José Luis Lingeri: “Debemos replantear el sistema de salud porque hay mucha complejidad y facilita la burocracia”

Poderosas, codiciadas y millonarias, las obras sociales fueron siempre las niñas mimadas del gremialismo argentino. La dirigencia no les debe agradecer su creación al general más querido por la patria sindical, Juan Domingo Perón, sino al teniente general Juan Carlos Onganía, el dictador durante cuya gestión gubernamental se sancionó la ley 18.610, una pieza maestra para que los sindicalistas complementaran la fuerza política con un poderío económico que les permitió consolidar su expansión.

Desde entonces, las obras sociales sindicales han mostrado sus dos caras. Una, muy elogiable, es la capacidad de brindarles prestaciones médicas a unas 14 millones de personas en todo el país. Algo clave en esta época de pandemia, con un esquema de atención sanitaria en el que conviven un sistema público de salud con muchas deficiencias y uno privado, de altos costos para acceder a sus beneficios. La otra cara de las obras sociales está vinculada con lo que se conoce como “la caja sindical”, donde el manejo de un enorme circuito de dinero puede derivar en irregularidades y falta de transparencia.

José Luis Lingeri es un especialista en el sistema de obras sociales. Es secretario de Acción Social de la CGT y titular del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). Durante el gobierno de Carlos Menem fue interventor de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL) y, más tarde, el responsable de la Superintendencia del Seguro de Salud, organismos desde donde se manejaron los multimillonarios fondos de las obras sociales. Y, por lo tanto, decisivos para el sindicalismo y también para el poder político, que suele cerrar o abrir el grifo de ese dinero para alinear a la dirigencia gremial.

En 2004, “El Flaco”, como lo llaman sus amigos, llegó a liderar la CGT en un triunvirato que compartió con Hugo Moyano y con Susana Rueda, de Sanidad (la primera mujer en haber alcanzado ese puesto desde la creación de la central obrera, en 1930).

Cuando nadie lo esperaba, Lingeri y el resto del sindicalismo volvieron a pilotear el manejo de los fondos de las obras sociales cuando Mauricio Macri, apenas ganó las elecciones presidenciales de 2015, designó al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud al médico sanitarista Luis Scervino, director médico de la obra social de Obras Sanitarias y vicepresidente del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, integrado por especialistas y técnicos vinculados con sindicatos de la CGT.

Hoy, desde la CGT, este dirigente tiene la compleja misión de conseguir que se destraben los fondos del Estado para evitar que se siga desfinanciando el sistema de obras sociales y, en diálogo con Infobae, habla del difícil momento del sistema sindical de salud, pero también de la crisis económica, de la salida de la pandemia, del acuerdo UIA-CGT y del tema que viene: el pago del aguinaldo.

-¿Está preparado el sistema de obras sociales para afrontar el peor momento de la pandemia?

-El hecho de haber tenido una alerta temprana del tema permitió corregir las falencias que podía haber. En todo el mundo nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza, pero en este tiempo se consiguió duplicar la capacidad de camas de alta complejidad, se consiguieron los respiradores, se pudieron traer las mascarillas y los equipos para aislar a los pacientes. El tema es tan complejo que, a pesar de los recaudos, en el sistema de sanidad han tenido contagios de médicos y enfermeras.

-¿Cómo es hoy la situación de las obras sociales en medio de la caída de la recaudación por la crisis económica?

-Por los reportes que tenemos, no son tan grandes las caídas como habíamos pensado. Los aportes a las obras sociales que tiene registrados la AFIP fueron de 28.300 millones de pesos en marzo y de 28.860 millones de pesos en abril, o sea que la caída fue mínima. No es lo que pensábamos que iba a caer. En el Fondo Solidario de Redistribución, que se destina a los reintegros de los tratamientos y medicamentos más costosos, si se toma la recaudación de mayo contra abril hubo un aumento de 342 millones de pesos. Igual, es distinto cuando se consideran las caídas por actividad. Hay algunas que cayeron entre un 40 y un 60%, como la actividad hotelera, metalúrgica, construcción, textiles, calzado, y otras que no tuvieron cambios, como el sector público.

-La pandemia complicó la situación de las obras sociales, pero ya venían con problemas. ¿Cuáles son los principales?

-Los medicamentos de alto costo están haciendo mucho año al sistema financiero de las obras sociales, que tienen que hacerse cargo, por ejemplo, del Spinraza, que se utiliza para los chicos con atrofia muscular espinal: cada ampolla cuesta 60.000 dólares y para el tratamiento se necesitan 4 o 5 ampollas por año. Si alguna obra social no lo puede pagar, el paciente presenta una cautelar y el juez obliga a brindar ese medicamento. Por eso proponemos la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como existe en otras partes del mundo, para que la comunidad científica, sin presiones de ningún tipo, evalúe la aparición de nuevas drogas y si se justifica su utilización en muchos tratamientos porque son muy costosas y a veces su eficacia es dudosa. Queremos que la opinión de esta Agencia sea vinculante para que la Justicia pueda determinar si hay que dar o no algún medicamento. Pero del costo de los medicamentos caros debería hacerse cargo el Estado. Para eso habría que ir a una nueva canasta de prestaciones.

-¿Que significa ir a una nueva canasta de prestaciones?

-Hay que revisar el Programa Médico Obligatorio, que son las prestaciones médicas mínimas a las que están obligadas las obras sociales y las prepagas. No se trata de recortar beneficios, pero esto es como el país: podés crecer en la medida en que tengas posibilidades económicas, y las obras sociales pueden cumplir el cometido prestacional en la medida en que tengan los recursos. Si todos los días nos imponen distintas patologías o medicamentos y no tengo los recursos, no va a poder satisfacerlo.

-¿El sindicalismo tampoco está de acuerdo con la desregulación de las obras sociales?

-La libre elección de la obra social ha sido una falacia. Esto le permitió crecer a algunas que no tienen la cantidad de trabajadores correspondientes con el número de afiliados a la obra social. A lo mejor un gremio tiene 500 trabajadores y hay 200.000 afiliados en la obra social. Eso es porque se triangulan los aportes: el aporte legal va a una obra social que uno elige y que, a su vez, deriva ese monto a una prepaga con la que hizo un acuerdo. Lo que esta vigente no se puede retrotraer, pero hacia el futuro queremos reglamentarlo para impedir una sangría de aportes que siga perjudicando a un montón de obras sociales.

-Otra queja del sindicalismo que las obras sociales deben atender a los monotributistas y jubilados con un aporte mínimo que hacen al sistema y deben brindarles las mismas prestaciones que al trabajador en relación de dependencia.

-Lo recaudado es insuficiente para que las obras sociales atiendan a 1.350.000 monotributistas y 350.000 jubilados: una cápita de entre 1.900 y 2.000 pesos por mes para darles todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio. Es una cuota irrisoria, aunque aumentarla en medio de esta crisis es difícil. Esto repercute negativamente en las obras sociales y sobre todo en la de Comercio, una de las que tiene la mayor cantidad de monotributistas. Es un tema para revisar cuando pase la pandemia.

-¿Habría que reformar el sistema para que las obras sociales más chicas se concentren o se fusionen con las más grandes?

-Eso lo hemos analizado mil veces, pero nunca se pudo lograr: cada uno quiere mantener su actividad y la pertenencia a la obra social de origen. Pero después de esta pandemia y del problema económico, algunas obras sociales chicas van a ser inviables y es posible que desaparezcan y tengan que transferir sus afiliados a otra para mantener un sistema prestacional mínimo.

-Con cada gobierno que llega se habla del manejo político de los fondos de las obras sociales. ¿Es posible evitar el reparto discrecional de la administración de turno de esa plata que se deriva del aporte de los trabajadores?

-No es que sea discrecional. Quizá algún caso se puede interpretar así, pero supongamos que la obra social de los trabajadores rurales tenga un millón de afiliados y una cápita (ingreso promedio por afiliado) de 600 pesos, y siempre va a cobrar más que en nuestro caso, de Obras Sanitarias, que tenemos 22.000 afiliados pero una cápita de 3.000 pesos. La distribución de esos recursos está relacionada con la cápita: cuanto mayor es, menos dinero va a entrar en la obra social. Además, cuando se reclama por alguna prestación no te pagan el 100% sino un 70% porque no se actualizan los montos. Por eso hay que agilizar todo e ir a un sistema digital de tramitación de expedientes. Hay mucha complejidad en el sistema de salud: hay programas de todo tipo, el SUMA 65, SUMARTE, SANO, Integración... Habría que replantear todo esto porque facilita la burocracia. Desde que se pusieron en vigencia las leyes 18.610 (de obras sociales) y 23.660 y 23.661 (de creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud), hubo una gran cantidad de normas, decretos y resoluciones. Hay que revisar todo para simplificarlo. Pero el sistema tiene que ser sustentable: hay que dar una prestación sobre la base de la capacidad de recursos que se tiene. Lo tienen que saber los legisladores, que aprueban nuevos tratamientos y nuevas patologías, pero nunca definen de dónde salen los recursos para pagarlos. Las obras sociales no tienen fondos infinitos para pagar todo. Es un cuello de botella: a más prestaciones, menos recursos. Así es difícil la subsistencia del sistema.

-¿En estos días le preocupa tanto el tema sanitario como las consecuencias económicas de la pandemia?

-La gente está preocupada. Hay un sector importante de pymes y pequeños comerciantes que no tienen trabajo o debieron cerrar sus puertas y quieren empezar a generar nuevamente algún capital de trabajo, y otros a los que se les acabó el capital de trabajo y habrá que ver cómo los auxilia el Estado porque se les va a hacer difícil reabrir. Ante todo esto, el Gobierno debe estar pensando en un plan económico para después de la pandemia porque sin plan económico no hay empleo, si no hay empleo y no hay recursos no se genera consumo y si no hay consumo no hay productividad. Es una rueda que hay que poner en marcha nuevamente. Tanto el Gobierno como los trabajadores y los empresarios tenemos que buscar los acuerdos mínimos ara superar esta instancia y tratar de salir adelante. Pongo un ejemplo, que puede no gustar porque se mezcla lo ideológico con lo estructural, pero si en 1945, por más que digan que los bancos estaban llenos de oro, se pudo hacer una revolución industrial, podemos volver a hacerlo. En esa época tuvimos nuestro propio auto, el Justicialista, y luego el Kaiser Carabela, el tractor Pampa, el Pulqui, se abrieron las grandes escuelas nacionales y empezaron los planes de vivienda. Todo esto lo tenemos que volver a generar: la construcción es un factor multiplicador de oficios y hay que apuntar a la reactivación de la vivienda, junto con el sector industrial.

-Si el Gobierno está pensando en un plan económico, ¿es porque aún no lo tiene?

-Debe tener las ideas básicas, estructurales, para que cuando la pandemia afloje se arranque de alguna forma. No creo que pueda estar sin tener mínimamente esbozado un plan económico, lo que pasa es que hoy está abocado a dos cosas que son fundamentales, la pandemia y la renegociación de la deuda, para terminar esta etapa y comenzar la normalidad pospandemia. A la realidad anterior no vamos a volver más. El mundo ha cambiado, las costumbres, la cuestión laboral. Estados Unidos empezó a revivir, pero también tuvo una desocupación que superó los 25 millones de personas. La Unión Europea está juntando euros para ver cómo sale de la crisis. Latinoamérica va a tener que trabajar en conjunto para salir de esta circunstancia. Y nosotros tendremos que encontrar con Brasil, más allá de las diferencias conceptuales entre los presidentes, coincidencias en la perspectiva económica y productiva.

-Para el sindicalismo, que no está tan dispuesto a los cambios, también hay un mundo nuevo. ¿Cómo se están adaptando?

-Hoy es fundamental la capacitación, la formación profesional. Pero ahora se quiere incluir el teletrabajo, que en algunos lugares dio resultado y en otros, no. En algunos casos puede servir y en otras es negativo porque rompe el vínculo con la empresa y con el grupo familiar. A la gente que está acostumbrada a concurrir a sus trabajos a compartir con sus compañeros, la dejás sentada en su casa y no sé si puede producir más porque la desvinculás del mundo laboral. Lo que hay que hacer es readecuar los perfiles de cada uno en función de las tareas del nuevo mundo que viene. En nuestro sindicato estamos trabajando en un estudio de dotación para ver cuál es el perfil de cada trabajador, capacitarlo y prepararlo para el desafío que se viene. Lo tenemos que hacer en cada organización.

-Pero el teletrabajo creció durante la cuarentena y en muchas empresas no tiene marcha atrás. ¿Les preocupa porque así es más difícil realizar una asamblea o lograr que vote a la distancia alguna medida que ustedes disponen?

-SÍ, nos modificaría lo que es conceptualmente un modelo que venimos planteando desde hace años y que, para nosotros, no ha fracasado. Lo que hemos defendido permanentemente es que toda modificación que se quiera instrumentar, como el teletrabajo, se haga en el marco de los convenios colectivos, así cada actividad discutirá las innovaciones que quiera incorporar.

-¿En la CGT no son partidarios de que el teletrabajo se reglamente mediante una ley?

-No. Tiene que ser por vía convencional.

-La preocupación adicional es la del pago del aguinaldo en un contexto de tantas dificultades económicas. Sobre todo porque el Presidente ya anunció que el Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), por el cual el Estado paga el 50% del sueldo de las empresas en crisis, no se destinará en junio al pago de los aguinaldos? ¿Qué hará la CGT?

-Hay gente que todavía no ha cobrado el sueldo de mayo. Habrá que ver cómo cerramos este mes y luego cómo discutimos el aguinaldo. Porque no podemos meterle al Estado todo de golpe. No puede estar haciéndose cargo de todo. El Estado no es infinito. El aguinaldo es un derecho irrenunciable del trabajador y de las organizaciones gremiales. Ahora habrá algunos que lo podrán pagar, otros que no lo van a poder pagar y algunos que van a querer pagarlo en cuotas. En cada actividad se tendrá que decidir.

-¿Por qué el acuerdo marco que firmaron con la UIA para facilitar las suspensiones de quienes no están cumpliendo tareas, con el pago del 75% del salario neto, no fue tan comprendido por algunos sectores sindicales?

-Si algunos quieren firmar por el 100% de los salarios, que lo firmen. No estamos poniendo un techo. Es un piso para que se discuta el techo en cada actividad. Al trabajador que está en la calle, el Estado le pone el 50%, que es en realidad el tope de dos salarios mínimos, más el 25% que aporta el empleador. Para el que está en la calle, es algo. Ahora, por supuesto que si puedo defender en mi actividad el cobro del 100% del salario lo voy a hacer. Pero está en la capacidad de negociación de cada uno. Es un acuerdo transitorio y hay que considerarlo en un contexto de emergencia económica y sanitaria. Si con la economía funcionando y plena ocupación firmara un acuerdo a la baja, tendrían todo el derecho de insultarme. Pero esta situación no es normal.

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