La jueza criminal y correccional Paula González procesó hoy con prisión preventiva a Damián Andrés Nevi, el comerciante que vendió barbijos por más de $60 millones a un intermediario contratado por la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca entregó la mercadería. Nevi está detenido hace dos semanas y seguirá en esa condición, porque la jueza también rechazó su domiciliaria.
También fueron procesadas, sin prisión preventiva, Paula Edith Fernández y María Elena Canali, quienes habrían participado de la estafa junto a Nevi, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
El supuesto farmacéutico (todavía no pudo acreditar ese título) iba a ser el proveedor de 5 millones de barbijos tricapa que tenían que llegar a la Ciudad. El 2 de abril, la empresa E-ZAY, contratada por la Ciudad, le transfirió $60.500.000 a una cuenta del Banco Credicoop. Ese dinero fue congelado por la Justicia y ahora la jueza dispuso la restitución a una cuenta bancaria del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso, revelado por Infobae, comenzó el 30 de marzo, cuando el Gobierno de la Ciudad contrató en forma directa a la empresa E-ZAY. Tres días después, sin consultar los antecedentes de esa firma ni recibir un solo barbijo, se transfirieron por adelantado $162.350.000 (eran 170 millones menos los impuestos).
Cuando la Justicia porteña congeló los fondos de E-ZAY quedaban apenas 2 millones. El resto ya se había transferido a varias cuentas. Ese expediente está a cargo del fiscal porteño Maximiliano Vence, que investiga entre otras cosas si hubo sobreprecios.
El empresario Leonardo Morbelli, apoderado de E-ZAY denunció a su vez por estafa a Nevi, que terminó allanado y detenido. Cuando la policía llego a su casa, encontró más de $700 mil en efectivo.
En su indagatoria, Nevi aseguró que era dueño de la empresa Mendisumo y que habría pagado USD 10 mil para comprarla, pero no pudo justificar esa operación. Sin embargo, ante la empresa E-ZAY presentó un documento donde aseguraba que había adquirido el 100% de las acciones de Mendisumo a un médico boliviano. Esa operación estaba fechada el 3 de enero, menos de un mes después de declararse el primer caso de COVID-19 en Wuhan (China).
Con esos documentos, Nevi negoció durante dos meses con el apoderado de la empresa E-ZAY.
La denuncia contra Nevi relata una serie de episodios confusos, que incluyen un supuesto robo de piratas del asfalto, en los primeros días de la cuarentena, cuando la circulación en las autopistas era escasa.
El primer episodio tuvo lugar en un galpón de la localidad de Ezeiza. El proveedor programó una cita con un representante de E-ZAY, pero nunca habría aparecido. Ahí comenzaron las excusas. Luego se pactó una entrega en una depósito de OCASA que tampoco se concretó. Nevi aseguró que le habían robado un camión en uno de los accesos a la Ciudad. Al día siguiente, se comunicó asegurando que ya había recuperado los barbijos y prometió devolver el dinero. La promesa nunca se concretó y siguieron negociando. En el último contacto, Nevi dijo que estaba en Rosario (Sante Fe).
En el fallo, al que tuvo acceso este medio, la jueza González destaca que los tres procesados “invocaron falsamente formar parte de la estructura del proveedor (MEDINSUMO SRL e INSUMED SRL) y exhibieron una falaz e inexistente capacidad de abastecimiento del producto por el cual habían sido contratados, que se concretó en el envío a Morbelli de catálogos ilustrativos de los barbijos que decían comercializar, con carácter previo a la emisión de la orden de compra por parte del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Nevi ya acumulaba otras denuncias penales recientes. En una de ellas, se hizo pasar como inspector de la ANMAT.
Pese el escándalo, en los últimos dīas la empresa E-ZAY siguió entregando barbijos al Ministerio de Salud de la Ciudad que ovtuvo de otros proveedores.
Por la compra de los barbijos tricapa, hay un cruce de expedientes judiciales pero todo podría concentrarse en la justicia porteña. Además de ordenar los procesamientos, la jueza González hizo lugar a un pedido de inhibitoria presentado por el juzgado contravencional y de faltas 20, y ahora la causa quedaría en manos del fiscal Vence, quien investiga la denuncia que hizo originalmente el Gobierno de la Ciudad.
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