En la Casa Rosada trabajan contra reloj en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que instrumentarán los cambios del aguinaldo en el Estado. Allí, según trascendió, figura que los trabajadores del sector público nacional cuyo aguinaldo sea de hasta 40.000 pesos brutos cobrarán el 100 % del aguinaldo y quienes cobren uno superior a los 40.000 pesos brutos percibirán esta suma al igual que el resto y el excedente lo percibirán fraccionado en hasta cuatro cuotas, con un mínimo de 1.000 pesos en cada cuota y la cantidad de pago dependerá del monto excedente.
Según los cálculos oficiales, del total de los agentes de la administración pública nacional (APN), el 63% percibirá el aguinaldo completo en julio (cerca de 270.000 empleados). En las empresas públicas o de propiedad mixta, ese mismo porcentaje alcanza al 38%. El 85% de los agentes de la APN percibirán como mínimo el 74% del aguinaldo al contado, mientras que en las empresas públicas o de propiedad mixta, el 74% de los empleados recibirán ese mismo porcentaje del aguinaldo en julio.
Sólo un 11% de los agentes de la administración pública nacional percibirán menos de un 60% del aguinaldo al contado, aseguró el Gobierno, que destacó que este conjunto de trabajadoras y trabajadores percibe remuneraciones brutas superiores a los 140.000 pesos. En las empresas públicas o de propiedad mixta, cerca de un 17% recibirá menos de un 60% del aguinaldo en julio.
El borrador del DNU establece que el pago en cuotas del aguinaldo alcanzará tanto a la administración pública central y descentralizada como a las empresas del Estado y empresas mixtas, además del personal del Banco Central, el Banco Nación, la AFIP, el PAMI, el INCAA, la Unidad Especial de Transmisión Yacyretá, la Comisión Nacional Antidopaje y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), entre otros.
En la provincia de Buenos Aires también decidieron pagar en cuotas el aguinaldo de los empleados estatales, en los mismos términos que lo hará el gobierno nacional: en cuatro tramos para quienes cobran más de 80.000 pesos de salario bruto. La forma en que se instrumentará la medida figura en un instructivo del Ministerio de Economía bonaerense que se distribuyó para efectuar la liquidación correspondiente.
Los números oficiales, de todas formas, no calmaron el malestar de los sindicatos del sector. Por un lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazó la medida del Gobierno, la consideró “una muy mala señal en un escenario tan complejo” y pidió que se deje sin efecto.
“La baja de la recaudación nada tiene que ver con los salarios”, advirtió el gremio que conduce Andrés Rodríguez, que señaló que “los trabajadores no son la variable de ajuste” y exigieron a la Casa Rosada que pague normalmente el medio aguinaldo de este mes y el que se abonará en diciembre.
“Los trabajadores y las trabajadoras estatales mantienen en pie la administración pública nacional y respaldan las políticas del Gobierno en uno de los momentos más graves de la historia argentina”, destacó el sindicato en un comunicado de prensa.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Hugo “Cachorro” Godoy, afirmó que “es muy difícil aceptar el desdoblamiento del cobro de ese derecho que propuso el gobierno nacional y, además, advirtió que la medida “no es aplicable en otros distritos: las provincias y los municipios deben garantizar el pago íntegro del medio aguinaldo de junio”.
Por otra parte, el sindicato difundió una carta abierta dirigida al presidente Alberto Fernández, en la que destacó que apoya las medidas que aplica el Gobierno en diversas áreas e incluso “su decisión de priorizar la vida de nuestro pueblo antes que el funcionamiento aceitado de la economía”, pero sostuvo que “la idea de la revalorización del Estado como garante de las políticas públicas no puede ir acompañada de una precarización salarial: sin propuesta de aumento salarial, desdoblamiento del pago del medio aguinaldo y reduciendo jubilaciones”.
“Los trabajadores del Estado Nacional ya vimos recortado en un 37% el poder de compra de nuestro salario en los últimos cuatro años -agregó ATE en el texto-, sufrimos 35.000 despidos y la constante precarización en las condiciones laborales. Con el agravante de que esta decisión sea un ejemplo rector para el resto de las administraciones provinciales y municipales, de intentar “aliviar” sus desajustes presupuestarios en detrimento de los salarios de los estatales”.
Por eso, el sindicato le pidió una reunión al Presidente y, al insistir en la instrumentación de “todas aquellas medidas que garanticen un mayor ingreso de recursos al Estado”, reclamó que “se establezca un impuesto a las 114.000 fortunas personales de más de un millón de dólares como paso previo a una profunda reforma tributaria de carácter progresivo”.
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