La carta está fechada el 7 de diciembre de 2017, tres días antes del comienzo de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se llevó a cabo en Buenos Aires, y lleva la firma de Jorge Faurie. El entonces canciller solicitaba la intervención del ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, para que se permitiera la acreditación de la finlandesa Kirsi Chavda, integrante de la ONG Siemenpuu. El canciller trasmitía una gestión de su par de Finlandia, quien “ha garantizado el buen comportamiento de la sra. Chavda de acuerdo a los usos y costumbres locales”. En esa misma nota, Faurie trasladaba un pedido similar de la embajada de Holanda por los integrantes de la ONG Transnational Institute (TNI). Ambas organizaciones habían sido “rechazadas” por la AFI en base a informes de inteligencia supuestamente ilegales.
La nota de Faurie, el listado de rechazados, y la ficha de la ciudadana finlandesa son parte del material que se encontró en una caja fuerte de la AFI y mañana quedará en poder de la Justicia. Infobae accedió junto a otros medios al contenido de todos los documentos. La denuncia judicial ya fue presentada el viernes en Comodoro Py, pese a las complicaciones por la pandemia: apunta a las autoridades anteriores de la AFI por haber ordenado tareas de inteligencia ilegales contra más de 400 periodistas que se acreditaron para la Cumbre del G20, y contra un grupo de casi 100 académicos, empresarios y organizaciones sociales que participaron de la XI Conferencia Ministerial de la OMC.
Según la denuncia, ahora en poder del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y de la fiscal Paloma Ochoa, la producción de esos materiales viola el inciso 2 del artículo 4 de la ley de inteligencia nacional, que determina que "ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En el caso de Transnational Institute, presente en la nota de Faurie, la AFI produjo un informe sobre la vinculación de esa ONG con el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, como parte de un análisis de todos los interesados en participar de la reunión de la OMC. El objetivo era individualizar aquellas personas u organizaciones que “podrían actuar como elementos desestabilizadores del normal desarrollo del encuentro”.
El documento -fechado el 23 de octubre de 2017- subraya que ambas organizaciones “se encuentran posicionadas ideológicamente opuestas al libre comercio, y por consiguiente, a las reuniones que en ese sentido, se llevan a cabo en el marco de la OMC”.
En el caso puntual de Transnational Institute, la AFI marca un potencial riesgo a partir de la vinculación con la investigadora argentina Luciana Ghiotto, catalogada como “uno de los referentes de la denominada ‘CUMBRE DE LOS PUEBLOS’ o ‘CONTRACUMBRE’” y que “utiliza sus vínculos con organizaciones y casas de altos estudios para poder realizar actividades de proselitismo sobre la causa que lleva adelante”.
Apenas trascendió su nombre, Ghiotto se expresó a través de Twitter: “Parece que dar charlas y talleres para orgs populares sobre cómo funcionan los organismos internacionales como la #OMC o el #G20 es actividad terrorista digna de ser espiada. Le daremos batalla legal”.
En el caso de la finlandesa Kirsi Chavda, cuya ficha fue encontrada en la AFI, las gestiones diplomáticas surtieron efecto puesto que aparece en otro listado de “Readmitidos” junto a Lyda Fernanda Forero, de nacionalidad colombiana, y María Cecilia Olivet, de nacionalidad italiana y uruguaya, entre otros. Las dos últimas integraban la ONG Transnational Institute.
Otra carpeta encontrada en la AFI contiene unas 60 fichas de distintas personas que habrían sido “observadas” antes de permitir su ingreso a la reunión de la OMC. Aparecen miembros de la Sociedad Rural Argentina, de la Fundación Poder Ciudadano, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, entre otros. Esas fichas contienen datos personales, como patentes de autos, nombres de familiares y hasta de la empleada doméstica.
En la AFI también se encontró un parte de inteligencia sobre un plenario del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen, el 24 de septiembre de 2017. Ese informe se destaca del resto porque está confeccionado en base a “fuentes propias” en referencia a presuntos espías o informantes de la AFI.
Según ese reporte, acompañado por varias fotos, el PTS había acordado “organizar actividades contra el normal desenvolvimiento de Conferencia OMC a desarrollarse en el mes de diciembre” y “evitar la realización de G20 en el país”, entre otras cosas.
El documento incluye un listado de los coordinadores generales del encuentro, con una ficha personal de cada uno, con foto, nombre completo, DNI, y un domicilio particular.
El dato quizás más llamativo son dos anexos con un supuesto listado de aportantes al PTS en la provincia de Buenos Aires y un listado de “Personal de Cuadros formados y Capacitados del PTS, Provincia de Buenos Aires”.
Claudio Dellecarbonara, uno de los mencionados, no se mostró sorprendido ante la consulta de Infobae. “Esta práctica ha sida utilizada históricamente contra las organizaciones de izquierda. La sufrimos con Macri, pero también en gobiernos anteriores, por ejemplo con el Proyecto X de Gendarmería Nacional bajo la administración kirchnerista. No hay que olvidarse que Jaime Stiusso estuvo en la cumbre de la Inteligencia desde la dictadura de Lanusse hasta bien entrado el segundo gobierno de Cristina Fernández”, dijo el delegado del subte y actual diputado por el FIT.
En otra las carpetas encontradas en una caja fuerte ubicada en la Dirección de Eventos Especiales, que dependía del área de Contrainteligencia, se encontraron 403 fichas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos, cuyo denominador común es el haber solicitado todos ellos acreditación para la cobertura de la Cumbre del G20. Cada planilla contiene una foto, referencias del contenido de sus redes sociales, y un encabezado de color rojo, amarillo o verde, como una suerte de semáforo para alertar sobre determinadas personas. En muchos casos aparecen menciones a sus preferencias políticas y actividades culturales. “Aunque las fichas de los periodistas están hechas en base a fuentes abiertas, como las redes sociales, la recopilación de esa información está prohibida por la Ley de Inteligencia”, dijo una fuente de la AFI.
“Solo le pone me gusta a la página de Laura Alonso”, destaca la ficha de un importante editor del diario La Nación. “En su cuenta de Facebook no demuestra ideología política alguna”, agrega la ficha de un periodista al que se destaca por haber realizado una investigación sobre Fernando Niembro que lo terminó marginando de la política.
La gran mayoría de las fichas tienen encabezados de color verde. Pero hay casos en que el semáforo está amarillo o rojo. Uno de ellos es el de una productora de A24: la AFI la puso en amarillo porque “no estaba comprobada su pertenencia al medio”. Algo similar ocurre con una colega de la agencia DPA. Su ficha resalta que "DPA anunció el cierre de su sección en español”.
En el caso de los fotógrafos, los informes destacan eventos públicos de los que habrían participado. Los datos surgen de una búsqueda rápida en Google. “En 2017, mientras cubría los incidentes frente al Congreso, recibió perdigones de goma en una pierna y efectuó críticas a las fuerzas de seguridad”, dice la ficha de un fotógrafo de Perfil. Otra hace hincapié en el contenido de la cuenta de Twitter de un camarógrafo: “La usa esporádicamente principalmente para hacer reclamos a empresas de servicios o a la Municipalidad de Ituzaingó”.
En el listado aparece un total de 21 integrantes de la redacción de Infobae, entre cronistas, fotógrafos y camarógrafos que se inscribieron para la cobertura del G20.
Muchas de las fichas sobre los periodistas acreditados destacan supuestas preferencias políticas. “Tiene una postura lejana al gobierno, es bastante moderada en sus menciones”, afirma la ficha de una periodista que trabaja actualmente en C5N. “Manifiesta una postura cercana al oficialismo”, se señala sobre un reconocido periodista de Radio Mitre.
Todo el material fue encontrado en enero pero recién será entregado el lunes en el juzgado de Martínez De Giorgi, donde quedó radicada la última denuncia penal de la AFI. Esa presentación solicita la declaración indagatoria de los espías involucrados, del ex director general de la AFI Gustavo Arribas, de la ex subdirectora general Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.
Según la denuncia, el origen de la maniobra es un documento interno elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que establecía los lineamientos para otorgar las acreditaciones.
Casi en simultáneo a la denuncia, el presidente Alberto Fernández habló este viernes de las tareas de espionaje en una conferencia de prensa que brindó en La Pampa. “La mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar”, dijo. A esa hora, la denuncia todavía no había trascendido públicamente. Solo aparecía una mención en el sistema de sorteos de la Cámara Federal, donde aparecía, por error, la ex ministra Patricia Bullrich como denunciada.
Se trata de la segunda denuncia de la AFI en menos de dos semanas. La primera, también en manos del juez Martínez De Giorgi, apunta a un supuesto espionaje de más de ochenta personas, muchos de ellos dirigentes de Cambiemos, a través de sus cuentas de mails. Sin embargo, todavía no hay rastros de esos correos. Solo se entregó un disco rígido donde habrían encontrados la ruta de los mails borrados.
En ese expediente, el juez ya ordenó las primeras medidas de prueba. Entre ellas, que la AFI informe “pormenorizadamente el procedimiento que se llevó a cabo con motivo del hallazgo del disco rígido Western Digital –S/N WCASY 0545906 y cómo se documentó el recupero de la información que habría sido eliminada del dispositivo, y especifique los protocolos y normativa observados a tales fines”.
Seguí leyendo: