La primera reacción entre diputados de la oposición fue de sorpresa. Pero también entre gran parte de los diputados y senadores del propio oficialismo. En la bancada de Juntos por el Cambio esperaban antes otros proyectos polémicos y no el anuncio del Presidente respecto a la intervención de la agroexportadora Vicentin. En principio la estrategia del oficialismo es enviar el DNU que establece la intervención por 60 días y designa a Gabriel Delgado como interventor para que lo trate la Bicameral de Trámite Legislativo que preside el diputado santafesino Marcos Cleri. Pero también habrá un proyecto de ley de expropiación de la empresa que será enviado próximamente al Parlamento.
Una vez que se trate en la Bicameral, con mayoría oficialista, el Frente de Todos llevaría el decreto al recinto del Senado (que preside Cristina Kirchner), cámara donde logra quórum y mayoría simple que es lo que se requiere en estos casos. En ese marco podría aprobarlo sin dificultad. Para que quede ratificado alcanza con el aval de una de las dos cámaras.
El proyecto de ley de expropiación también irá al Senado, que con la Vicepresidenta de la Nación al frente será la Cámara de origen. Por eso en la conferencia estuvo la vicejefa del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina Kirchner y autora del proyecto. Prima el mismo criterio según la fuentes consultadas: es menos trabajosa su aprobación que requerirá, de todos modos, dictamen de una o más comisiones según establezca la secretaría parlamentaria. Después de ese trámite, que de todos modos tal vez no sea exprés, y una vez que se obtenga la media sanción, el proyecto deberá ser tratado por al menos un par de comisiones en Diputados y, tras el dictamen, por el pleno de la Cámara. No sería un trámite sencillo y la oposición promete dar batalla: esta misma tarde afirmaron en un comunicado que el proyecto de ley debe votarse antes del inicio de todo el proceso y no al revés.
Desde Santa Fe respaldó el anuncio el gobernador Omar Perotti: “Vamos a acompañar a Gabriel Delgado designado como interventor por el presidente de la Nación en esta tarea que se le ha encomendado. Lo vamos a hacer en el resguardo de los intereses de todos los santafesinos por lo que significa hasta aquí una empresa como Vicentin y con las dificultades que ha atravesado en la última instancia, con la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”, manifestó. Y agregó: “Hay que resguardar no solamente ese esquema de productores que necesitan cobrar, acopiadores, una red muy importante de intereses concretos y genuinos de los santafesinos que deben y tienen que cobrar”.
En la misma línea se expresó el senador que ocupa hoy la banca a la que renunció Perotti. Roberto Mirabella dijo que es “una decisión que trae alivio y certidumbre para cientos de productores y trabajadores. El rescate de esta empresa es clave para la Provincia de Santa Fe”. Similares palabras tuvo el ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, ex adversario del kirchnerismo cuando se impulsaron las retenciones al agro. También santafesino consieró “oportuna” la decisión y consideró que beneficiará a Rosario.
La semana pasada el debate sobre dos DNU de Mauricio Macri sobre el traspaso del sistema de escuchas de la Procuración a la Justicia generó tanto malestar que Juntos por el Cambio, más algunos aliados, dejaron la sesión y no votaron ningún decreto de Alberto Fernández, pero tampoco la ley de alquileres, que por tratarse sobre tablas requería dos tercios de los presentes. Esta semana ese proyecto podría tratarse y convertirse en ley con el voto de la mitad más uno de los presentes. Diputados en cambio analizaba la posibilidad de realizar una sesión remota el miércoles o viernes para tratar el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, una iniciativa con alto consenso en la que oficialismo y oposición trabajaron juntos en el Congreso y hasta con el ministro de Producción Matías Kulfas. De eso hablará mañana el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con los presidentes de los bloques de la oposición y pondrá bajo un paraguas el caso Vicentin, para evitar que los roces impidan el avance de una ley que consideran, tanto peronistas como opositores, que puede contribuir a generar empleo aún en el marco de la pandemia.
Vicentin dividió aguas. Dos diputados opositores de los más duros con el oficialismo salieron de inmediato a marcar posición mientras puertas adentro en Juntos por el Cambio analizaban qué decir. Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura y el mendocino Luis Petri encabezaron la postura en contra. También Luciano Laspina, economista y diputado del PRO, que evitó referirse a la expropiación pero alertó que “las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos”.
Jorge Enríquez, diputado porteño de Juntos por el Cambio, estaba en alerta respecto a la reforma judicial y otras iniciativas. Se encontraba dando una entrevista en la señal DTV cuando Alberto Fernández hizo el anuncio. Al salir, habló con Infobae y advirtió de inmediato que el proyecto debe pasar por el Congreso y que para expropiar se debe justificar la utilidad pública.
Así es. La ley 21499, sancionada en enero del año 1977, establece que para que el Estado expropie una empresa la causa debe ser la utilidad pública. El proceso se debe iniciar con la sanción de una ley y debe haber una compensación, una “justa indemnización” a los dueños.
La utilidad pública puede ser subjetiva o ideológica. Queda en evidencia en los argumentos que comenzaron a escucharse apenas terminó la presentación del Presidente.
La ex diputada nacional por el PJ y ex presidenta de la comisión de Legislación, Ana María Monayar, explicó en un artículo de su autoría que “el concepto de utilidad pública refiere a todo aquello que satisface una necesidad generalmente sentida o la conveniencia del mayor número con la finalidad de maximizar el bienestar general”. Aclaró que el concepto “no es unívoco y puede variar según circunstancias espacio- temporales, así como del ordenamiento jurídico que se tenga en consideración. El hecho de que lo que se considera de utilidad pública en un lugar y momento determinado puede no serlo en otros, hace que dicho concepto sea contingente y circunstancial”.
De todos modos, la declaración de utilidad pública es la causa jurídica que vuelve posible el proceso de expropiación y permite “resguardar la inviolabilidad de la propiedad privada y torna legítima la restricción de los derechos particulares, si así lo requiere el bienestar general”.
Según la ley 21.499 debe procurarse "la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual”. Para evitar manipulación de la facultad, explicó en su momento la legisladora, “debemos tener presentes en este punto principios tales como el de la función social de la propiedad y del destino universal de los bienes. La finalidad social importa beneficio general sobre el individual, debiendo existir una correspondencia con los hechos, pues el concepto de utilidad pública no puede encubrir motivos de interés privado”.
“La facultad de expropiar es esencialmente política y ha sido depositada en el Poder Legislativo atento a que, no pudiéndose reducir el concepto de utilidad pública a una fórmula cerrada, su determinación debe estar en manos de quien está en contacto más inmediato con el pueblo y puede apreciar mejor sus necesidades”, indicó finalmente en un texto de consulta en Diputados la jurista.
En el Congreso empezó a circular un borrador con los fundamentos que deberán defender los legisladores oficialistas. Mencionan un proyecto “dinamizador de producción de alimentos”; de la creación de YPF Agro SA; de la unificación de operación de las compañías y de una serie de leyes de aumento de producción: aumento de producción vegetal, maquinaria de riego, incentivo a la exportación de proteína para humanos y del fomento de la biotecnología.
Los objetivos del “rescate” de Vicentin tendrán tres objetivos, sostuvo una alta fuente del Congreso con línea directa con la Casa Rosada: la recuperación y el pago de deudas a productores del interior; la renegociación con los bancos acreedores y finalmente “garantizar la paz social y estabilidad laboral con gremios”.
Además se promoverá, dijeron, un acuerdo de integración productiva con entidades del sector agropecuario.
La oposición cuestionó “el relato” del Presidente pero, aún así, hay quienes evitaron y evitarán expedirse sobre la cuestión de fondo que es si se puede o no expropiar la empresa. Incluso se comentó en la reunión de radicales que el jefe de la bancada, Mario Negri, pediría a su colega diputado y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, que el partido elabore un informe para determinar si la expropiación es el único salvataje posible o si hay alguna otra solución.
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