Tras el anuncio de expropiación de la cerealera Vicentin varios referentes del kirchnerismo utilizaron las redes sociales para celebrar la medida.
Una de las primeras en manifestarse fue la diputada Fernanda Vallejos, quien destacó que la estatización garantiza los puestos de trabajo y le da seguridad a los 2600 pequeños productores “que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa”.
Vallejos fue mencionada durante la conferencia de prensa de esta tarde a raíz de su iniciativa para que el Estado obtenga una participación en las empresas a las que ayuda financieramente por la crisis de coronavirus.
“Es una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura”, agregó Vallejos.
En la misma línea se expresó el referente social Juan Grabois. Según el lider de la CTEP, el presidente Fernández tomó “una gran decisión” que representa “un paso hacia las transformaciones estructurales necesarias para terminar con tanta injusticia”.
“Excelente decisión”, dijo el ex líder piquetero Luis D’Elía y luego compartió un posteo de otro militante kirchnerista que le pedía al Presidente que no le “tiemble el pulso” para estatizar todos los servicios públicos.
Por su parte, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, argumentó que con la expropiación, el Estado “se asegura el cobro de la deuda, evita la extranjerización y la compra agresiva de fondos buitres”.
Mientras que Pino Solanas destacó que se trata de una medida “histórica” a partir de la cual “el Estado podrá impulsar la soberanía alimentaria, exportación de granos y garantizar continuidad de miles de puestos de trabajo”.
En un tono más confrontativo, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, afirmó que “con la intervención de Vicentin “se terminó la impunidad para los empresarios que malversan fondos públicos; que sirva de mensaje para todos”. El posteo estaba acompañado de una foto del ex presidente Mauricio Macri, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, y el ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga.
El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por USD 350 millones.
En total, la deuda de Vicentin asciende a USD 1.350 millones, de los cuales unos USD 1.000 millones son con los bancos y otros USD 350 millones con empresas del sector agrícola.
El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.
El anuncio fue realizado por Alberto Fernández en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.
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