Se trata de una decisión política que Alberto Fernández asumirá en la soledad de Olivos. El Presidente ya escuchó las opiniones de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, el FMI, su ministro Martín Guzmán, sus amigos y consejeros políticos Santiago Cafiero y Gustavo Beliz, y a ciertos bonistas que llamaron desde Londres y Nueva York para exhibir su mirada sobre una negociación por 66.000 millones de dólares que está empantanada y sin inercia para romper el statu quo de las últimas 72 horas.
Un canje exitoso implica tener una mayoría del 66% en los títulos emitidos durante la administración de Mauricio Macri y del 75% en los bonos colocados durante la gestión de Néstor Kirchner. Sin estas mayorías establecidas en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s), Argentina puede sufrir un nuevo juicio por default en los tribunales de Manhattan.
Hasta el sábado por la noche, la información extraoficial aportada por el Ministerio de Economía y los grupos de acreedores privados que participan de la negociación, sostenía que se estaba “muy lejos del número necesario para los Bonos K (75 por ciento de las CAC´s), y en la mitad del porcentaje indispensable para los Bonos M (66 por ciento de las CAC´s)”.
La matemática es una ciencia exacta, y ya poco puede hacer Guzmán frente a sus programas de modelización de la deuda externa. El ministro de Economía tiene ecuaciones específicas para enmendar la propuesta a los acreedores privados, y los fondos de inversión deslizan -a su vez- otras ecuaciones que no cuadran en la perspectiva de reestructuración que propone Guzmán en Olivos.
Es la cuadratura del círculo, que sólo Alberto Fernández puede resolver con una decisión política.
Guzmán ajusta una oferta oficial que contempla un bono a 50 dólares “sucios” de Valor Presente Neto (VPN), mientras que los fondos pretende un título soberano de 53 dólares de VPN por cada lámina de 100 dólares. Asimismo, el ministro de Economía y los representantes de los Bonos K negocian sobre específicos derechos jurídicos de sus títulos y los bonistas M exigen determinadas condiciones vinculadas a la quita de capital y al pago escalonado de los cupones.
A esta altura de la discusión, toda se resume a una nueva vuelta en calesita. Es una noria empujada por Guzmán, los acreedores privados, Kristalina Georgieva, Francisco, la Casa Blanca, Joseph Stiglitz, Emmanuel Macron y Angela Merkel. Si Alberto Fernández no frena esta lógica perpetua, los resultados serán magros después de seis meses de conversaciones formales e informales.
El Presidente fijó los términos de la negociación: no quiere el default y no avalará un nuevo plan de ajuste para reestructurar la deuda. Guzmán cumplió las órdenes del jefe de Estado y fue enmendando la propuesta oficial con el paso de las semanas. El NPV del bono oficial creció de 39 dólares promedio a 50 dólares “sucio”.
En rigor, la oferta del Ministro de Economía mutó tanto que poco ha quedado de su arquitectura financiera original.
Guzmán considera que ya se ofreció todo los necesario para acercar posiciones con los acreedores privados. Y desde Wall Street y Londres replicaron que las diferencias son mínimas, que el FMI avalaría un nuevo corrimiento de los límites de sostenibilidad previstos en su última comunicación oficial y que el costó económico para la Argentina sería mínimo.
En esta coyuntura, Alberto Fernández tiene tres opciones:
1. Respalda a su ministro de Economía y cierra un canje con un mínimo de adhesión de los acreedores privados que privilegian sus activos en la Argentina.
2. Ajusta los números para encontrar un consentimiento con los fondos que podría llevarlo a un porcentaje importante de aceptación entre los bonistas K y M.
3. Extiende el plazo de las negociaciones, presenta nueva oferta oficial enmendada sin consentimiento de los bonistas más poderosos y ordena a Guzmán que continúe con los conversaciones hasta fines de junio.
Está previsto que hoy el Presidente y su ministro retomen el análisis de la deuda externa y sus consecuencias. Aún no se sabe si será en Olivos o vía chat. Hay pocos números que revisar: el jefe de Estado conoce de memoria las variables financieras, y ya sabe cómo piensa Guzmán.
Alberto Fernández decidirá a mitad de semana. Ni un día más, ni un día menos.
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