El punteo al que tuvo acceso Infobae fue elaborado por el equipo interventor y está destinado a la circulación interna entre los legisladores del Frente de Todos, para proveerlos de argumentos en el debate. Afirma, entre otras muchas cosas y una abundancia de mayúsculas para dar énfasis, que “esto no es una JUNTA NACIONAL DE GRANOS, instrumento que ya no es utilizado en ningún país del mundo”.
Se sostiene en cambio que “ESTA ES UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA DONDE EL RESCATE DE VICENTIN COINCIDE CON ESTA DECISIÓN HISTÓRICA”, en referencia al objetivo de tener una posición relevante en el negocio bioindustrial, “aprovechar todas las oportunidades que existen en el MUNDO respecto a la producción de proteínas producidas del reino animal”, “colaborar con los desafíos que genera el cambio climático” y “aprovechar la geopolítica de los alimentos post-covid”.
Para esta estrategia multipropósito reafirman la necesidad de apropiarse de la compañía, aunque aclarando que “el rescate de Vicentin S.A. no representa NINGÚN PLAN SISTEMÁTICO del gobierno de apropiarse de empresas privadas”. Este mensaje debe ser destinado especialmente a los inversores extranjeros. “Tampoco es intención del gobierno generar malos antecedentes en materia de derechos de propiedad”, agregan, para el mismo público.
“Hay un proceso judicial y seremos respetuosos de ello”, insisten. Y reconocen que “actualmente la compañía está en concurso de acreedores”, y no en quiebra como se dijo en algún momento desde el oficialismo.
El apunte lleva el título de “Aportes para el debate sobre el rescate de la Sociedad Vicentín SAIC” y un subtítulo: “BULLET POINTS REQUERIDOS”, a saber: una exposición de “la decisión estratégica para la discusión política”, un “mensaje a los inversores extranjeros” -subrayado como lo “MAS URGENTE”-; un “mensaje a la gente de Vicentin”, otro para “la comunidad bioindustrial”, y finalmente otros para “los bancos acreedores” y “la competencia”.
El “plan” se resume en “crear YPF AGRO S.A.” mediante la apropiación de Vicentin.
“El objetivo de estas decisiones estratégicas es generar un vigoroso proceso de crecimiento bioindustrial, que dinamice la economía nacional y revierta los indicadores económicos y sociales de la ARGENTINA”, es otro argumento, entre optimista y utópico.
En el mismo sentido, se habla de “generar una herramienta de política agrícola para incentivar y dinamizar inversiones”. “Vamos a desarrollar desde YPF un proyecto relacionado con VACA VIVA”, dicen y entre paréntesis aclaran “(YA TENEMOS VACA MUERTA)”.
Esto se inscribe en el deseo de crear “una mística de la recuperación”.
Vicentin, en manos del Estado, se convertiría -deben explicar los legisladores- en un “instrumento de intervención como lo es YPF en el mercado de la energía”. Y agregan: “Pero, ojo, referencia de precio para fortalecer la competencia”. E insisten: “El gobierno desea que esta nueva compañía YPF AGRO S.A. sea referencia de precio para fortalecer la competencia en este mercado tan dinámico”.
Avisan que “se están elaborando proyectos de ley que van en ese sentido donde YPF AGRO tendrá un rol importante como instrumento del Presidente y su gabinete”.
Para “la gente de Vicentin”, el mensaje debe ser: “Venimos a trabajar”; “Queremos un plan para que la compañía siga creciendo junto a YPF”; “Queremos respetar la historia y la institucionalidad de la empresa”; “La empresa son sus trabajadores”; “queremos paz social”.
Adelantan que buscarán una alianza con los sindicatos: “Trabajaremos junto a las organizaciones de los trabajadores para estabilizar el plano laboral”.
Aunque luego abren un paraguas: “Queremos respetar todo lo posible los lugares de trabajo y no generar cambios grandes”. Todo lo posible no son necesariamente todos los puestos.
A la comunidad agroindustrial de la Argentina, se le debe decir que el gobierno sabe “que hay un proceso concursal” y que será respetuosos de la justicia. Que esta medida “nada tiene que ver con violaciones a los derechos de propiedad ni fantasmas que se agitan”.
“Queremos mejorar los servicios, las referencias de precios, el financiamiento”, es otro argumento a esgrimir.
Y la aclaración ya mencionada de que “esto no es una JUNTA NACIONAL DE GRANOS”.
También se les debe decir a los bancos que el gobierno quiere “que todos los acreedores logren cobrar”.
Y a los competidores que con esta apropiación se busca “una sana competencia”.
Son los principales argumentos con los cuales el Gobierno instruye a sus legisladores para imbuirlos de la “mística de la recuperación" y armarlos de las herramientas necesarias a fin de dar el combate en el Congreso y ante la opinión pública.
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