Uno de los dos socios del Grupo Indalo, Fabián de Sousa, no se mostró sorprendido por la salida a la luz del escándalo por la denuncia contra el Gobierno de Mauricio Macri por actividades relacionadas al espionaje ilegal contra políticos opositores, empresarios y hasta periodistas.
El empresario, que estuvo bajo prisión preventiva durante casi dos años, entre diciembre de 2017 y octubre de 2019 acusado de evasión de 8 mil millones de pesos del impuesto al combustible a través de la empresa Oil, aseguró que a lo largo de su tiempo en prisión fue testigo de diferentes tipo de actividades ilegales en su contra y que su entorno también fue amenazado y atacado durante la última gestión presidencial.
Además, apuntó sus dardos directamente contra el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien señaló como uno de los responsables de la persecución y de haberlo mantenido preso en el penal de Ezeiza.
“(Lo del espionaje ilegal) No nos sorprendió. Nosotros no teníamos indicios, pero temíamos la situación, algunos comentarios, en los cuales creíamos que estábamos siendo escuchados, grabados. El personal de lo que se llama el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal estaba infiltrado entre el personal que tenía trato con nosotros e informaba de manera permanente acerca de nuestras actividades”, afirmó De Sousa en una entrevista a Radio 10, de la cual es uno de los dueños.
Y completó, apuntando sus dardos de manera directa al ex jefe de Gabinete: “En lo personal, el ex Jefe de Gabinete de la Nación, el señor Marcos Peña, nos mandó a decir que ‘A los enemigos ni justicia’. Así que claramente cumplió con su rol”.
“En el mes de marzo o abril del 2017, a través de personas que habían ido a charlar con él con cuestiones vinculadas a los medios del Grupo Indalo y a lo que era la pauta que le correspondía por su nivel de audiencia, en la conversación surgió el tema acerca de la situación en la cual creíamos que estábamos injustamente expuestos acerca de presuntamente haber cometido de delitos. Una de las frases más célebres que me transmiten las personas que fueron a charlar acerca de cuestiones de tanda publicitaria fue la frase, ‘Al enemigo, ni Justicia’. Y claramente fue lo que hicieron, fue lo que hicieron desde el primer día”.
De Sousa explicó que sospechó desde un principio que durante su tiempo en la cárcel fue escuchado y hasta grabado mientras permanecía en su celda personal. Sin embargo, afirmó que uno de los puntos que más lo indignó fue el tratamiento que recibió gente de su entorno durante todo el período de su prisión.
“Cuando empiezan a pasar estas cosas, uno empieza a evaluar si hubo situaciones extrañas, cuando uno tiene tiempo de parar un segundo y mirar atrás. A nosotros nos han pasado tantas cosas raras en el transcurso, antes de mi detención y posterior a mi detención. Parecían hechos casuales”.
Y continuó: “Desde que fui detenido hasta el 8 de octubre, que fue el día que me tocó recuperar mi libertad, vivimos tantas situaciones extrañas, de acoso, de persecuciones, de robo. Hubo gente vinculada directamente conmigo que fue atacada con armas para robarles el celular, que les robaron los autos, gente a la que les rompieron los autos en la puerta de las casillas de seguridad del penal para robarles los celulares que quedaban afuera, porque no se puede ingresar con celulares a la cárcel y no se sabía nada. (...) Yo tengo un amigo al cual para robarle el celular le pusieron un revólver en la cabeza en pleno Palermo, este se negó a entregar su celular. Al final lo salvó, le ofreció plata, la billetera. Querían el celular, cuando no le dio el celular, no se animó a dispararle, pero estuvo a segundos de dispararle para robarle el celular”.
Además, el empresario denunció que durante su período en prisión, funcionarios del anterior Gobierno establecieron un sistema de persecución y amenazas para aquellos gerentes o representantes de algunas de sus empresas que acudían al penal de Ezeiza para reunirse con él.
“Cuando iniciaban las reuniones, les preguntaban si habían ido a ver a los presos. Si alguno decía que sí o que no, su respuesta era contrastada contra información que tenía esta persona, que revisaba un reporte y le decía ‘tenés razón, vos hiciste la autorización para ir a ver a este preso, pero no fuiste. Te aconsejamos que no los veas’”.
“A los que desafiaban eso, que eran la gran mayoría, las amenazas se cumplían. Iban a tener infinidad de problemas judiciales. Hay cuatro, cinco o seis casos de esos que tienen infinidad de cuestiones judiciales, que se los crearon en condiciones menores. Y a quienes cumplían y no iban y lo revisaban cada 15 días, la sortija les llegaba porque en el expediente empezaban a llegar escritos donde su función se ajustaba a derecho”, detalló.
De Sousa también aseguró que las escuchas en su contra también contemplaban disponer de antemano las estrategias que él, su socio Cristobal López, y sus abogados establecían para diseñar la estrategia de defensa ante los juicios en su contra.
A su vez, De Sousa volvió a asegurar que la causa en su contra, por presuntas infracciones impositivas cometidas con la empresa Oil Combustibles, fueron diseñadas de antemano y perpetradas de manera ilegal por el anterior Gobierno.
“Fueron construyendo resoluciones y órdenes administrativas que son las que regulan la relación con los contribuyentes que sólo tenían efectos sobre el combustible, a efecto de limitarle su capacidad de operación, de afectarle su flujo de fondos y su giro de negocios para que de esta manera que la compañía tenga que entrar en condiciones que sean totalmente anormales. Y buscar que en esas condiciones anormales se genere algún delito”.
“Esto fue planificado en julio del 2015 en la Fundación Pensar. Esto está escrito en entre los objetivos a mediano plazo de los primeros 100 días de la Fundación Pensar. En las presentaciones de la Fundación Pensar, que fue un órgano de construcción de objetivos y de construcción política de las políticas a implementarse en caso de ganar. Está claro qué iban a hacer y quiénes lo iban a hacer”, completó.
En tanto, De Sousa también destacó un hecho particular sucedido en febrero de 2018, bajo la entonces flamante gestión de Ignacio Rosner, que el socio de Indalo señala como el punto determinante en la conducción hacia la quiebra de la empresa.
“Cuando nosotros nos fuimos, en octubre de 2017, dejamos la compañía operando con stock para poder mantenerse 60 días tanto en refinación como abastecimiento de la red y en febrero de 2018 se produce el corte de la cadena de abastecimiento de petróleo. Ahí hacen dos operaciones muy raras”, explicó De Sousa.
Y amplió: “Son dos operaciones de compras de barcos de petróleo en condiciones totalmente diferentes a los procesos normales que desarrollaba la compañía y ese petróleo que se compra a brokers internacionales son pertróleos que no están en capacidad de ser procesados en la refinería. Entonces, cuando acceden a esos petróleos, son petróleos con alto volumen de mercurio, que en general tienen un precio de remate porque son difíciles de trabajar y tienen muchos contaminantes, la compañía hace dos compras de barcos de ese tipo. Por lo cual, cuando entra ese producto a la refinería, la refinería no puede procesar ese petróleo y la compañía se queda sin fondos para seguir comprando otro petróleo que permita abastecer el proceso de refinación”.
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