El proyecto de ley de expropiación de Vicentin será la primera iniciativa en cuarentena que tenga como cámara de origen al Senado. El kirchnerismo empuja el proyecto con aval presidencial pero además tiene los votos asegurados. De todos modos aún no ingresó por Mesa de Entradas y, aunque eso ocurriera esta semana, para llegar al recinto se necesita dictamen de comisión y a partir de entonces una semana hasta su debate: la llave para que un proyecto sea tratado sobre tablas la tiene Juntos por el Cambio que no dará los dos tercios para ninguna iniciativa que no esté relacionada con el coronavirus, según el acuerdo original para las sesiones remotas. Menos aún dará votos para Vicentin.
En ese contexto, altas fuentes parlamentarias aseguraron que no arrancará la iniciativa sino hasta saber que hay “consenso”. Nadie tiene margen para arriesgar en una votación: ni el albertismo, ni el ala dura del kirchnerismo ni mucho menos Sergio Massa, que como presidente de Diputados viene invicto. Incluso dio vuelta el malestar con la oposición en el inicio de las sesiones remotas. Es el análisis que hacen puertas adentro en el Palacio y en Olivos, donde no pueden mostrar una derrota a seis meses de iniciada la gestión.
El Congreso vuelve a ser clave, como ocurrió con las reformas laborales y jubilatorias, con la interrupción voluntaria del embarazo, con el matrimonio igualitario o con la emergencia económica y con la Resolución 125 cuando Julio Cobos, con su voto no positivo, desempató en contra de las retenciones al campo tras una dura batalla del sector durante la presidencia de Cristina Kirchner. Ella como vicepresidenta sólo votaría en caso de empate y todo parece indicar que no será necesario que lo haga.
A una semana del anuncio, la iniciativa que redactó la senadora Anabel Fernández Sagasti (mano derecha de CFK y ejecutora de sus ideas) está en revisión política y técnica en Presidencia de la Nación donde el proyecto original podría sufrir modificaciones. Recién cuando el Presidente dé su aval, tras los oficios de varios ministros y la Secretaría Legal y Técnica, será presentado en el Senado. La comisión que iniciará su tratamiento, según los planes del oficialismo, es Asuntos Constitucionales, comisión que preside María de los Ángeles Sacnun. La senadora por Santa Fe es una fiel defensora de la intervención estatal y junto a Fernández Sagasti es una de las figuras centrales en el esquema de Cristina Fernández de Kirchner. El sábado además juntó a cooperativistas con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Esa comisión tiene agendadas reuniones los viernes. La última fue el 12 a las 14.
Hay quienes dicen que esa comisión podría adelantarse a un lunes o martes. Eso aún no ocurrió. Y aunque ocurriera, los plazos parecen no acelerarse tras el impacto inicial, negativo, que tuvo el anuncio presidencial.
En Santa Fe hasta una parte de la oposición reconoce que la fricción con el Ejecutivo tiene más que ver con la forma en que se hizo el anuncio y la premura. “La empresa es un desastre, el concurso no tiene solución. Los créditos estuvieron mal dados y el Gobierno hasta tenía a favor que uno de los dueños de Vicentín violó la cuarentena y se fue a navegar con su yate”, reflexionó ante Infobae una figura central del Frente Progresista. Como el entorno del gobernador Omar Perotti, el dirigente cree que si se modifica el proyecto inicial podría tener más apoyo que el que se vio hasta el momento.
Esta semana en el Senado el Frente de Todos tiene dos votos menos: José Alperovich renovó su licencia y Carlos Menem se encuentra internado desde el fin de semana. Los podrían compensar con la misionera Magdalena Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. En ese caso, volverían a 41 senadores, cinco más de lo necesario para lograr quórum. De todos modos, el oficialismo no los sondeó aún a los representantes del Frente Renovador de la Concordia ni de Juntos Somos Río Negro. Así lo dicen tanto en Diputados, que suman cuatro, como en el Senado. Según supo Infobae al consultar en sus entornos, esperarán a leer el proyecto final antes de definir su postura. Lo imprescindible para el Frente de Todos es tener 36 votos. Hoy los tiene. Pero el caudal de votos da legitimidad a la legalidad.
Los santafesinos están divididos en el Senado: Sacnun es leal a Cristina y Carlos Reutemann es un aliado del macrismo, aunque desde un bloque personal. La posición más difícil es la de Roberto Mirabella, del Frente de Todos, quien reemplazó a Omar Perotti en el Congreso cuando asumió como gobernador. Tras el anuncio, los dos respaldaron públicamente a Gabriel Delgado como interventor, pero es el mandatario provincial el que tiene que hacer equilibrio entre los distintos sectores y empuja una salida consensuada.
A sus 22 votos, Juntos por el Cambio sumaría nuevamente otros siete, entre ellos Reutemann, Lucila Crexell, Claudio Poggi y Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero. Sobrados números para impedir el tratamiento sobre tablas pero no para bloquear una sesión que requiera una votación por mayoría simple.
Aun con los votos asegurados, la oposición no le hará fácil el tratamiento al oficialismo. Es altamente probable que participen de la sesión y usen todo su tiempo disponible para denunciar al kirchnerismo. Ya ocurrió el jueves 11 cuando con la excusa de un proyecto de Educación una docena de opositores buscaron el desgaste del Frente de Todos con denuncias por incumplimiento del acuerdo y avasallamiento de las instituciones.
Lo sorpresivo y apurado del anuncio del lunes pasado no se condice con los tiempos parlamentarios. Aun con un trámite exprés, la iniciativa no llegaría a Diputados antes de las próximas dos o tres semanas. Incluso podría ser un mes.
Son los tiempos que manejan en la Cámara baja, donde se dará la votación más complicada. Sergio Massa desayuna una vez por semana con Alberto Fernández. No dará un paso en falso y no empujaría la votación sino hasta tener el mayor volumen de votos para tratar el tema. Para eso, salvo el kirchnerismo más duro que comanda Máximo Kirchner, esperan primero que esté el texto final del proyecto. Y recuerdan: hace un par de meses se habla del impuesto a la riqueza que sigue guardado. Después, o en el mientras tanto, los negociadores verán qué piensan en las provincias y qué piensan los gobernadores que podrían aportar votos de los bloques más chicos.
El kirchnerismo no le teme al lavagnismo que propone un proyecto distinto desde Consenso Federal pero que en los hechos representa tres votos: Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Jorge Sarghini y Graciela Camaño. De todos modos esa posición se acerca un poco a las ideas de algunos moderados peronistas y socialistas.
Dos son los caminos del oficialismo: consensuar la iniciativa antes de presentarla para garantizarse que el proyecto que vote el Senado será el que tenga respaldo en Diputados para ser ley. O en cambio habilitar modificaciones en busca de apoyo en la Cámara baja (en este caso revisora) que luego podría ratificar o rectificar el Senado de la Nación.
En Diputados el Frente de Todos tiene 119 integrantes, uno menos si se descuenta a Sergio Massa, que como presidente no vota. Once votos son los que le faltan al oficialismo.
La izquierda (Romina del Plá y Nicolás del Caño) presentó su propio proyecto y el planteo es que el Gobierno terminará beneficiando a los grandes acreedores, por lo que no acompañarían. El interbloque Federal pocas veces vota unido. Son otros once diputados que preside Eduardo “Bali” Bucca (su bloque tiene dos integrantes), tres del lavagnismo, más los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti y dos socialistas de Santa Fe. Luis Contigiani, ex ministro de Producción de la provincia y diputado por el Frente Progresista, presentó un proyecto propio que contempla una posición intermedia a la expropiación.
Con José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, vienen tejiendo una buena relación tanto Massa como su coprovinciana la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, que la semana pasada lo reunió con el ministro Matías Kulfas después de compartir un Zoom con cien pymes de Mendoza. A veces los ocho integrantes del interbloque que comanda Ramón votan juntos, pero hasta para dar quórum dependen de sus respectivos espacios y gobernadores. En principio Ramón hizo declaraciones a favor.
En esa distribución atomizada de bancas debe conversar, casi uno a uno, el Frente de Todos. Probablemente esté obligado a una negociación y a la moderación. Una alta fuente le dijo a este medio sobre el recuento de posibles votos y las negociaciones: “No discutimos por los diarios, nuestra tarea es ayudar al Presidente”.