes con la misma metodología que sucedía con los internos del complejo uno (Ezeiza). Tomábamos mate. Ellos mismos me planteaban los problemas que tenían. Esas cuestiones resolvía”.

Cuando Infobae le preguntó por qué entonces está imputado en la investigación que se sustancia en Lomas de Zamora, Carra respondió: “Entiendo que esto es una situación de Gobierno saliente y Gobierno entrante. Y acá hay un situación de un estrato de poder mucho más amplio por el que yo me movía y están utilizándome en este caso en particular a mí para generar un daño en lo que fue la gestión de Emiliano Blanco”. Sabe que el próximo paso será que lo llamen a indagatoria. Confía en poder ver ahí todas las pruebas y dar su versión de los hechos.

Seguí leyendo: