Roberto Lavagna ratificó su posición en contra de la expropiación de Vicentin y elevó a los diputados de Consenso Federal una alternativa para resolver el conflicto que mantiene el Gobierno con la agroexportadora.
Luego de recibir a Sergio Nardelli, CEO de la compañía, trascendió que Alberto Fernández estaría dispuesto a escuchar “alternativas superadoras”. Sin embargo, en menos de 24 horas el Presidente endureció su idea original. Con el argumento del rescate, intervino Vicentin por 60 días y sostuvo que “el único camino” para que la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda que ronda los USD 1.350 millones, no vaya “rumbo al precipicio” es la expropiación.
Más allá de las críticas presumibles de Juntos por el Cambio y del agro, la iniciativa de Fernández fue cuestionada por Lavagna, una de las personas de consulta del mandatario por fuera de la coalición oficialista. Principalmente, el ex candidato a presidente de Consenso Federal apuntó contra la excusa de soberanía alimentaria que utilizó el kirchnerismo para avanzar hacia la expropiación.
“Hace algunos años se habló de Soberanía Energética y las cosas no salieron bien: baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente, estancamiento económico-social. Ayer se habló de Soberanía Alimentaria. Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Esperemos, pero haciéndonos oír y actuando”, había publicado el economista en sus redes sociales al día siguiente del anuncio oficial.
En efecto, Roberto Lavagna actuó, fijó su posición, y compartió una serie de ideas al bloque de Consenso Federal para que avancen en la elaboración de proyectos alternativos a la expropiación. Desde el lavagnismo analizaron los tres argumentos que fijó Fernández por los cuales pretende avanzar con la expropiación: que la cerealera se convierta en una empresa testigo; que servirá para garantizar la soberanía alimentaria, y por el temor de que termine en manos de capitales extranjeros.
Desde Consenso Federal explicaron a Infobae que los primeros dos argumentos: “empresa testigo” y “soberanía alimentaria”, “hay que descartarlos en la práctica”. Por fuera de una discusión ideológica, “por el tamaño de la compañía y porque los precios en el mercado de granos los fija Chicago o China, no Argentina, Vicentin no puede ser empresa testigo”. En tanto, lo soberanía alimentaria “no tiene ningún correlato con la realidad, no la puede garantizar por lo que produce; si fuese una compañía que se dedicara a otro negocio puede ser, pero esta se dedica a exportar el 95% de su producción de harina o aceite de soja”.
Según los conceptos que planteó Lavagna, el argumento “a considerar” del Gobierno es el temor al potencial riesgo de extranjerización de Vicentin, aunque para ello existe una alternativa distinta a la expropiación: la acción de oro, por la cual el Estado tendría la capacidad de veto de decisiones del directorio de la empresa.
“La acción de oro es el objetivo para garantizar la no extranjerización. Tiene la cualidad de que se hace en el marco de la legalidad y del concurso vigente y no requiere expropiación", destacaron desde el bloque lavagnista. En concreto, las decisiones menos estratégicas, más operativas y comerciales, las tomaría el directorio, “pero si un día viene una propuesta de X compañía para tomar tanto porcentaje del capital y el directorio estuviese de acuerdo en su mayoría, el director del Estado tendría la capacidad de veto si está en desacuerdo”, ejemplificaron.
En el hipotético caso de que esta idea del ex ministro de Economía se materialice, en la vida cotidiana de la empresa serán las cooperativas y los pequeños productores que tengan acciones, los dueños de Vicentin si se quedan con un porcentaje después de pagar la deuda y, eventualmente si participara YPF AGRO, quienes irán tomando las decisiones que hacen al desenvolvimiento normal y ordinario de la empresa. La acción de oro que tiene en mente Lavagna, “es un reaseguro de que si se quieren tomar decisiones que corren el riesgo de extranjerización, solo con que el representante del Estado se oponga no se puede hacer cualquiera sea la decisión del resto del directorio”, enfatizaron desde el bloque.
Consenso Federal está integrado por solo tres diputados: Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño, y Jorge Sarghini. A la vez son parte del Interbloque Federal que está presidido por Eduardo “Bali” Bucca, y en el cual hay tres ex ministros vinculados al agro de distintas provincias: Rodríguez fue titular de la cartera de Asuntos Agrarios bonaerense; Carlos Gutiérrez, ex ministro de Agricultura de Córdoba; Luis Contigiani, ex ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, donde se localiza el conflicto con Vicentin, y de donde también es oriundo el socialista Enrique Estévez que integra el Interbloque Federal. Por obvias razones de conocimiento en detalle del tema, de sus actores y de los problemas específicos, la voz de los santafesinos tiene consideración especial dentro de las discusiones del espacio sobre un proyecto superador a la expropiación de la agroexportadora, al igual que los dirigentes que tuvieron participación en áreas ejecutivas vinculadas al agro.
Desde el entorno del “Topo” Rodríguez aclararon a Infobae que las posiciones que tomó Lavagna están siendo trabajadas en borradores de proyectos por Consenso Federal junto a las iniciativas que aporta Luis Contigiani. Sin embargo, por el momento están lejos de convertirse en un proyecto ya que aún se aguarda que el Gobierno defina su iniciativa de expropiación.
En efecto, Contigiani reveló días atrás al diario La Capital su propuesta: crear una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria e integrada por la alianza Vicentin-YPF Agro, el cooperativismo exportador agropecuario de Santa Fe, el gobierno provincial, y representantes de los trabajadores. “Esto es superador de la expropiación: la idea es salir de la intervención, que es legítima, con un proyecto productivo que involucre a todos los actores”, explicó el ex ministro de Miguel Lifschitz.
Con respecto al borrador que circuló la semana pasada de la senadora Anabel Fernández Sagasti, desde el lavagnismo cuestionaron el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a contraer deuda para pagar la expropiación de Vicentin: “¿Puede un diputado de cualquier partido aprobar, en el momento en el que Argentina está reestructurando su deuda externa, una cláusula que permita seguir tomando deuda?”.
Por otra parte sostienen que el Poder Ejecutivo debería estar “redefiniendo” toda la cuestión de fondo: “El Gobierno planteó una decisión, hizo un anuncio y después se puso a trabajar en el tema”. En ese sentido, además de la participación de actores como cooperativas y productores agropecuarios, desde el lavagnismo advirtieron que el oficialismo debe “reconsiderar” aspectos políticos: “Si alguien cree que las manifestaciones de los pueblos en los que se conoció la noticia obedece a que son todos macristas, perdió la sensibilidad política”. “La decisión como mínimo tiene que generar confianza, brindar información, cosas que el Gobierno seguramente está evaluando”, agregaron.
Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, fue quien dijo que Alberto Fernández estaría dispuesto a escuchar “propuestas superadoras”. Roberto Lavagna sentó las bases para que sus diputados trabajen en alternativas a la expropiación, aunque desde el bloque de Consenso Federal incluso miran de reojo que el Gobierno efectivamente presente el proyecto de expropiación de Vicentin: “Hace dos meses y medio se habló del impuesto a las grandes fortunas y.... el poncho no aparece”.
Seguí leyendo: