Quién es María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza y fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima

María Laura Garrigós de Rébori fue nombrada por el gobierno nacional como interventora del Servicio Penitenciario Federal. Dependerá del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo, y, además de ser interventora, la ex jueza de 66 años actuará como titular de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.

Garrigós de Rébori se jubiló en 2018 como jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires pero años antes ya había levantado el perfil mediático al ser la fundadora y presidenta de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la ex magistrada quedó envuelta en varias polémicas y defendió las reformas judiciales del kirchnerismo en reiteradas oportunidades.

Una de las más recordadas fue su apoyo al intento del gobierno de ese entonces de apartar a Carlos Fayt de la Corte Suprema: “Tenemos que estar en funciones mientras estemos en condiciones de cumplir la tarea. Fayt debería exhibir que está en condiciones de cumplir la tarea. Tiene 97 años, en cualquier empleo normal se constataría. Nosotros tenemos cargos vitalicios, sin controles, pero cuando es un poder del Estado, es un poder de todos”, dijo en ese entonces.

En 2017, pidió la renuncia de los tres jueces de la Corte Suprema que beneficiaron con el cómputo de dos por uno de su condena al represor Luis Muiña, pero horas después quedó expuesta cuando salió a la luz que en 2011 ella misma había votado a favor de aplicar el 2×1 a Raúl Guglielminetti, el famoso espía del Ejército que operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”.

Raúl Antonio Guglielminetti, conocido por su alias “Mayor Guastavino”, fue un agente de inteligencia que integró el temible Batallón 601. Durante la última dictadura militar perteneció al grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, bajo el mando de otro represor, Aníbal Gordon. En ese taller mecánico mantenían secuestradas y torturadas a víctimas del régimen militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. También tuvo vinculación con los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “El Olimpo”. El 21 de diciembre de 2010, Guglielminetti fue condenado a la pena de 25 años de prisión por el delito de imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada en 22 hechos.

Cuando los abogados del represor pidieron la excarcelación, la Cámara Criminal y Correcional la rechazó pero Garrigós de Rébori votó en disidencia y se pronunció a favor de aplicar el 2x1. Para justificarlo, sostuvo que había cumplido los dos tercios de la pena: “Considero que lo requerido por la defensa no es un beneficio sino un derecho”.

En 2016 comenzaron los cruces con el gobierno de Mauricio Macri, que había asumido el 10 de diciembre de 2015 luego de vencer a Daniel Scioli en un balotaje. A los pocos meses de asumir, el ex presidente criticó a Justicia Legítima por “obstruir por razones ideológicas las políticas, en materia económica o de seguridad” de su gestión y la agrupación comandada por Garrigós de Rébori le contestó con dureza.

“Los dichos del Presidente contienen una velada amenaza o una advertencia inaceptable en un sistema de división de poderes”, expresaron y, sin falsa modestia, resaltaron que los jueces y fiscales de la agrupación “poseen indiscutida relevancia técnica, alta contracción a la función que ejercen en el marco de la Constitución Nacional, de los tratados de Derechos Humanos y del sistema de garantías consagrados a nivel internacional”.

Luego, la propia Garrigós de Rébori admitió: “Que los jueces tienen ideología política sería absurdo negarlo. Pretender que los jueces no tengan ideología es pretender que actúen como computadoras. Y eso en esta etapa de la humanidad se sabe que ningún ser humano lee la realidad si no por los anteojos de su ideología. Ve la realidad de una manera y así ve el derecho y los asuntos que tiene para tratar”.

En una entrevista con Infobae, la ex jueza denunció que el proyecto del macrismo Justicia 2020 era un vaciamiento del Poder Judicial porque incluía un traspaso de la Justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires: “Esto debería implicar que la gente que está haciendo hoy esta tarea se quedaría sin tarea. Salvo que también fueran trasladados a la Ciudad de Buenos Aires, prestando su consentimiento eventualmente”.

Aquí también apuntó contra el funcionamiento de Comodoro Py, en línea con lo que constantemente remarca Cristina Kirchner: “Produce títulos todos los viernes para que cubra la tapa del domingo, y que produce antes de las ferias muchas resoluciones que después van a ir apareciendo durante las ferias. Todo eso hace que ya nadie crea en nada. ¿Cuántas condenas hay de toda esta fanfarria, de todo este revoltijo mediático y político que transita por las causas penales del Fuero Federal?”.

En otro tramo, afirmó que “la judicialización de la política es inevitable” y que lo mismo sucede con la politización de la Justicia: “La Justicia siempre ha tenido sesgos ideológicos, porque ¿cómo no podrían tenerlos? Si los jueces no tuvieran ideología, serían muebles. Todos los jueces tienen ideología”.

En ese sentido, aprovechó para defender al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien ya había sido condenado a prisión: “La sentencia no tiene explicación desde lo que es la doctrina penal, la sentencia no se sostiene. Desde el punto de vista procesal tampoco, que no se sostiene la competencia federal, que no se sostiene la competencia territorial, no se sostiene la conexidad, hay miles de problemas y la sentencia es claramente un ‘hago esto porque es lo que quiere hacer y punto’. La única explicación que tiene es la explicación política. Si no lo condenaban, si no lo metían preso, ganaba las elecciones”.

La última aparición de Garrigós de Rébori fue a principios de mayo cuando primero defendió las excarcelaciones con la excusa del coronavirus pero luego debió admitir que hubo algunas de ellas mal concedidas.

“Hay jueces que deben hacerse cargo de lo que hacen. Pero que el mundo esté caceroleando por uno, dos, cinco, diez errores… ¿No le impactan más los 124 casos en las villas en una semana? ¿No le parece más grave?”, remató.

Además, se refirió a lo que según su parecer fueron “mentiras increíbles” que escuchó en boca de actores políticos sobre los beneficios otorgados a presos en medio de la pandemia. Recordó que Pichetto dijo que el Gobierno pretendía liberar 20 mil presos, algo que según su visión no es correcto y terminó influyendo en las masivas protestas.

“Escuché un caceroleo tremendo pero no lo escuché por los 40 detenidos de lesa humanidad que están en arresto domiciliario. Y ahí sí estamos hablando de gente que ha cometido violaciones, torturas, delitos violentos”, analizó la jurista.