El Gobierno avanza con la reforma judicial para recortarle poder a Comodoro Py en medio de la cuarentena

La reforma judicial que prometió Alberto Fernández camina más lento producto de la pandemia por el coronavirus. Pero camina. Esa reforma que tiene como objetivo principal diluir el poder de fuego de los jueces y camaristas federales de Comodoro Py con los que -en general- el Presidente no tiene una mala relación, se cristalizará en los próximas semanas, según especulan funcionarios que pasan mucho tiempo en la Quinta de Olivos. Luego será el Congreso el que la transforme en ley.

En los juzgados federales se investigan los casos de corrupción que involucran a los funcionarios del Poder Ejecutivo -de la actual administración o de las anteriores- pero también los de narcotráfico y trata de personas, entre otros. Siempre ha sido el fuero con mayor relación con la dirigencia política y donde se tratan los casos con repercusión en los medios de comunicación.

Impulsor de una reforma en el fuero federal desde que fue ministro de Justicia y Seguridad de Néstor Kirchner, Gustavo Beliz, uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández, insistió con su vieja idea. Quiere juntar a los 12 juzgados federales con todos los jueces de Instrucción de la Capital que investigan asesinatos, violaciones o robos. Quedarían así 85 juzgados federales. Pero habría que “federalizar” los juzgados de Instrucción que no tienen la misma competencia que los de Comodoro Py. Si se aprobara ese proyecto se fusionarían las Cámaras de Apelaciones, los Tribunales Orales y también las dos Cámaras de Casación: la Federal y la Nacional.

Aquella idea de Beliz, que -entre otros hechos- en 2004 le valió su salida del gobierno de Néstor Kirchner luego de una disputa que ganó el súper espía de aquel entonces Antonio Jaime Stiuso, nunca se concretó. Cuando lo echaron de aquel primer gabinete kirchnerista, Beliz había dicho sobre la SIDE: “Yo vi crecer una especie de ministerio paralelo con un poder casi omnímodo sobre muchas decisiones presidenciales. Sé que con esto que digo estoy poniendo en riesgo mi vida, porque ahí hay muertes muy raras. ¿De qué progresismo hablamos en la Argentina? Dejamos intacta una estructura que es una especie de gestapo de la era democrática”.

Beliz persiste en 2020. Calculan funcionarios del Gobierno que el proyecto que empuja el secretario de Asuntos Estratégicos es el que menos posibilidades tiene de concretarse. Lo han bautizado el proyecto “grande” por el número de juzgados o “Campagnoli” en referencia al fiscal de Instrucción José María Campagnoli, cercano a Beliz. Incluso se llegó a estudiar la posibilidad de sumar a esos 85, los juzgados del fuero Penal Económico. Algo que parece haberse descartado. Pero nada es definitivo.

El otro proyecto que pugna es el llamado “chico” que contempla la fusión de los 12 juzgados federales con los 11 del fuero Penal Económico. Es decir que se mezclarían dos fueros que entienden en material federal ya que Penal Económico se ocupa de casos de contrabando y de violaciones a la Ley Penal Tributaria. Además los fueros son vecinos: los edificios que albergan a los juzgados están separados por unas cuadras en el barrio de Retiro. Los 23 juzgados actuales se duplicarían y pasarían a ser 46 juzgados.

Este proyecto viene macerándose desde el mismo momento en que Alberto Fernández anunció la reforma judicial en el discurso de toma de posesión de la presidencia. Aseguran los funcionarios consultados por Infobae que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, mira con buenos ojos este proyecto que aún no está terminado. En los últimos días circuló un WhatsApp con el contenido de lo que podría ser la letra final de la reforma judicial que afectaría a Comodoro Py. Parte de esa información fue publicada por el diario La Nación.

Los 46 jueces de primera instancia del nuevo fuero federal se completarían con los actuales titulares de los juzgados de Comodoro Py, de Penal Económico y con jueces subrogantes. De los 12 juzgados de Comodoro Py hay dos vacantes y se pueden abrir algunas más en los próximos meses. En Penal Económico de los 11 juzgados hay uno vacante.

De esa forma -siempre y cuando no se generen otras vacantes- el Gobierno tiene la posibilidad de designar los 23 nuevos jueces más los tres que restan para ocupar los juzgados que no tienen titulares. En la Cámara Federal hay dos vacantes y en Penal Económico tres. Ese número se puede ampliar si el gobierno traslada a dos jueces de Tribunal Oral Federal que fueron nombrados en la Cámara Federal por el macrismo.

Los subrogantes según confirman fuentes del gobierno sobre el proyecto -mientras el Consejo de la Magistratura organiza de manera acelerada los concursos- serán elegidos por la Cámara Nacional de Casación Penal entre magistrados de Instrucción.

Esa Cámara de Casación no es la Federal que tiene su sede en Comodoro Py. Es la que está situada en la calle Talcahuano al 600 y se dedica a revisar los casos de delitos penales no federales. Fue creada durante el kirchnerismo y la integran algunos jueces conocidos en el ambiente penal como “garantistas”. El hecho de que sea esa Cámara de Casación y no la Federal de Comodoro Py la que designe los jueces subrogantes es leído como un claro recorte de poder al edificio de Retiro. “No se le podía dejar elegir a la Casación Federal los integrantes temporarios del nuevo fuero federal”, asegura un funcionario que conoce la letra no escrita del proyecto.

Al mismo tiempo se encamina a extenderse el nuevo Código Procesal Penal Federal hoy vigente solo en Salta y Jujuy. Allí, con un sistema acusatorio, pasan a ser preponderantes los fiscales por lo tanto se acrecienta la importancia de la Procuración General de la Nación (PGN), que está manejada por Eduardo Casal de manera interina.

Alberto Fernández postuló para la PGN al juez federal Daniel Rafecas. El proceso de designación está también detenido por la pandemia. Si se concretara el proyecto “chico” habría que designar una veintena de fiscales federales y también defensores oficiales. La ampliación en número de juzgados y fiscalías le daría al gobierno la posibilidad enorme de nombrar gente afín, como ha sucedido en todas las administraciones desde 1983 para acá.

Con la entrada en vigencia del Código Acusatorio, el poder de los jueces disminuye: pasan a controlar que se cumplan las garantías del proceso y no tendrán la posibilidad de conducir las investigaciones tal como lo hacen hasta ahora. Pero la puesta en marcha del sistema acusatorio implica una inversión muy grande en infraestructura y en personal que, a la luz de la situación económica agravada por la pandemia, no parece ser muy accesible.

Otra cuestión no menor que sobrevendría a la reforma en el ámbito penal es el traspaso de las competencias de los juzgados de Instrucción nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, hecho que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Aseguran en el gobierno que el pase de los jueces de la órbita nacional a la de la Ciudad será voluntario. El traspaso también implica una discusión monetaria porque están en juego millones de pesos en recursos para solventar el funcionamiento de ese fuero.

La reforma judicial no abarcará a Comodoro Py solamente. En enero pasado Infobae había adelantado que el Gobierno estudiaba la fusión de dos fueros cuyas decisiones tienen menor repercusión en los medios que las que se toman en Comodoro Py de enorme trascendencia. La pata no penal de la reforma judicial plantea agrupar en un solo fuero a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y a la Civil y Comercial Federal. Allí se dirimen cuestiones no penales que tiene al Estado como parte o que se relacionan con leyes federales. Esa fusión avanza también en medio de la pandemia con la colaboración de camaristas de ambos fueros que asisten al gobierno en la concreción de esta parte de la reforma.

Pero la palabra final, especialmente en el área penal la tiene el penalista Alberto Fernández. Hasta ahora, cuentan funcionarios con acceso a Olivos, dio directivas generales. Pero aún no se ha puesto a leer en detalle para darle forma final a la modificación que tiene un objetivo principal: reducir el poder de los que tienen despachos en Comodoro Py. Algo que resuena muy bien entre los kirchneristas más críticos de lo sucedido en la justicia federal después de 2015.

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