El peronismo en el Senado buscará rechazar dos DNU de Macri sobre las escuchas de la AFI y hay malestar en la oposición

El senador Oscar Parrilli mandó a revisar los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. De los 80 firmados sólo seis fueron aprobados por el Congreso. Dos de los que no llegaron al recinto son los que traspasan las escuchas de la órbita de la Procuración a la Corte y luego a los jueces de cámara. Las escuchas se utilizaron en causas en las que se investiga a Cristina Fernández, entre ellas el Memorándum con Irán, que es la única que alcanza también a Parrilli. El ex secretario general fue también titular de la Agencia de Inteligencia en la última etapa del gobierno de CFK. Esos dos DNU son los que este jueves el Frente de Todos buscará rechazar en el Senado.

El primer DNU, N° 256/15, fue enviado al Congreso a inicios del 2016 y transfiere el departamento de interceptación y captación de las comunicaciones (DICOM) dependiente de la Procuración General de la Nacion del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El segundo, enviado al Parlamento el 24 de febrero de 2017, reformuló el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación y facultó a la Corte a designar camaristas para hacerse cargo del sistema.

En ambos casos los decretos tuvieron doble tratamiento en la Bicameral. Con dictamen a favor unos años atrás, el entonces oficialista bloque de Cambiemos nunca los sometió a la votación en el recinto. Con el argumento de que desde entonces hasta ahora cambió la composición de ambas cámaras Marcos Cleri, presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, volvió a ponerlos en discusión una semana atrás. Los diputados Pablo Tonelli y Gustavo Menna, de Juntos por el Cambio, encabezaron el rechazo a la posibilidad de volver a dictaminar.

La reunión virtual terminó con duros intercambios y los senadores y diputados opositores se desconectaron para dejar en claro que no darían acompañamiento al trámite en cuestión. En soledad, pero con el número suficiente, el Frente de Todos votó un dictamen de rechazo.

La estrategia del oficialismo fue esperar para llevar los DNU macristas al recinto. Lo mismo con el 457 del presidente Alberto Fernández, que amplía las facultades del jefe de Gabinete para disponer de partidas presupuestarias sin límite en el marco del COVID-19.

En el caso de los decretos de Mauricio Macri, esperó que se cumplieran siete días para garantizarse una votación que requiera simple mayoría, es decir, la mitad más uno de los presentes, número con el que cuenta sin dificultad. Y esperó que hubiera dictamen de comisión a favor de la Ley de Alquileres, una iniciativa en la que acuerdan todas las bancadas, más allá de las diferencias a la que sumó la Ley de Educación y una batería de DNU de Alberto Fernández sobre la pandemia. Es una manera de obligar la presencia opositora.

En ese contexto hay fuerte malestar en Juntos por el Cambio, donde quieren votar a favor tanto de la reforma del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación para habilitar en el marco del aislamiento social y obligatorio el dictado de clases a distancia para todos los niveles, como la reforma de los contratos de alquileres. En este último caso no se cumplieron los siete días desde la emisión del dictamen que tuvo lugar en la comisión de Legislación General este martes.

Respecto de los DNU de Macri, varios son los argumentos en contra. La oposición no definió si estará presente para manifestar su postura o si repetirá el gesto de la Bicameral de retirarse en forma de denuncia.

“Entendemos que no son temas vinculados a la pandemia y la resolución que aprobamos hace referencia a tratar únicamente esos temas. Por lo tanto nos opondremos a tratar cualquier tema que no tenga que ver con la emergencia”, respondió a Infobae el senador radical Julio Cobos. La resolución a la que hizo referencia es el reglamento de funcionamiento remoto por el que se acordó que, aunque pueden presentarse proyectos de distinta índole, sólo se incluirán en las órdenes del día para las sesiones los vinculados con el COVID-19. La Ley de Alquileres era la única excepción aceptada.

Para modificar esa resolución, se requieren dos tercios de los votos y Juntos por el Cambio no daría su aval.

La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez coincidió con Cobos: “Nos enteramos que el oficialismo quiere tratar en la sesión de mañana dos DNU de 2015, firmados por el ex presidente Mauricio Macri. No vamos a avalar que se rompa el acuerdo político de que las sesiones virtuales solo serán viables siempre y cuando los temas a tratar estén directamente relacionados con la pandemia, que es justamente lo que ahora nos debería ocupar a todos”. Y pidió “que pongamos en agenda los temas que realmente les preocupan hoy a los argentinos. La situación de la salud, de las pymes, de los profesionales, el acceso a los alimentos y servicios básicos”.

La cuestión de fondo va más allá del debate político. El oficialismo denunciará el uso de las escuchas por parte del gobierno de Macri mientras en paralelo la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau, avanza en una investigación a partir de la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño. Parrilli lo dice en cada oportunidad que se le presenta y se define víctima de ese sistema. Juntos por el Cambio denunciará al Frente de Todos por intentar desmantelar las causas que implican a ex funcionarios kirchneristas.

Sin embargo, más allá de la dialéctica, están los hechos que el rechazo al DNU implican. Los más optimistas que impulsan la caída de las resoluciones de Mauricio Macri creen que también en Diputados podrían votarse en contra. Sólo con el rechazo de ambas cámaras pierden validez. Si así ocurriera, deberían volver atrás las disposiciones y las escuchas regresarían al ámbito de la Procuración. Se ilusionan con que, en tal caso, el Ministerio Público revise el equipamiento y encuentre alguna prueba que incrimine al macrismo.

Pero además, y tal vez más significativo, la inconstitucionalidad tendría un efecto sobre causas judiciales que dependen del contenido de las escuchas realizadas en los últimos años.

En la oposición ya hacen otros cuestionamientos. “El desmantelamiento del programa de testigos protegidos ya se ha producido y ha tenido efectos. Los testigos protegidos más importantes abandonaron el programa y en el futuro nadie aceptará ser testigo protegido. Lo de la AFI también tendrá sus consecuencias, pero algo menores”, respondió off the record un diputado del PRO.

En Diputados parece difícil aunque no imposible que el oficialismo, que sólo puede lograr quórum y mayoría con aliados, pueda avanzar en contra de los dos DNU. La oposición la semana pasada realizó una sesión en minoría en contra del Decreto 457. Tampoco les alcanzó para rechazarlo y, aun cuando lo hubiera hecho, en el Senado lo habría frenado el peronismo.

La pregunta pendiente es si, en el caso de confirmarse el rechazo al menos en el Senado, los abogados o la Justicia tomarán nota de ese cambio político.

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