¿Asambleas y reuniones sindicales por Zoom? ¿Medidas de fuerza votadas por WhatsApp? ¿Trabajadores que se movilizan por las redes y no por las calles? Cualquiera de estas posibilidades parecía salida de una película de ciencia ficción antes de la pandemia, pero hoy ya se hicieron realidad. Y están provocando cambios que parecen indetenibles, como la certeza de que el teletrabajo, que se multiplicó en muchos sectores de la Argentina a partir de la cuarentena obligatoria, llegó para quedarse.
La CGT también entiende lo mismo y por eso ya empezó su lobby para impedir la oficialización de un home office que los aleja más de sus afiliados y les quita poder de fuego. La cúpula cegetista ya le planteó su preocupación al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y este jueves lo discutió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
En el Congreso hay una veintena de proyectos de ley para regular el teletrabajo, pero, hasta ahora, el Poder Ejecutivo no apoya a ninguno. Un importante legislador oficialista admitió a Infobae que en el bloque de diputados del Frente de Todos todavía están esperando instrucciones de la Casa Rosada. Quizá no lleguen: el Gobierno es partidario, en realidad, de que las modalidades del trabajo a distancia sean pactadas por empresarios y sindicalistas a través de los convenios colectivos.
El Ministerio de Trabajo estaría preparando una suerte de instructivo para alentar la negociación de determinados ítems que servirán para instrumentar el trabajo remoto en cada actividad, para lo cual convocarían a discutir cláusulas convencionales que permitan regular obligaciones y derechos de una modalidad que se expandió de manera proporcional al avance de la cuarentena.
La importancia que le dan los sindicalistas al tema es tanta que el auge del teletrabajo demandó casi media hora de destempladas quejas en la reunión del consejo directivo de la CGT que se hizo en la UOCRA el 14 de mayo pasado. Allí se acordó reforzar la ofensiva en todos los ámbitos para que el home office no sea reglamentado, y menos mediante una ley.
El problema para la CGT, por supuesto, es que el teletrabajo está instalado en muchas actividades y sigue creciendo. Según una encuesta realizada en marzo por la IAE Business School de la Universidad Austral entre gerentes y directores de recursos humanos de 111 compañías argentinas, el 65% de las empresas no tenía empleados haciendo teletrabajo antes del coronavirus, mientras que hoy, de ese porcentaje, el 42% ya tiene a más de la mitad de su personal trabajando de manera remota.
No es la misma realidad que había en 2017, cuando, según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, sólo había 267.826 personas que teletrabajaban en 1946 empresas relevadas sobre un total de 3.432.791 trabajadores.
Un estudio realizado por CIPPEC sobre el impacto de la cuarentena en las modalidades de empleo en la Argentina reveló que “el porcentaje de trabajos que tienen el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27 y un 29% de los totales”, lo que significa que “de un total aproximado de 11,7 millones de trabajadores cubiertos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre 3,1 y 3,3 millones se dedican a actividades que podrían ser realizadas desde el hogar”.
"Con respecto al potencial de teletrabajo por rama de la actividad económica, se observa algo que también ocurre a nivel global: en los últimos años, algunos sectores han crecido junto con -o como generadores del cambio tecnológico, y son ellos los mejor preparados para una ‘mudanza acelerada’ al espacio digital”, sostuvo Ramiro Albrieu, investigador de CIPPEC y autor del informe.
En ese grupo, afirma el estudio, “se ubican las actividades financieras y seguros (61% de trabajos potencialmente teletrabajables), información y comunicación (58%), enseñanza (71%), inmobiliarias (54%) y profesionales, científicas y técnicas (60%)”.
La pandemia empezó a cambiar la la forma de trabajar. Y así como en el Estado el 60% de los que cumplen sus tareas lo hacen desde sus casas, según estiman en UPCN, en las empresas privadas se expandió el teletrabajo como consecuencia del aislamiento obligatorio y eso obligó a adaptar rutinas laborales y a actualizar la tecnología. Hoy, hasta los menos aficionados a la tecnología tienen que saber usar el Zoom u otras plataformas para videollamadas y se multiplican los webinar, los seminarios o conferencias online. Hay compañías que hasta organizan after office virtuales para sus empleados como una forma de afianzar los vínculos.
Hay datos recientes de cómo la CGT se resiste al teletrabajo, pero algunos dirigentes lo aceptaron o tuvieron que resignarse a utilizar la tecnología para desarrollar una suerte de “telesindicalismo”: a principios de mayo, por ejemplo, luego de la UOM firmó el acuerdo que permitió suspender personal sin tareas, la seccional La Matanza de los metalúrgicos, manejada por el disidente Hugo Melo, quiso que los operarios de la planta de Acindar de La Tablada opinaran si aceptaban o no lo firmado por el líder del gremio, Antonio Caló, y la decisión de rechazar el convenio se tomó mediante una votación que se hizo por WhatsApp.
El primer gremio que llevó el teletrabajo a su convenio fue la Asociación Judicial Bonaerense, tras un acuerdo rubricado con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que le permitió convertirse en pionero de la regulación del home office en la administración pública. En la Justicia, que suele identificarse como el poder más reacio a la modernidad, también hubo avances significativos en la Ciudad de Buenos Aires: el Tribunal Superior porteño dictó sentencia en 310 causas desde el comienzo del aislamiento gracias a que unos 120 empleados cumplen con sus tareas en forma remota, con el aval de tres gremios.
Los sindicalistas que rechazan el teletrabajo, de esta forma, se ven desafiados por la propia realidad de muchas actividades en donde se imponen las tareas a distancia y la sospecha de que, luego de la cuarentena, muchos trabajadores seguirán cumpliendo sus tareas físicamente lejos de los bombos, las asambleas y el adoctrinamiento cara a cara. La CGT lo sabe. Parece imposible que lo impida.
Seguí leyendo: