La Justicia avanza sobre las graves denuncias realizadas contra el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté

Los detectives, peritos y funcionarios judiciales tocaron el timbre una, dos, tres veces. Los moradores tardaban en abrir. Como el resto de sus vecinos del barrio porteño de Villa Crespo, observaron primero con curiosidad, después con asombro, la manera en que una camioneta, autos oscuros y patrulleros se posicionaban a metros de la construcción de dos plantas.

A la cabeza del pelotón se ubicaba María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato. La acompañaban personal de la Subdelegación de Investigaciones en función Judicial Tigre y oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo momento otros dos allanamientos se realizaban en el marco de una misma causa judicial: otra vivienda, ubicada en Vicente López y la Municipalidad de Pilar, que por entonces -era el de octubre de 2018- estaba conducida por Nicolás Ducoté (Cambiemos).

Semanas antes, a la fiscal se le había asignado una denuncia en la que se sostenía que el intendente, violando las normativas, había contratado de manera directa y por 1.169.000 pesos a la Asociación Civil “Creando Familia y Futuro”, con el objeto de llevar adelante un observatorio de políticas sociales municipales, según se describe en el decreto 2.686, firmado por Ducoté el 18 de julio de 2017.

Los funcionarios habían llegado hasta esa dirección porque el inmueble figuraba como domicilio fiscal de la ONG beneficiada con la adjudicación directa. A simple vista, ni el mobiliario, ni los interlocutores parecían tener compatibilidad con el objetivo de la diligencia dispuesta por la misma fiscal que encabezaba el procedimiento. Un cuarto de hora después, se retiraron con las manos vacías. Allí no había papeles, documentación, asientos contables, facturación, actas constitutivas, ni mucho menos empleados que estuviesen relacionados con la organización no gubernamental que presidía Edgardo Jalil. La pareja, que estaba al margen de aquel alboroto, no habían visto un millón de pesos juntos en toda su vida, eran artistas callejeros que se ponían una nariz roja, pantalones anchos y zapatos de payasos para hacer malabarismos con clavas y pelotas en las esquinas porteñas para gana el sustento diario.

Mientras regresaban a sus despachos los funcionarios judiciales ya habían recibido por teléfono el resultado del segundo allanamiento en la casa de Vicente López. El resultado no sorprendió. Allí tampoco funcionaba la ONG contratada por la intendencia de Pilar, como lo aseguraba las facturas y remitos adosados en la incompleta rendición de cuentas que ante el Consejo Deliberante local se presentó a pedido de la oposición, en un intento por justificar la erogación.

Es más, allí la casa estaba vacía y los curiosos que se acercaron aseveraron que nadie conocía a la Asociación Civil “Creando Familia y Futuro" de “Cartón" Jalil.

Si bien hasta ese momento el presidente de la ONG era un ilustre desconocido para los investigadores, no lo era para Ducoté ni para los funcionarios que habían decidido “saltear” la licitación pública.

El hombre, que durante la crisis de 2001 salió a cartonear y juntar papeles por las calles, en 2006 creó, junto a un grupo de colaboradores en Benavídez, Tigre, la cooperativa Creando Conciencia, que se dedica a la recolección y reciclado de residuos. Unos años después, ya con 40 integrantes, consiguió ingresar a los countries, barrios cerrados -como Nordelta-, clubes de campo y empresas para hacerse cargo de los residuos.

El gran salto lo dio con la llegada de Cambiemos a la casa Rosada y a la provincia de Buenos Aires cuando Creando Conciencia fue seleccionada, por los ministerios de Producción -por entonces a cargo de Francisco “Pancho” Cabrera- y de Desarrollo Social -al mando de Carolina Stanley- junto a otras cooperativas para ser una de las “incubadora de proyectos de reciclado de materiales”. La tarea se debía realizar en varios puntos de la provincia gobernada por María Eugenia Vidal entre ellos la Zona Norte.

El allanamiento realizado en la Municipalidad de Pilar ese caluroso 24 de octubre, tampoco fue alentador. Los peritos fueron directamente al sector que había solicitado los trabajos que debía realizar “Creando Familia y Futuro”, que, en el momento que se realizó la contratación directa se llamaba Secretaría de Desarrollo Social, pero que al momento del operativo policial y cuando se desarrollaron los echos investigados era la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano que por entoces estaba a cargo de Fabián Ferro, la tercera persona investigada en la causa junto al intendente y al titular de la “ONG fantasma”.

La documentación secuestrada era muy pobre. No era porque no supiesen buscar, sino porque había poco y nada que sustentara la urgencia de una contratación directa, la composición de la asociación civil, las constancias de pagos y los trabajos realizados. Entre el puñado de papeles estaba el decreto que disponía la necesidad que terceros, ajenos a las áreas competentes de la propia administración municipal realizaran: empadronamiento de beneficiarios; desarrollo de plataforma de gestión; elaboración de informes de políticas sociales y demográficas de Pilar y apoyo a la gestión de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano.

La fiscal Toso ya había enviado oficios a la AFIP, la la Inspección General de Justicia, y entre otros al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires , entre otros organismos para averiguar por qué razón Ducoté decidió: realizar un proceso de contratación directa y no una licitación; si el monto abonado a la ONG de “Cartón” Jalil ($1.169.000) era el precio de mercado; si contablemente estaba todo en orden; la fecha de inscripción en la AFIP, la constitución de la Asociación Civil; es decir toda la documentación respaldatoria.

Pero lo enviado por los organismos no alcanzaba para realizar un peritaje contable correcto para evaluar si desde la municipalidad de Pilar se había realizado o no una maniobra defraudatoria. A esa altura solo se sabía que la administración Ducoté no había presentado al Consejo Deliberante toda la docuentación respaldatoria solicitada, por ejemplo, por la ahora ex concejal María Paula González de Unión Ciudadana, e integrante del bloque Frente Pilarense.

Como justificativos de pagos a la ONG la intendencia había presentado en la rendición de cuentas dos facturas por montos de $334. 446, 40 y $445.755,20. Los remitos, de manera respectiva, tenían los números 001-0001 y 001-0002, es decir que solo le habían facturado a la municipalidad de Pilar. El dato llama la atención. Pero no es el único.

La entidad, si bien se creó en el año 2014, se registró el 4 de julio de 2016, fecha en que la municipalidad elabora el proyecto a través del cual contrata a la asociación Civil, y según la AFIP, el inicio de actividad es del año 2017, fecha en que comienza a facturarle a la administración Ducoté.

Ante la falta de documentación, y dado que la intendencia no aportó ningún expediente que respalde esa decisión administrativa, la fiscal Toso decidió los tres allanamientos y el posterior envío de esos registros a los peritos contables quienes debía dar una fecha para el inicio de la actividad para que cada una de las partes nombrase a sus propios expertos. Y en eso estaban hasta que el COVID-19 irrumpió en el país y la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, congeló el trabajo de los peritos que aún no habían iniciado.

Justamente la causa no tiene hasta ahora imputados por esa razón, la fiscalia espera, como corresponde, el dictamen contable para decidir a quienes llama a declaración indagatoria. El primer apuntado es el ex intendente Ducoté, quien, hasta ahora, no supo explicarle, al menos a los vecinos de Pilar, por que decidió, en 2016, contratar a la ONG del “Cartón” Jalil por $1.169.000 que, al cambio de entonces, equivalían a 66.000 dólares ya que la divisa norteamericana cotizaba a $17,70.

La denuncia contra Ducoté

La denuncia por la presunta malversación de caudales públicos contra el ex alcalde de Pilar fue realizado por la concejal María Paula González. Fue llamada a ratificar la denuncia por la fiscal Toso en el marco de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) número 14-05-353-18. Lo hizo durante cuatro largas horas en la cual explicó lo que ella entendía se trataba de una maniobra fraudulenta en la cual se había malversado el dinero de los contribuyentes de Pilar.

Como lo había realizado en el escrito inicial, la entonces edil sostuvo que durante la rendición de cuentas de 2017, año en el que el Poder Ejecutivo local debe justificar los gastos del año anterior, advirtió la injustificada contratación directa en beneficio de la ignota “Asociación Civil Creando Futuro y Familia”. También sostuvo que le llamó la atención que la ONG no era de la localidad, ni se le conocía trayectoria alguna. También afirmó que los profesionales que trabajaron en el terreno, le habían facturado a la entidad $10.000 por una única vez.

“A partir de diferentes investigaciones se constató que se trató de una contratación directa y que la ONG cobró 1.169.000 pesos para la supuesta realización de un observatorio municipal de política social que tendría como objetivo generar datos y estadísticas del área para desde ahí poder implementar nuevas políticas de desarrollo social. Pero nadie sabe nada de la ONG, ni del observatorio”, sostuvo González en el escrito que impulso el expediente, los allanamientos y las últimas medidas tomadas por la UFI que investiga a Ducoté.

El escándalo por la “ONG fantasma” no es la única causa que avanza en la justicia con la mira puesta en la ex administración de Pilar. Son varias y allí se cuestionan, por ejemplo, la distrubución de cientos de millones de pesos destinados a la realización de obras.

Dos de esas causas estan encaminadas, ya no en el fuero provincial, sino federal. Se trata de los expedientes caratulados:

Causa Peruzzotti: “NN S/ MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS” FSM 48528/2019. Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, Secretaría Penal Nº 3. Allí Se denuncia la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación. Por este expediente la Municipalidad fue allanada el 21 de mayo de 2019.

Causa Monterrey: “NN S/ AVERIGUACIÓN DE DELITO”. FSM 55794/2019. Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, Secretaría Penal Nº 3. En ese caso se investigan irregularidades en la ejecución de obras financiadas por un convenio con Nación. Se trata de un programa del Ministerio del Interior para invertir en el barrio Monterrey que según la denuncia “no dejó mayores rastros pese a que se licitó la mayor parte de los 140 millones asignados”.

En ese caso la empresa beneficiada fue la UTE Servicios de Gestión S.A, integrada por Alpin negocios S.A. y Vialme S.A. El expediente está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay; y del fiscal de instrucción José Bringas, que deberán investigar además si hay un faltante de casi 10 millones, que surge del dinero ejecutado en 2017 y el presupuestado en 2018.

Como en la causa de la fiscal Toso, aquí también se esperan las conclusiones de los peritajes contables, pero también el resultado de las inspecciones sobre las obras realizadas y los supuestos faltantes.

No fueron las únicas veces que los empleados municipales vieron a la policía revolver cajones, cajas y escritorios. El 6 de septiembre del año pasado las instalaciones municipales fueron allanadas por otra causa. Esta vez por la entrega de más de 8 mil microcréditos durante la campaña del 2017. En el marco de esa misma investigación, el 17 de octubre del mismo año, también se requisó una quinta de Del Viso. Los detectives encontraron fotocopias de documentos de identidad y descubrieron que agentes locales custodiaban la propiedad. En este caso, el juez González Charvay si la administración Ducoté entregaba microcréditos por votos.

En este caso el magistrado sigue investigando si los montos de los microcreditos, otorgados a través del programa Mejor Hogar, llegaba o no a los beneficiarios.

Como se ve, de prosperar las investigaciones, el ex alcalde de Pilar deberá pisar varias veces los tribunales para defenderse de las acusaciones de posibles actos de corrupción que pesan sobre su administración.

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