Tierra del Fuego: el abogado de tres víctimas de presunto abuso sexual denuncia que el juez tiene “planchada” la causa contra el gobernador Gustavo Melella

El abogado de los tres obreros de la construcción que denunciaron al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, por presunto “abuso sexual coactivo” cuando era intendente de Río Grande, reclamó que el juez Raúl Sahade tiene “planchada” la causa desde hace casi un año, desde que el mandatario ganó las elecciones.

En diálogo con Infobae, Francisco “Paco” Giménez denunció que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Grande sigue sin resolver su pedido de recusación por “falta de imparcialidad” contra este magistrado, presentado en marzo del 2019. El Código Procesal de la provincia establece un plazo de 48 horas para hacerlo, y la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego le ordenó hacerlo el 20 de septiembre pasado.

“El juez tiene la causa cajoneada desde hace 9 meses, desatendiendo lo que dijo la Cámara. Recién cuando fui la semana pasada al Juzgado, decidió notificar a las partes de la resolución de la Cámara que le ordenaba expedirse sobre mi pedido de recusación”, advirtió Giménez.

“El expediente está planchado porque Melella está en el gobierno. Si hubiera sido un don nadie, el juez ya le hubiera allanado la casa y secuestrado su celular, porque es lo primero que se hace cuando hay una denuncia de abuso. Y acá nunca ocurrió. Es un escándalo”, se quejó el abogado fueguino. “En otra denuncia similar que llegó a mi estudio, en la que el acusado es un vecino común y que investiga (Pablo) Candela, el primer fiscal de la causa y hoy juez, le allanó la casa y le secuestró las computadoras y el celular como no hizo en su momento con el hoy gobernador”, se quejó.

Según Giménez, “el objetivo es no mover la causa para que pase el tiempo y no tratar la recusación. Tener esa causa bajo su investigación es tener poder sobre Melella”.

El argumento del juez Sahade durante este tiempo para no resolver la recusación fue que había apartado a Giménez y una de las víctimas del proceso, al “sacarles” su condición de querellante.

“Nos denunció penalmente por supuesta obstrucción de justicia, por haberme negado a darle el domicilio de uno de los denunciantes (por Mario Lovera) para garantizar su seguridad, después de que los dos otros dos recibieron amenazas en el lugar donde vivían. Le dije que podía notificarlo en la dirección de mi estudio jurídico”, explicó Giménez. Esta denuncia del magistrado contra Giménez y uno de los supuestos abusados fue otro de los argumentos utilizados por el abogado en su recusación.

La decisión de Sahade fue revertida por la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego en abril, y Giménez y una de las presuntas víctimas ratificaron su condición de querellantes. Sin embargo, fue apelada por otro de los denunciados en el expediente, la empresa constructora Patagonia, y llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, donde se encuentra actualmente. Esta apelación fue el argumento utilizado por Sahade para dejar “pendiente” el pedido de recusación y no resolverla. “Hice una segunda apelación a la Cámara por este motivo, y en septiembre del año pasado, este Tribunal le vuelve a ordenar que resuelva mi pedido de apartamiento”, explicó Giménez.

Infobae consultó al abogado de Melella, Francisco Ibarra, quien confirmó que recién el viernes pasado recibió una notificación del Juzgado de Instrucción Nº 2 sobre el pedido de resolución de la recusación dado por la Cámara de Apelaciones. También confirmó que el expediente de la recusación se encuentra en el STJ provincial, al igual que “el informe del juez de primera instancia (por Sahade) que exigía la Cámara”.

El trámite de la denuncia

La denuncia de supuestos “favores sexuales” contra Melella a cambio de empleo en la construcción y cobrar trabajos realizados en obras del Municipio de Río Grande –cuando era intendente de esta ciudad– fue realizada por tres obreros, y revelada por Infobae en octubre de 2018. La investigación de Infobae incluyó mensajes de audio entre el actual mandatario fueguino y los trabajadores, y comprobantes bancarios de transferencias realizadas por el ex intendente a sus presuntas víctimas, para que viajaran desde el norte del país a la ciudad de Río Grande.

El entonces intendente de Río Grande fue imputado por “abuso sexual coactivo” por el fiscal mayor Guillermo Quadrini, pero hasta no fue llamado a indagatoria por el juez Sahade.

Melella pregonó su inocencia y atribuyó la denuncia a una cuestión “política” y “electoral” por su enfrentamiento con la entonces gobernadora Rosana Bertone. Más allá de la repercusión que tuvo la causa abierta en la Justicia, asumió la gobernación en diciembre pasado, con el 51% de los votos.

Los argumentos de la recusación

Para pedir la recusación de Sahade, Giménez, argumentó en marzo de 2019 que el juez “había perdido la imparcialidad” en el trámite de la investigación. En este sentido, mencionó “no haber tomado medidas de protección hacia las víctimas”, “no haber secuestrado, como medida de prueba, ni el teléfono celular de Melella ni el de las víctimas” y “haber citado con inusitada rapidez a los testigos propuestos por la defensa, y no a los postulados por la querella”.

El abogado también cuestionó que el magistrado “le prohibió a la querella preguntar en una declaración testimonial” y la acusó de “grabar la audiencia en forma clandestina”, además de “impedirle al acceso a la causa” y, en cambio, proporcionarle copia del expediente a la defensa de Melella, cuando “todavía no era ni siquiera imputado”.

“Estos hechos dan cuenta de una pérdida de la confianza pública en el deber de imparcialidad del juzgador. Haber denunciado a una de las partes trasluce un estado de ánimo que pone de manifiesto su enemistad”, agrega el pedido de apartamiento al que accedió Infobae.

“Sin avances” en la causa

La causa contra el gobernador fueguino está unificada con otra donde se investiga presunta corrupción en la obra pública, ya que los denunciantes revelaron haber realizado trabajos que después facturaban empresas contratistas del municipio sin ninguna contraprestación.

Según advirtió Giménez, el expediente está “sin avances desde mediados del año pasado, cuando Melella ganó las elecciones. Desde entonces, el juez no tomó ninguna medida. La excusa para no indagar al hoy gobernador fue que los denunciantes no habían ratificado su declaración original" que dio origen a la denuncia por abuso sexual. "Nos opusimos para no revictimizar a los denunciantes. El año pasado, citaron a una de ellas (por Damián Rivas) y lo tuvieron de las 9 a las 17 horas haciéndole preguntas hasta que se descompuso, y se tuvo que suspender”, relató el abogado sobre la única declaración que llegó a concretarse.

La visión del defensor de Melella es contrapuesta. “El expediente esta en trámite. El principal interesado en que causa avance es Melella. Más allá de las actuaciones por la recusación, se tomaron medidas de prueba. Ahora falta que termine de declarar uno de los denunciantes y lo hagan los otros dos. Yo pedí que se presenten en los términos del art. 105 del Código Procesal de la provincia, que dice que la supuesta víctima debe hacerlo ante el tribunal, fiscal y las partes. Esta instancia es necesaria para que el juez pueda tomar una decisión”.

El propio Giménez, a fin de destrabar la “parálisis de la causa”, pidió la semana pasada a partir de la vuelta de la actividad judicial que estuvo afectada por la pandemia, que sean citados nuevamente a declarar.

Desde que Infobae reveló la denuncias de los tres obreros de la construcción, hace un año y ocho meses, la causa nunca tuvo avances significativos. Bajo el amparo de cuestiones procesales que vienen dilatando la tramitación del expediente, el juez Sahade sigue sin determinar si tiene elementos para procesar o para desvincular al actual gobernador del expediente.

Dos de las víctimas siguen viviendo en Río Grande y, según pudo saber este medio, sufrieron todo este tiempo hostigamiento y fueron “señalados” por la denuncia. No pudieron volver a conseguir trabajo.

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