La Justicia citó a Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta, Vidal, Moyano y el juez Irurzun como víctimas de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri

La vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex presidente Eduardo Duhalde y los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, entre otros, fueron citados este viernes por la Justicia para informarles que una organización ilícita en las entrañas del gobierno de Mauricio Macri los siguió y espió sin ninguna causa legal que lo justificara. Entre sus víctimas hay una veintena de dirigentes, jueces, periodistas y hasta integrantes de la comunidad mapuche, según pudo confirmar Infobae.

El juez federal Federico Villena los convocó para los próximos días en el juzgado federal de Lomas de Zamora para informarles de la existencia de “una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno, prohibidos por la ley” de inteligencia. Esa estructura funcionaba desde “el Estado Nacional, Provincial y Local” y sus integrantes cumplían diferentes roles estratégicos. Así “valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las fuerzas de seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones".

El juez está citando a los espiados para mostrarles la documentación que se encontró en poder de un abogado y ex agente de la AFI, F.M. (o Facundo Melo, porque él mismo se presentó en televisión), pero también de otros integrantes de esa red que quedaron bajo sospecha. Los alcances de esa organización todavía se desconocen.

“Me llegó la citación en calidad de víctima pero no tengo ningún dato más, ningún otro detalle. Nunca sospeché ni tuve ningún dato de que me podían espiar, pero hasta que no hable con el juez no sé nada", comentó esta mañana Rodríguez Larreta cuando le preguntaron por radio tras recibir la cédula del juzgado. Otros de los involucrados también confirmaron haber recibido la notificación.

Es que Cristina Kirchner, Rodríguez Larreta y su vicejefe de Gobierno Diego Santilli; la ex gobernadora Vidal y su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo -hoy jefe de bloque de diputados del PRO- fueron informados de esta causa. También los ex diputados Nicolás Massot, quien fue jefe de la bancada macrista en Diputados; y Emilio Monzó, quien comandó la Cámara baja durante la gestión macrista. Figura además uno de los referentes del PRO, Waldo Wolff.

En la lista también aparecen el senador Maurice Closs y los intendentes de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de Avellaneda Jorge Ferrari, además del ex intendente de La Plata Pablo Oscar Bruera.

Pero no solo dirigentes de la política figuran en la lista de víctimas de este entramado. Del mundo judicial, uno de los espiados fue Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal porteña. Y del ámbito gremial, en primera fila están el camionero Hugo Moyano y el gastronómico Luis Barrionuevo, cuya esposa, la diputada y miembro del Consejo de la Magistratura Graciela Camaño, también fue monitoreada. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones y el sacerdote José María Di Paola, conocido como “Padre Pepe” y referente de curas villeros, son parte de los espiados, junto a los periodistas Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, del diario La Nación.

Entre los citados figuran también integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Un nombre que llamó la atención dentro de los que vigilaban fue Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente.

Las notificaciones se giraron en el marco de la ley de víctimas. Pero esos nombres no serían los únicos a los que habrían vigilado. “La lista es larga. Todavía no se terminó de analizar toda la prueba, pero sigue todo bajo secreto”, remarcaron con hermetismo las fuentes consultadas por Infobae. “Hay mucho material sobre cómo operaban”, dijeron los que pudieron tener acceso a la investigación.

Cómo comenzó la investigación

La investigación apunta a saber si desde dentro de las entrañas del Estado Nacional se habría espiado a decenas de jueces, periodistas, religiosos, empresarios, gobernadores y hasta ex presidentes. Los datos los aportó un narcotraficante que confesó cómo un agente de la AFI le encargó llevar un paquete bomba a la casa de un ex funcionario. La bomba no explotó. Era solo un “susto”. El “narco” se llama Sergio Rodríguez, pero su fama se la dio su apodo: “Verdura”.

Los detalles de la captura de “Verdura” habían sido revelados por Infobae en marzo pasado. Fue detenido después de haber escapado tres veces de la policía. Llevaba en su celular varias fotos del juez que lo buscaba. Solía circular con su camioneta, con una patente falsa y luces como si fuera policía; llevaba una Uzi y dos pistolas calibre 40. Mucho del terreno que ganó en la provincia lo hizo avanzando como si fuera policía. “Llegaba con armas (a los barrios) y chalecos antibalas y los sacaba a los tiros (a los narcos de la zona). Si ese método no servía, los delataba a la policía”, agregaron.

Cercado por las pruebas en su contra y con su familia detenida (la esposa, la amante, el hijo, el suegro, el cuñado, el hermano y hasta sus abogados), “Verdura” se entregó. Pidió que fuera el juez Villena a detenerlo. Tenía miedo que lo ejecutaran. El video de su arresto es parte de esta nota.

Procesado como organizador del delito de drogas y lavado de activos agravado, “Verdura” Rodríguez pidió ampliar su indagatoria. Decidió confesar. Sus declaraciones, vale aclarar, no fueron en el marco de la ley del arrepentido y la investigación en su contra por sus negocios narco sigue sumando pruebas.

Pero el narcotraficante habría decidido hablar ante Villena porque en la causa aparecían indicios de que la banda que él comandaba habría llevado ataques y ajustes de cuentas y “Verdura” sospechaba que iban a querer “tirarle un muerto”, contaron a Infobae fuentes con acceso al caso.

“Yo no mato”, le aseguró a Villena. Fue así que contó cómo se vinculó con un hombre que se presentó como abogado e integrante de la AFI y que le ofrecía tener carta blanca para ampliar su negocio con las drogas. Pero además reveló que este hombre le hizo otro encargo: contó cómo había participado de una amenaza a la casa de José Luis Vila, un entonces funcionario del ministerio de Defensa de Macri, al que le habían dejado en julio de 2018 un artefacto explosivo de trotyl conectado a un celular. Fue un llamado anónimo el que le avisó a la policía del paquete-bomba frente al edificio de Callao 1219, que nunca llegó a explotar.

Con la intención de expandir su negocio de venta de droga, Verdura había conocido a un abogado que mantenía relaciones con “barrasbravas”. ¿Por qué? Porque ya manejaba la droga de Almirante Brown y Esteban Echeverría, pero necesitaba espaldas para poder moverse en nuevas tierras. Había puesto el foco en Lanús. Fue así que entabló una conexión con un abogado ligado a la barrabrava de ese club. Contó detalles de su estudio jurídico, describió físicamente al letrado, aportó su nombre y reconoció su foto.

Era F.M. Su nombre no se puede difundir porque está protegido por la ley de inteligencia. Aunque él mismo se presentó en sociedad, en un programa de televisión, como Facundo Melo. Precisamente por eso La AFI de Cristina Caamaño lo denunció por esa aparición. En televisión, el espía contó cómo siendo abogado de un imputado en la causa de “Independiente” habría sido tentado para que declarara contra Hugo y Pablo Moyano a cambio de su libertad. Allí agregó que cumplía órdenes de otro espía identificado como A.R.

Precisamente, el juez Villena también tiene en foco a ese agente de iniciales A.R. En la investigación aparecieron además otras dos personas: un agente ex policía de la ciudad de Buenos Aires y un funcionario del Servicio Penitenciario Federal.

El susto

Según reconstruyó Villena, F.M. le contó a Verdura que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, según sus dichos, que el organismo de inteligencia podía darle cobertura e incluso le conseguiría una credencial de esa institución para que pudiera manejarse “con libertad”. Fue así que el abogado le hizo un encargo: le pidió que llevara un “paquete” y lo dejara en un lugar. También quiso saber si podía asesinar a alguien por encargo.

Siguió su relato Rodríguez, confesando que efectivamente llevó en 2018 este paquete hasta la puerta de un edificio sobre la Avenida Callao pasando el Congreso Nacional. Que al verlo se dio cuenta de que se trataba de una bomba pero que la persona que lo trasladó le dijo que se quedara tranquilo, que no podía explotar porque la intención era darle “un susto” a alguien. Que lo llevaron en un Peugeot 207 blanco. Se bajó, dejó el paquete y se retiró de la escena. Ese alguien era José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de Defensa y con un pasado en el área de inteligencia -desde la Alianza hasta 2015-. Ya no vivía en esa casa donde dejaron la bomba.

La investigación por ese fallido atentado está en manos del fiscal Guillermo Marijuan, delegada por el juez Sebastián Ramos. Marijuan avanzó en la investigación y hasta consiguió el video en donde se veía al hombre que dejaba la bomba. También se le tomó declaración a una jueza de Córdoba, de la que también había hablado Vila en su denuncia. Al enterarse de las novedades del caso Vila, el ex funcionario fue citado a declarar a Comodoro Py. Tenía que ir el lunes pasado, pero ese día llegó un oficio de Lomas de Zamora. Villena le pedía que se inhibieran en el caso. Sin grandes detalles, Villena informaba que el caso de Vila estaba relacionado formaba parte de "un objeto procesal mucho más complejo que, sin perjuicio del incipiente la pesquisa, podría derivarse en una organización destinada a realizar maniobras de espionaje interno en violación a la ley 23520” de inteligencia.

Frente a esta notificación, la declaración de Vila se suspendió y el juez corrió vista a las partes para que opinen. Marijuan se opuso en fuertes términos a enviar el expediente a Lomas de Zamora. “En modo alguno, se puedo convalidar jurídicamente la ilegal intromisión en una causa radicada en nuestra jurisdicción porque es donde se cometieron los sucesos investigados que, además, reconocen una anterioridad mayor y un avance mejor en la investigación –dijo el fiscal-. De lo contrario, y aceptando la inhibitoria, Vuestra Señoría estaría convalidando un ‘fórum shopping’ ya que es evidente que lo que se pretende, en definitiva, es consolidar en una jurisdicción territorial distinta a la de Capital Federal la investigación de autoridades nacionales de la anterior composición de la Agencia Federal de Inteligencia y del ex gobierno nacional que, resulta de perogrullo, no tenían su asiento de funciones en Lomas de Zamora ni los sucesos bajo análisis acontecieron allí”.

Pero hoy, viernes, el juez Ramos decidió mandarle la causa a Villena, revelaron a Infobae fuentes del caso. La querella no se presentó a opinar, aunque Vila afirmó por distintos medios que “está claro que un sector de la inteligencia me quería sacar el camino”. Ramos entendió que “la pesquisa” que se abrió en Lomas de Zamora “es más amplia” que la del atentado de Vila, “está más avanzada y posee personas detenidas directamente vinculadas a los acontecimientos”. “Pretender desmembrar” el episodio de Vila de la investigación de Lomas de Zamora “deviene improcedente y afectaría directamente el derecho de las partes, que tendrían que litigar en dos jurisdicciones diferentes por un mismo acontecimiento ilícito”, agregó.

El fiscal Marijuan ya adelantó que apelará a la Cámara Federal. Habrá que sortear una sala en donde un juez, de manera unipersonal, analice la cuestión. Si la Cámara decide mandarlo a Lomas, el tema se termina ahí. Si no, se abrirá un problema de competencias que llevará más tiempo, en donde el análisis quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata -tribunal superior al juez de Lomas de Zamora, que pidió la causa-.

Lo que, sin embargo, comentan fuentes judiciales, es que el atentado no concretado contra Vila es solo un pequeño capítulo dentro de lo que puede deparar esta investigación. Eran muchos lo que lo comparaban este tema con la causa contra Marcelo D’Alessio, el falso abogado que fue filmado con el fiscal Carlos Stornelli, en donde “rascando un poquito” se destapó una madeja que todavía no terminó desovillarse.

Tanto la causa que maneja el juez Alejo Ramos Padilla como la que ahora tiene en sus manos Villena surgieron afuera de Comodoro Py, los tribunales que el presidente Alberto Fernández puso en la mira de la reforma judicial y que vieron a desfilar a Cristina Fernández en los años macristas como imputada/procesada en decenas de causas, a las que ella llamó “lawfare”.

Hace dos semanas, el caso de Vila fue analizado en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, justo al mismo tiempo en que la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció el hallazgo de un disco rígido externo con nombres de personas públicas que habrían sido víctimas de un espionaje. Por esa causa, fueron imputados por el fiscal Jorge Di Lello los ex responsables de la AFI Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y hasta el ex presidente Mauricio Macri.

El abogado sospechoso

Las revelaciones de “Verdura” llevaron a la justicia a poner la mira en F.M. Lo que está confirmado es que el juez federal de Lomas de Zamora abrió una línea de investigación sobre el abogado y se logró determinar que, efectivamente, se trataba de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia; que tenía un Peugeot 208 color blanco (muy similar al modelo 207 del que habló “Verdura”) y que tenía contactos con barras bravas de clubes de fútbol.

Sobre esa base, Villena dispuso tareas de seguimiento, pero por alguna razón F.M se enteró que lo estaban investigando y presentó un habeas corpus en la justicia nacional de instrucción. Se lo rechazaron. Pero la certeza de una filtración en la investigación apuró las diligencias: se ordenó el registro de los domicilios de F.M y se le secuestró el celular. Allí se encontraron conversaciones con “otras personas” en donde se hablaba de prácticas de “tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones”. Y hasta le encontraron un documento que se llamaba "sustooo.doc” que contenía la descripción del atentado con la bomba que contó “Verdura”.

Con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona, hubo la semana pasada distintos procedimientos y allanamientos. “Se secuestró mucha prueba”, dijeron las fuentes consultas. Hoy, oficialmente, se le puso nombre a esas víctimas cuando salieron las citaciones de Villena para que se presenten en el juzgado de Lomas de Zamora. La investigación está empezando.