En silencio, la Agencia Federal de Inteligencia que conduce Cristina Caamaño denunció el espionaje ilegal que se hizo al Instituto Patria en épocas de Mauricio Macri. La denuncia se hizo en febrero pasado y conforma la cuarta causa que involucra al mundo de la inteligencia del gobierno anterior. Para los denunciantes, este episodio demostraría cómo se habría fingido una “cobertura legal" para las operaciones sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La investigación está en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Nació casi en paralelo a la causa grande, la que reveló el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez y en donde se destapó una estructura de espionaje ilegal a políticos, gremialistas, periodistas o jueces durante el macrismo. Ahí la vicepresidenta Cristina Kirchner ya se presentó como víctima y querellante. Sin embargo, también fueron blancos del espionaje referentes del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal. También se busca saber si hubo tareas de inteligencia ilegales a presos k y se hicieron allanamientos hasta en la cárcel de Ezeiza.
Pero esta causa que hizo la AFI no está en manos del juez Federico Villena, sino de su colega Juan Pablo Augé, quien delegó la investigación en la fiscal Cecilia Incardona. El expediente ya empezó a moverse y va recolectando nutrida información. Desde la política y sobre todo desde la Comisión Bicameral de Seguimiento a los Organismos de Inteligencia observan con preocupación los movimientos de esas dos causas gestadas en Lomas de Zamora.
El hecho que rodea a esta nueva denuncia fue conocido, un episodio que causó risas para algunos y consternación para otros y que ocurrió en agosto de 2018, justo cuando explotaba la causa de los cuadernos. Tres personas estaban en un auto en la cuadra de Instituto Patria, sede del cristinismo, monitoreando los movimientos. Cuando un policía de tránsito fue a pedirles documentos, eran espías. Es más: el auto pertenecía a la AFI.
El Instituto Patria lo denunció en aquel momento por sus redes sociales, incluso con el video, que se publica en esta nota. A raíz de eso, hubo una denuncia penal contra los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani que recayó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Allí, la AFI envió al juez y a la Comisión Bicameral una explicación en donde se afirmaba que esas tareas estaban enmarcadas en vigilancias ordenadas en una causa judicial. El juez de esa causa era Villena. Con esa información y una averiguación en el juzgado de Lomas de Zamora, Arribas y Majdalani quedaron sobreseídos.
Pero cuando el tema había quedado terminado, la novedad radica ahora en que la AFI de Alberto Fernández sospecha que la central que coordinaba Gustavo Arribas y Majdalani habría mentido para darle una justificación legal a ese operativo. Afirmó que esas diligencia sobre Cristina Kirchner no habían sido ordenadas por Villena y reclamó investigar a los responsables de esa situación. Villena se excusó y está investigando la fiscal Incardona.
Tanto el defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, como el diputado Leopoldo Moreau, titular de la comisión bicameral, ya pusieron en foco ese expediente e hicieron declaraciones en los medios.
Según pudo reconstruir Infobae, aquellos operativos se hicieron una causa en donde se pedía investigar posibles atentados en los preparativos del G20, la cumbre que estaba por desarrollarse en Buenos Aires y que había traído desmanes en distintas ciudades del mundo donde se había desarrollado. Aquella denuncia, vale aclarar, se había abierto por una denuncia en Lomas de Zamora de la propia AFI.
La presentación constaba de unas 250 hojas sobre distintos puntos a seguir. En ninguno estaba mencionado concretamente el Instituto Patria o Cristina Kirchner, indicaron a Infobae las fuentes consultadas. Dos meses después de que comenzara la causa, un reporte de la AFI habría llegado al juzgado dando cuenta de varias tareas hechas en esa investigación y en donde al pasar se mencionaba diligencias sobre una decena de personas que podrían ser objetivos de esos hechos y que ya habían quedado descartados. Entre esos nombres aparecía la hoy vicepresidenta.
Justamente, el abogado Fernando Sicilia, que representa a Fernando Melo y Leandro Araque -dos de los espías investigados- había presentado la semana pasada una recusación contra Villena por entender que no era un juez imparcial. Citaba, entre otras cuestiones, el episodio del Instituto Patria.
Mientras tanto, en el programa de televisión del periodista Rolando Graña se revelaron una serie de audios en donde, se sostuvo, hablaba Alan Ruiz, jefe del grupo de operaciones al que respondían Melo y sus compañeros de espionaje, en un grupo de Whatsapp llamado “SuperMarioBross” . Tal como reveló Infobae el domingo, en esos audios se explicaba cómo se inventaba la cobertura legal para las operaciones de espionaje cuando no había ninguna investigación penal que lo justificase.
Así las cosas, ya son cuatro las denuncias que comenzaron este año por espionaje del mundo macrista: dos en Lomas de Zamora -en la que se presentó Cristina y ahora la del Instituto Patria-; y dos en Comodoro Py que impulsó la AFI -una por un disco rígido hallado con datos de mails de políticos y periodistas- y otra por los monitoreos en redes sociales que había hecho sobre más de 400 periodistas, junto a académicos y organizaciones sociales, en el marco de la cumbre del G20. En las denuncias de Comodoro Py, los denunciados son Arribas, Majdalani y Macri, con pedidos de indagatoria incluidos por parte de Cristina Caamaño. La suerte quiso que los dos casos recayeron en manos de Martínez De Giorgi, uno por cada juzgado que maneja (el suyo y el que estaba en manos del fallecido Claudio Bonadio).
Melo y Araque presentaron una denuncia penal en Comodoro Py. Hablaron de “presiones, persecuciones judiciales y amenazas por su condición de ex agentes de inteligencia”. La denuncia también le tocó al juez Martínez de Giorgi. El fiscal Jorge Di Lello ya pidió llamarlos a declarar como testigos, pero antes la AFI los tiene que relevar del secreto. Tal como informó este medio, a esos dos ex espías también los espera la Comisión bicameral.