Coronavirus en Argentina: allanamientos, escuchas telefónicas y contactos políticos en la causa de la clínica de Vicente López donde se produjeron contagios masivos

Lo que comenzó a principios de abril por las dudas de un familiar sobre las causas de la muerte de una jubilada -Fátima Cellini- en el Centro de Salud Norte por coronavirus, derivó en una investigación judicial no exenta de implicancias políticas. La intervención de la Justicia federal permitió detectar al menos 36 contagios y el fallecimiento de otra paciente con COVID-19 en esta clínica privada de Vicente Lopez, prestadora del PAMI.

Bajo la acusación de “propagación dolosa” de la enfermedad fueron detenidos el director y la coordinadora médica, Jorge Pinzetta y Ana Bellusci, su dueño, José Benjamín Teitelbaum. Este médico y empresario es uno de los titulares de ROPHE SA, la firma que también es dueña del Sanatorio Mariano Pelliza. Según determinó el fiscal federal Fernando Domínguez, Pinzetta y Bellusci “omitieron cumplir y hacer cumplir las normas sanitarias para evitar la propagación del virus” y que incluso, hasta el fallecimiento de Cellini, “desalentaban el uso de elementos de bioseguridad”.

El delito por el que los imputó está previsto en el artículo 202 de Código Penal, con una pena que va de 3 a 15 años de prisión, y de asociación ilícita, cuya pena es de 3 a 10 años. Tal como adelantó Infobae, fueron apresados en sus domicilios el jueves a primera hora de la mañana por la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, que conduce el comisario Fabián Zoya. El fiscal consideró que había una situación de “descalabro sanitario” en el funcionamiento del Centro de Salud Norte y la intención de entorpecer la investigación judicial por parte de los acusados.

La causa ya acumula 13 cuerpos e incluye 14 CDs con escuchas telefónicas de los tres imputados. En las conversaciones aparecen mencionados contactos con dirigentes políticos del PRO, e incluso la supuesta “banca” del gobernador Axel Kicillof.

Luego de un primer intento infructuoso de indagatoria en forma remota el viernes ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la declaración recién comenzó de manera presencial ayer pasado el mediodía y concluyó en la madrugada. Los imputados habían pasado la noche del viernes en la División Drogas Peligrosas y anoche fueron regresados nuevamente a esta dependencia, y continuarán por ahora detenidos .

Diego Olmedo, abogado de Pinzetta y Teitelbaum, se quejó de que hubieran sido detenidos para ser indagados, siendo que “han estado a derecho desde un comienzo” y de no haber podido tener acceso al expediente desde que comenzó la investigación. También de las condiciones en que estuvieron detenidos. “El Juzgado los tuvo tres días en una celda sin ninguna condición sanitaria, adonde van a parar los presos que están de paso a los juzgados. Es de dos por dos, teniendo que dormir en un banco de material, sin luz, sin calefacción. Teitelbaum tiene cáncer de colon en tratamiento y más de 65 años, y el Covid-19 dando vueltas. Es una locura absoluta”. Por este motivo, el letrado pidió su prisión domiciliaria que, por el momento, no fue resuelta por la jueza.

Allanamiento a la Regional de PAMI

A partir de las escuchas en la causa, y a pedido del fiscal Domínguez, el viernes se realizó un allanamiento en la Regional San Martín de PAMI. La “orden de presentación con allanamiento en subsidio” tenía como objetivo recolectar toda la documentación vinculada a las inspecciones anteriores que habría realizado el organismo a esa clínica prestadora. Según pudo saber Infobae, hubo colaboración del personal de la Regional ubicada en la calle Balbín al 1900 (Ruta 8), por lo que no fue necesario el uso de la fuerza pública.

También se secuestró el teléfono celular de la directora médica de esa Regional VIII, Nancy Pelliza, quien aparece en las escuchas hablando con uno de los acusados.

Infobae contactó varias veces al vocero del PAMI para conocer qué fiscalizaciones había hecho el organismo al Centro de Salud Norte, antes de que la muerte de Cellini por coronavirus saliera a la luz pública.

El vocero de PAMI no respondió esa consulta. Sí informó que, tras la orden judicial de clausura provisoria dispuesta por Arroyo Salgado el 17 de abril, personal del organismo se hizo presente en la clínica junto a un epidemiólogo del Ministerio de Salud de la Provincia. También precisó que a partir de ese momento, se hizo “un seguimiento de los afiliados allí internados”, y se trasladó a los que podían ser derivados, o dados de alta una vez que el resultado del hisopado diera negativo.

Actualmente en la clínica no hay pacientes, y su reapertura está en suspenso ya que hay llamativas versiones contrapuestas sobre sus condiciones de salubridad, higiene y aplicación del protocolo de COVID-19. Mientras que para la Regional VIII del PAMI y la cartera sanitaria bonaerense, “las condiciones de higiene y salud eran muy buenas”, el Municipio de Vicente López resolvió el viernes mantener la clausura por las deficientes condiciones edilicias y de habilitación comercial.

Contactos “políticos”

En las escuchas telefónicas que constan en la causa y que se mantuvieron bajo extrema reserva desde que comenzó la investigación, además de la funcionaria de PAMI, aparecen mencionados en las conversaciones el actual diputado del PRO Waldo Wolff; su ex colega de bancada Nicolás Massot; el ex presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cambiemos Emilio Monzó; y el gobernador Kicillof.

La mención al actual mandatario bonaerense se refiere a que contarían con su “banca” para mejorar su situación judicial y seguir operando con la clínica, cuya clausura preventiva había dispuesto la jueza Arroyo Salgado a mediados de abril. Esta medida no se terminó de concretar hasta que se le dio traslado o alta a la totalidad de los 29 pacientes que había en ese momento. Una de ellas de hecho fue encontrada con posterioridad en la morgue y el examen dio positivo. La clausura se levantó el 8 de mayo, aunque la clínica no volvió a recibir pacientes de PAMI.

Infobae contactó a Kicillof por la mención de su nombre en la escuchas. “No conozco a ninguna de esas dos personas (por Pinzetta y Teitelbaum). Que yo recuerde, no los vi en mi vida. Tampoco han intentado algún tipo de acercamiento a mi entorno, ni han pedido alguna audiencia formal o informalmente. No es la primera vez que se intenta una operación así, invocando mi nombre. Que la Justicia proceda como tiene que proceder”, respondió.

Su vocera, además, destacó que “el hecho de que aparezca mencionado en una conversación no implica ninguna responsabilidad. De ahí a que haya algún papel que lo avale hay una enorme distancia”. Y agregó el tema del Centro de Salud Norte “no se planteó en ningún ámbito de discusión en el marco de la política sanitaria gubernamental” y que “los protocolos sanitarios se aplicaron como en cualquier otra institución”.

Wolff, en tanto, ante la consulta de Infobae, explicó cuál había sido su relación con el dueño del Centro de Salud Norte. “Teiltelbaum me contactó el 17 de abril por Whatsapp. Yo no lo había visto nunca en mi vida, y me dijo que quería hablar urgente conmigo. Su mujer (por Viviana Knohl) es amiga de mi hermana, y conozco a su yerno porque trabaja en el Congreso".

Wolff le facilitó a este medio capturas del contacto vía chat que confirman este relato. “Lo escuché, me contó su historia y me dio su versión de la situación en la clínica. Me dijo que era injusto lo que estaba pasando y ahí se terminó. No hice nada por él. Cero gestión. No me meto con la política de Vicente López (de donde es oriundo) y no tengo trato con la jueza Arroyo Salgado, más allá de haberla tratado por el caso Nisman”, concluyó Wolff, quien además de diputado es ex vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

No habría sido el único intento de Teitelbaum por lograr alguna influencia sobre la jueza Arroyo Salgado. En otra escucha, el dueño del Centro de Salud Norte y del Sanatorio Mariano Pelliza habla con el ex juez federal de San Isidro Alberto Piotti.

A partir de las escuchas, los investigadores detectaron que "Pinzetta intentaba aprovechar sus contactos familiares -ya que Monzó es el suegro de su hija- para intentar influenciar en decisiones políticas y judiciales”. Ante la consulta de Infobae, el ex legislador reconoció haber hablado con el director médico del Centro de Salud Norte ya que una de las hijas de este profesional es la pareja de su hijo mayor, y fue su secretaria privada durante su Presidencia al frente de la Cámara de Diputados.

“Ella y su hermana, a quienes conozco de hace mucho de Bragado, donde viven los hijos de mi primer matrimonio, me contaron lo de su padre ya que estaban muy afectadas por la denuncia judicial. Pinzetta me llamó después, habrá sido hace unos dos meses, preocupado porque quería que el Ministerio de Salud de la provincia acelerara una inspección para poder mostrar que las cosas estaban bien en la clínica. Hice esa gestión pero quedó en nada, no sé qué pasó”, relató el dirigente peronista.

El otro mencionado, Massot, aclaró que es muy amigo de Monzó, al igual que sus familias, y que por ese motivo conocía la relación del hijo del ex presidente de la Cámara de Diputados con la hija de Pinzetta, antes incluso de que ella entrara a trabajar al Congreso.

Ratificó que fueron contactados junto con Monzó por las hijas del director médico del Centro de Salud Norte, ya que estaban muy “consternadas” por la situación. También le confirmó a Infobae que habló con Teitelbaum por esta intermediación, y que les ofrecieron algunos estudios de abogados conocidos para que pudieran ocuparse de la situación judicial. También señaló que hubo un pedido de acelerar la inspección sanitaria, ya que Teitelbaum y Pinzetta consideraban que cumplían con todos los requisitos para seguir funcionando.

“No ejercimos ninguna influencia. Lo que hicimos fue prestar la oreja. No conocía ni vagamente a ninguno de los dos. Fueron cruces circunstanciales por un vínculo personal, no político”, concluyó el ex legislador macrista.

El futuro de la clínica

El futuro del Centro de Salud Norte está pendiente hoy de resolución. En el acta confeccionada el martes 26 de mayo tras la última inspección sanitaria, la Regional VIII de PAMI y el Ministerio de Salud Bonaerense dejaron por escrito que se habían “subsanado” una serie infracciones detectadas en la clínica. También detallaron el cumplimiento del protocolo de COVID-19, y afirmaron que “el personal cuenta con elementos de protección acordes.”

Con la firma de Daniela Puig, del Departamento de Inspecciones Sanitarias del Ministerio bonaerense, de la auditora del PAMI Cristina Márquez y del epidemiólogo Marcelo Regner de la Regional Sanitaria V, el acta concluye que “las condiciones de seguridad e higiene eran muy buenas”.

Ante la consulta de este medio, voceros de la cartera que conduce Daniel Gollán -quien se reunió en su momento personalmente con la jueza Arroyo Salgado en su Juzgado por este tema- afirmaron que “en lo que respecta a la competencia del Ministerio de Salud de la Provincia, la clínica está en condiciones de reabrir, tal como establece esa acta. Ahora depende de la Justicia”.

El apoderado de la clínica y abogado de Pinzetta y Teitelbaum, Diego Olmedo, aseguró a Infobae que “se cumplió el protocolo de COVID-19 desde el momento en que se conoció el primer caso”, por el resultado positivo del test post mortem practicado a la hermana de Carlos Cellini, el denunciante de la causa.

En cambio, en el informe fechado al día siguiente, el 27 de mayo, firmado por el secretario de Salud de Vicente López, Fernando Trejo, se enumeran varias deficiencias. Por ejemplo, figura que “el traslado de pacientes febriles se efectuaría por la sala de espera de pacientes ambulatorios lo cual no se ajusta a los protocolos vigentes”. También que “el área de terapia intensiva debería contar con un área aislada para atención de pacientes COVID-19 positivos y otra para pacientes con distintas patologías no sospechosas”.

En otra acta de la Secretaría de Fiscalización y Control del Municipio fechada el mismo día de la inspección, se enumeran “riesgos eléctricos”, “deficiencias en el manejo de residuos”, “faltas de higiene y control en cocina y habitáculos”, falta del certificado de “mantención de ascensores”, mampostería en mal estado, pérdidas en el sistema cloacal y falta del libro de inspección, entre otras observaciones.

Por este motivo, el Municipio que conduce Jorge Macri dispuso el viernes mantenerla inhabilitada. “No es una clausura desde el punto de vista sanitario, ya que no tenemos autoridad para hacerla, sino desde el punto de vista comercial y edilicio”, explicaron fuentes del Municipio. En el acta de clausura se menciona, además de las irregularidades anteriores, que “no se verifica control físico de plagas”, “alimentos mezclados con productos químicos en depósito” y “falta de certificado físico-químico y bacteriológico del agua de consumo”. Según explicaron, la medida de clausura “no tiene plazo” y para levantarla, la clínica “tiene que cumplir reglamentariamente con todo lo que se observó”.

La clínica cuenta desde el inicio del trámite municipal en 2005 con una habilitación “provisoria”.El expediente se inició durante la gestión del radical Enrique “Japonés” García, y fue aprobado por “vía de excepción” por el Concejo Deliberante local, según surge de la ordenanza municipal 21452/05. Desde el Municipio de Vicente López explicaron que “las habilitaciones aprobadas por el Concejo siempre son provisorias – y no definitivas como las que otorga el Ejecutivo local–, intransferibles y revocables”. Desde entonces el Centro de Salud Norte siguió funcionando y siguió siendo prestador de PAMI, pese a los numerosos comentarios negativos sobre la calidad de su atención que pueden leerse de familiares y pacientes en las redes sociales.

Cuando Arroyo Salgado dispuso la clausura preventiva e intervención médica de la clínica, se generó una disputa solapada entre la cartera sanitaria bonaerense y el municipio que maneja el primo del ex presidente Macri, por quién debía intervenir en la fiscalización sanitaria y disponer el cierre preventivo del nosocomio. Desde la intendencia negaban tener poder de policía para hacerlo, y voceros del Ministerio de Salud le dijeron varias veces a este medio que la actuación médica estaba fuera de su supervisión, y que su responsabilidad era establecer protocolos de funcionamiento y la habilitación sanitaria.

Las indagatorias

Las indagatorias de los tres imputados se extendieron durante todo el día de ayer hasta las pasada la 1 de la madrugada. Estaba previsto que arrancaron a la mañana, pero comenzaron después del mediodía. Los tres declararon. “Describieron como ocurrió paso por paso el caso Cellini. Explicaron cómo se siguieron los protocolos y negaron cualquier asociación ilícita. Presentaron un informe de médico legista sobre cómo evolucionaron los protocolos desde el 5 de marzo en adelante y cómo se aplicaron en la clínica. Explicaron la contratación del infectólogo Bonvehi (del Cemic) y cada conversación telefónica mal interpretada, y capciosamente transcripta. Incluso en algunos casos mal transcriptas. Pero entiendo que el Juzgado y Fiscalía ya tienen posición tomada”, le dijo Olmedo a Infobae.

Primero declaró Bellusci, quien estuvo muy dubitativa en un comienzo. Además del delito de “propagación dolosa” del coronavirus, a Bellusci y a otro médico del Centro de Salud Norte -cuyo nombre preserva Infobae ya que no fue detenido- el fiscal también les imputó el presunto homicidio culposo de Cellini. Esta jubilada ingresó con una infección urinaria el 8 de marzo y el 29 de ese mismo mes empezó con un cuadro respiratorio y febril, pese a lo cual nunca fue hisopada. El certificado de defunción emitido por la clínica consignó “paro cardíaco, shock refractario e insuficiencia respiratoria”.

La acusación se basó en lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense -que determinó que la mujer murió por “neumopatía-coronavirus”, los síntomas descritos por su hermano, y las enfermeras, más los que figuraban su historia clínica . Estos elemento lo llevaron a Domínguez a sostener “con una probabilidad rayana en la certeza que la ausencia de un diagnóstico y tratamiento adecuado derivó en fallas orgánicas que produjeron la muerte o elevaron considerablemente el riesgo que derivó en dicho resultado".

Luego, declaró Teitelbaum, quien hizo una primera exposición y siguió los lineamientos de los abogados. Finalmente, a las 20:15, ingresó al Juzgado de Arroyo Salgado Pinzetta, cuya declaración terminó pasada la 1 am del domingo.

Los motivos de la detención

Para resolver la detención del director y la coordinadora médica y el empresario, Arroyo Salgado tuvo en cuenta el pedido de fiscal de “impedir que se continúen desarrollando acciones de entorpecimiento contra la investigación en curso”. Asimismo, la jueza consideró el testimonio de testigos que, bajo identidad reservada por miedo a perder su trabajo, manifestaron haber sido amenazados si hablaban.

Según pudo determinar el fiscal Domínguez, a partir del fallecimiento de Cellini, los responsables médicos de la clínica Pinzetta y Bellusci estuvieron en contacto telefónico con Teitelbaum, y “lejos de procurar una solución a los problemas de protección en materia de salud, estuvieron mayormente preocupados por salvaguardar su responsabilidad y complicar el cumplimiento de los requerimientos efectuados” por la jueza. Y menciona, por ejemplo, “la adulteración de historias clínicas de las personas que morían en la clínica” o la convocatoria a"conocidos médicos para aparentar solidez ante el inminente procedimiento judicial”.

“No solo no existió conducta alguna para evitar la propagación tal como lo demanda la emergencia sanitaria en curso, sino que peor aún, las conductas desplegadas, en efecto, incrementaron exponencialmente el riesgo de que la enfermedad se propague”, sostuvo el fiscal al solicitar las detenciones y allanamientos de sus domicilios.

Entre las conductas que les imputó, figuran: “Brindar un servicio de malas condiciones de higiene y seguridad sanitaria; prohibir a los empleados utilizar medias de protección sanitaria; no entregar a los empleados y familiares de pacientes los elementos de bioseguridad adecuados; ocultar, manipular y conservar cadáveres positivos de Covid-19 de manera inadecuada; obligar a concurrir a la clínica al personal catalogado como sospechoso Covid-19; ocultar a la autoridad sanitaria la verdadera razón del fallecimiento del pacientes. Todo esto conociendo que estas conductas tenían alta probabilidad de derivar en la propagación de una enfermedad peligrosa para la salud”. Sobre la motivación, sostuvo que “por la prueba colectada se presume la maximización de la ganancia de la institución, reduciendo los costos de funcionamiento” como "la hipótesis mas firme”.

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