La Vicepresidenta Cristina Fernández convocó a una sesión especial para este jueves a las 14 hs con el objetivo de dar aval parlamentario a una batería de DNU de Alberto Fernández, entre ellos el 457 que amplió las facultades del jefe de gabinete y permite la transferencia, sin límites, de partidas presupuestarias en el marco del COVID-19. También se votará la modificación de un artículo de la Ley de Educación que llega de Diputados y la modificación de la Ley 26.994, que abarca los contratos de locación, que hoy tuvo dictamen de comisión y establece nuevas condiciones para los alquileres.
El bloque del Frente de Todos esperó a que terminara el debate en la comisión de Legislación antes de presentarle la nota a su jefa política y anunciar la convocatoria a sesión. Se entiende: el tratamiento de los decretos del Presidente generaron fuertes cruces en la comisión bicameral de Trámite Legislativo y el jueves pasado los diputados de Juntos por el Cambio, junto a un puñado de otros legisladores opositores, realizaron una sesión en minoría que fue simbólica, ya que no lograron el quórum para avanzar. En el recinto hubo decenas de discursos opositores que señalaron que el Presidente no puede delegar en el jefe de gabinete facultades propias del Parlamento, y el mayor cuestionamiento fue sobre el artículo que eliminó el tope de partidas de las que puede disponer el Ejecutivo sin pasar por el Congreso.
El debarte en lo educativo no tiene conflicto. Diputados sancionó sin grandes roces la modificación de una ley que permitía el dictado de clases a distancia sólo para mayores de 18 años y en el caso de escuelas rurales sólo para el nivel secundario. Ahora eso se extenderá a todas las personas en edad escolar.
La nueva Ley de Alquileres lleva mucho tiempo de debate. Con el sector inmobiliario en alerta, Diputados votó la media sanción el año pasado. En trámite exprés y sin participación de las partes involucradas, este martes la comisión de Legislación General emitió dictamen y dejó la iniciativa lista para ser tratada en el recinto.
La futura ley, en caso de aprobarse, establecerá ajustes en los alquileres de acuerdo a una nueva fórmula conformada por la variación salarial (Ripte) y la inflación, es decir las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el Indec. Se calculará 50% y 50%.
Entre las nuevas condiciones, se incrementará el plazo mínimo de los contratos que pasarán de dos a tres años y se fijará en un mes de alquiler el depósito al momento de la firma del contrato. En tanto el locatario y el locador pagarán una comisión a la inmobiliaria en concepto de honorarios.
Además, las expensas extraordinarias deberán ser pagadas por los propietarios y no los inquilinos. Y, aunque actualmente se frenaron los desalojos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el proyecto establece nuevos plazos que también favorecen al inquilino.
Como garantía podrán presentarse títulos de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución y también una garantía de fianza o fiador solidario y una garantía personal del locatario acompañada con recibo de sueldo o, por ejemplo, el certificado de ingresos.
En el debate que tuvo lugar en la comisión que preside Ana Clara Almirón (Frente de Todos), hubo diferencias y dudas especialmente respecto a la indexación. En principio hubo acuerdo para avanzar en un rápido trámite y sin modificaciones que obligarían a que la iniciativa volviera a ser tratada por la cámara baja aunque no se descarta aún algún cambio en el recinto.
La senadora Beatriz Mirkin propuso un “alquiler social” para los jóvenes que van a estudiar a los centros urbanos. Lo mismo pidió la senadora Magalena Solari, mientras que Silvina García Larraburu, autora de una ley de alquileres, lamentó la demora en llegar hasta este debate.
En la misma comisión se votó a favor de un proyecto de ley presentado por el senador neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). En línea con los planteos de la semana pasada, el oficialismo volvió a votar en contra de una iniciativa de la gestión de Mauricio Macri.
En la discusión la radical Pamela Verasay se quejó: “La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor tuvo un consenso mayoritario y hoy veo una suspensión de este tipo. Este ni siquiera es el proyecto que me llegó por mesa de entrada, es muy difícil trabajar consensos así con este tipo de reglas”. Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, también advirtió que “por la seriedad del proyecto y la importancia de las SAS necesitaríamos tomarnos días adicionales para analizar las modificaciones”. Parrilli en cambio defendió su iniciativa: “Las modificaciones que proponemos son también recomendaciones que han hecho tanto el GAFI como la OCDE en tanto que los Estados deben evitar mecanismos de lavado de dinero”. El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, también pidió más tiempo para debartirlo.
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