Para la oposición, el anuncio sobre Vicentin “es peligroso, ilegal e inconstitucional”

A la espera del proyecto de expropiación que Alberto Fernández enviará al Parlamento en los próximos días, la oposición de Juntos por el Cambio salió a rechazar la intervención de Vicentin, la sexta empresa del sector agroexportador de la Argentina, concursada y con una deuda de USD 1.350 millones, a la que calificó como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”.

“La intervención del Grupo Vicentin, anunciada esta tarde por el Gobierno Nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”, respondió Juntos por el Cambio entrada la noche en un comunicado firmado por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el titular de la Coalición Cívica y jefe del bloque en Diputados, Maximiliano Ferraro, y los presidentes de los bloques de senadores y de Diputados del PRO y la UCR, Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente.

Después se sumó Juan Carlos Romero, presidente del Interbloque Federal del Senado.

Según resaltaron en el comunicado, para Cambiemos la intervención “es el primer paso para romper el mercado de granos”. “Con la excusa de la “soberanía alimentaria”, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país. Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, insistieron.

Más temprano, habían sido varios dirigentes los que salieron al cruce del anuncio en las redes sociales.

“No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos", escribió el diputado del PRO Luciano Laspina en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Tengo algunas dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que nos costó USD 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios”.

Más allá del comunicado, según pudo saber este medio de fuentes de la coalición, desde Juntos por el Cambio se aprestaban a analizar el tema en profundidad, aunque por ahora reina una “extrema precaución”, como remarcaron desde el radicalismo parlamentario. El bloque de la UCR en Diputados se encontraba reunido por otros temas vinculados a la renegociación de la deuda, un encuentro ya pactado con anterioridad, mientras el Presidente, el ministro Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y Gabriel Delgado, el economista del INTA de confianza de Fernández que se hará cargo de la intervención de la compañía, promediaban el anuncio oficial.

Durante la tarde hubo intercambios en ese sentido, por ejemplo, entre dirigentes radicales y del PRO y el ex procurador Bernardo Saravia Frías, a quién desde Cambiemos le encomendaron un análisis del tema y la revisión del DNU de intervención que será publicado en las próximas horas. Fuentes de Juntos por el Cambio insisten en el antecedente Repsol YPF y la expropiación de la petrolera, tal como abundó Laspina en sus redes sociales. La oposición pretende estudiar el tema en profundidad para después sentar posición oficial.

“En lo jurídico están cometiendo el error de YPF: la intervención previa, que abre demandas millonarias. Hay un concurso y hay un juez. El accionista no pierde el control de la empresa en el concurso, salvo cuando el juez dicta una intervención judicial. Acá hay un Poder Ejecutivo que se entromete y después ve si expropia. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba la expropiación?", se preguntaban desde los equipos técnicos de la coalición opositora. “En YPF hicieron lo mismo y el viernes perdimos un juicio de USD 5.1000 millones. O hacemos un régimen general para todas las empresas que están en esta situación, como lo hicieron Estados Unidos o Francia. O tomas una empresa y determinas en cuál intervenís o no. Se va a pagar con juicios posteriores”, agregaban.

“El kirchnerismo ya hizo esto con empresas como YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas. Con Vicentin va a pasar lo mismo”, machacaron desde Cambiemos en forma oficial.

El diputado Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la administración de Mauricio Macri, fue uno de los que había sentado opinión apenas oficializada la intervención. “Lo que me preocupa es la visión que tiene el Presidente de que a partir de la expropiación de Vicentin vamos a tener soberanía alimentaria y que el Estado va a ejercer el rol de empresario del sector privado para el devenir de la post pandemia”, dijo el ex funcionario en declaraciones televisivas. “El Presidente acuña la frase ‘soberanía alimentaria’, ¿pero es teniendo una empresa o es produciendo más y generando más valor agregado? Me hace acordar a que íbamos a tener la soberanía monetaria y estatizamos Ciccone, e íbamos a tener la soberanía energética y estatizamos YPF”, abundó el legislador en diálogo con Radio Con Vos.

“Es una muy mala noticia. No hay ninguna necesidad de que el Estado se haga cargo de esa empresa, estaba en un concurso de acreedores. En el mercado se sabía que había dos o tres grupos privados interesados en comprar sus activos. Es muy mal antecedente, y sobretodo es una muy mala señal si el Estado se pone a ponerle precio político a los productos”, opinó además ante Infobae el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, que sucedió a Buryaile.

Luis Petri, diputado de la UCR -enrolado en la llamada “ala dura” de Cambiemos, fue un poco más allá. “La expropiación de Vicentin es un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela", escribió en su cuenta de Twitter.

Federico Pinedo, que encabeza el “comité del día después” de Cambiemos -conformado por dirigentes y ex funcionarios del gobierno anterior-, que trabaja en temas vinculados a la economía, la energía y el rubro social en un documento que ya fue elevado al partido, también rechazó el anuncio. “Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica", escribió en sus redes.

También se refirió al tema el diputado provincial y ex funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Alex Campbell, quien en su cuenta de Twitter sostuvo que “la decisión política de expropiar una empresa le saca certeza y credibilidad a Argentina frente al mundo”. El legislador bonaerense agregó que en este contexto “necesitamos garantías para recuperar la economía”. “Cuidar la propiedad privada y la seguridad jurídica es esencial para que el país se recupere”, enfatizó Campbell.

“Lo que nos venían adelantando algunas ‘mentes avezadas’ kirchneristas hoy es una realidad y verdad. El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta”, divulgaron desde Juntos por el Cambio en el comunicado.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder, para que continúe funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente durante la oficialización de la novedad en el salón de conferencias del segundo piso de la Casa Rosada.

La intervención se basó en buena medida en el informe que Claudio Lozano, director del Banco Nación -principal acreedor de la firma-, elaboró en enero.

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